Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0063/2026-S1 Sucre, 02 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 51818-2022-104-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 176 de 14 de noviembre de 2022, cursante de fs. 868 a 871, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Julio Nacif Hiza contra Roberto Willy Villaroel Vedia, Juez Agroambiental de Montero del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante por memoriales presentados el 27 de octubre y 7 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 391 a 397; y, 401 y vta., manifestó lo siguiente.
I.1.1. Hechos que motivan la acción
La Empresa Unión Agroindustrial de Cañeros Sociedad Anónima "UNAGRO S.A." -ahora tercera interesada- inició un proceso ejecutivo en su contra, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; no obstante, por Auto de Vista 35/2020 de 20 de marzo, los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, declararon probada la excepción de incompetencia planteada por su persona y anularon obrados hasta la Sentencia Inicial Monitoria Ejecutiva 89 de 9 de febrero de 2018, debiendo las partes procesales acudir a la jurisdicción agroambiental.
En ese sentido, mediante Oficio 1157/2021 de 8 de octubre, el Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, remitió el proceso ejecutivo mencionado ante el Juez ahora accionado.
Es así que, mediante decreto de 21 -siendo lo correcto 28- de octubre de 2021, el Juez hoy accionado dispuso: "Téngase por radicada esta causa con noticia de las partes apersonadas y sea los fines legales pertinentes" (sic); instrucción que fue cumplida por el Oficial de Diligencias del Juzgado Agroambiental de Montero del departamento de Santa Cruz, dado que solamente se notificó a la parte ejecutante; de tal forma que, la misma se apersonó ratificando la demanda, aparejando poder de representación e indicando que el adeudo hasta el 31 de diciembre de 2021 ascendía a la suma de $us72 508.79.- (setenta y dos mil quinientos ocho 79/100 dólares estadounidenses), procediendo a emitirse la Sentencia Inicial 02/2022 de 5 de abril, intimando a su persona al pago de dicha suma.
De manera extraoficial, anoticiado por una retención de fondos de sus cuentas bancarias, conoció que la Empresa "UNAGRO S.A.", ahora tercera interesada, inició proceso ejecutivo en su contra, ante el Juzgado Agroambiental de Montero del departamento de Santa Cruz; de tal manera que, a tiempo de apersonarse al mismo, formuló incidente de nulidad de obrados y excepciones. Manifiesta que, luego de realizadas las notificaciones con el incidente y las excepciones planteadas y las contestaciones efectuadas por la parte ejecutante, el Juez hoy accionado, señaló audiencia para resolver las mismas para el 17 de junio de 2022.
Así en audiencia, luego de las fundamentaciones correspondientes, el Juez ahora accionado, mediante Auto Interlocutorio 30/2022 de 17 de junio, ordenó la nulidad de obrados salvando la notificación efectuada a la Empresa UNAGRO S.A. hoy tercera interesada; y señaló lo siguiente: "aclarando que, por lógica consecuencia, la excepción anulándose obrados hasta el vicio más antiguo se tiene por también anulado todo lo obrados con posterioridad debiendo sin esperar el rol de turno y una vez cumplida con la notificación hecha conforme a procedimiento, ingresar a despacho de manera inmediata a efectos de pronunciarse con la sentencia que corresponda estando ya por notificada ambas partes a efectos de que puedan pronunciarse a lo dispuesto en esta audiencia" (sic); por tal motivo, en la vía de complementación solicitó que se levante la retención de fondos; puesto que, al anularse obrados, quedó sin efecto la Sentencia Inicial Monitoria Ejecutiva 89; en la cual, entre otros puntos, se ordenó lo referido.
Sin embargo, el Juez ahora accionado señaló que, "habiéndose dispuesto la nulidad de decreto de 22 de febrero de 2021 este no impide que los actos posteriores dictados y habida cuenta que se ha dispuesto de que una vez notificada la parte demandada con la radicatoria, se ingresa a despacho de oficio inmediatamente, se dispone no ha lugar a lo solicitado..." (sic); manteniendo arbitrariamente y sin fundamento, la retención de fondos al no contar con una sentencia inicial en derecho.
Manifiesta que, habiendo formulado el recurso de apelación en contra de la complementación observada en dicha audiencia, el Juez hoy accionado señaló que, "CON LA ACLARACIÓN TAMBIÉN DE QUE EN ESTA MATERIA POR EL PRINCIPIO DE HIPERSALTUM NO EXISTE LA APELACIÓN" (sic); tendiéndose de ello, que no existe recurso ulterior que permita reparación de la arbitrariedad cometida; razón por la que, acude a la jurisdicción constitucional.
Finalmente indica que, mediante memoriales presentados el 1 de julio y el 3 de agosto de 2022, solicitó que se levanten las retenciones de fondos ordenadas; empero, no obtuvo respuesta alguna; y hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no se emitió una nueva sentencia inicial; por lo que, dichos fondos continúan ilegalmente retenidos.
I.1.2. Derecho, garantía y principios supuestamente vulnerados
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; así como al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 14.III, 109, 115, 119.II, 178 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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