Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0063/2026-S3 Sucre, 2 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 81481-2026-163-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 18/2026 de 27 de enero, cursante de fs. 409 a 414, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Norha Huanca Mamani en representación de su hijo AA contra Sussel Márquez Moreno, Yván Córdova Castillo e Isaías Jorge Vargas Chambi, ex Vocales y Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Leónidas Víctor Soria Rojas, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 6 y 13 de octubre de 2025, cursantes de fs. 223 a 237 vta., y 243 a 247, respectivamente, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 16 de febrero de 2024, el personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de Viacha, acudió al Hospital Corea de la ciudad de EL Alto del departamento de La Paz, donde se encontraba un infante de un mes de edad, que estaba herido y recibía atención médica en la sala de emergencias. En la revisión externa, no se evidenciaron lesiones externas, ni surco equimótico, ni lesiones en el cuello, aunque se observó un medicamento aplicado por dermatitis; informando la pediatra de turno que el diagnóstico era asfixia por compresión probable, dermatitis en el cuello y axilas, disfunción familiar y madre adolescente.
Con ese antecedente, el Ministerio Público imputó al adolescente AA por la comisión del delito de infanticidio en grado de tentativa; razón por el que fue aprehendido, para posteriormente, imprimirse a la ligera el trámite correspondiente de imputación formal; y en la audiencia de medidas cautelares seguida de salida alternativa de terminación anticipada, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo del El Alto del departamento de La Paz, convalidó lo solicitado por la autoridad fiscal, violentando sus derechos y garantías constitucionales al debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa, legalidad de la prueba, a ser asistido por un traductor o intérprete, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; toda vez que, no verificó el cauce regular de los documentos que dieron pie a la salida alternativa de terminación anticipada. Para reparar los vicios señalados, el 17 de octubre de 2024, -el ahora accionante- presentó un incidente de actividad procesal defectuosa por concurrir defectos absolutos; pronunciándose el Auto Interlocutorio 368/2024 de 5 de noviembre, por la que el Juez demandado, declaró infundada su pretensión, motivando la presentación de recurso de apelación, que fue declarado improcedente mediante Auto de Vista 02/2025 de 17 de febrero, emitido por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Asimismo, el accionante señaló que ambos fallos lesionaron sus derechos y garantías constitucionales al debido proceso, en su vertiente motivación, congruencia y el principio de legalidad procesal; en el caso del Juez demandado, al dictar el Auto Interlocutorio 368/2024, admitió y tramitó de manera irregular la salida alternativa porque no verificó la participación y el consentimiento expreso del representante del adolescente encausado; porque por un lado, el memorial de solicitud de salida alternativa presentado por el Ministerio Público fue únicamente firmado por él siendo menor de edad, y por otro lado, en el acuerdo -documento base- de la salida alternativa no se advierte la participación y consentimiento de la representante del incapaz de obrar como señalan los arts. 5.I.1 del Código Civil (CC) y 194.I del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), previsión legal que guarda relación con el art. 4 del CC, que regula la capacidad de ejercicio; esa omisión, despojó al adolescente del amparo protector que exige la norma, viciando de nulidad absoluta el procedimiento materializado por el Juez a quo y lesionando el principio de legalidad procesal establecido por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
El Juez de primera instancia, inobservando la capacidad restringida del adolescente, dio valor jurídico a la firma y consentimiento del menor como si fuese plenamente capaz para celebrar actos jurídicos, contraviniendo el art. 4 del CC, que restringe su capacidad para celebrar actos jurídicos sin asistencia de su representante; de esa forma, se incurrió en una falsa presunción de consentimiento válido que afecta la tutela judicial efectiva y el principio de protección integral con asistencia de personal especializado reconocido por el art. 60 de la CPE.
Igualmente, existe ausencia de motivación material e inmediación como fue acusado en el incidente de nulidad planteado, en el que se señaló que la audiencia de terminación anticipada se había plasmado sin su comparecencia y la de su representante, salvo el abogado proporcionado como defensa por el Ministerio Público; a dicho cuestionamiento, el Juez a quo no proporcionó respuesta alguna -ausencia de motivación-; de igual forma, en la audiencia se incumplió el requisito esencial previsto por el art. 308.III del CNNA, ya que el Juez demandado no preguntó a su representante si aceptaba el requerimiento del Ministerio Público, si reconocía los hechos, la autoría y su responsabilidad penal sobre el mismo, contrariando los principios de inmediación y la garantía de defensa material; igualmente, fue vulnerado el art. 308.IV del CNNA, ya que el Juez a quo aumentó indebidamente la medida socio educativa de tres a cuatro años excediendo lo solicitado formalmente por el Fiscal de Materia.
Por su parte, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, omitió verificar que el acuerdo base de la salida alternativa carecía de la participación del representante, tanto en el memorial de solicitud como en el supuesto acuerdo y/o documento base de tal medida, soslayando de ese modo la capacidad restringida del adolescente conforme los arts. 4 del CC y 194.I del CNNA, ya que al abordar el agravio referido al memorial de solicitud de terminación anticipada y el acuerdo de aceptación de salida alternativa, sostuvo de manera infundada que tales actos, estarían conforme a derecho al contar con la firma de la progenitora del menor; sin embargo, ello no se verifica en obrados, toda vez que, ambos documentos fueron suscritos únicamente por el adolescente incapaz de obrar, sin representación alguna.
Consiguientemente, el Tribunal de alzada se limitó a reproducir los fundamentos del Juez a quo, sin explicar cómo tales actos podrían ser válidos a la luz del ordenamiento jurídico, omitiendo analizar el aspecto central del agravio que es la nulidad de un acto jurídico suscrito por un menor sin asistencia legal; esa falta de razonamiento constituye una motivación arbitraria e insuficiente que vulnera al debido proceso y la tutela judicial efectiva, pues no fueron justificados los argumentos jurídicos para la validez de los actos cuestionados.
En relación con el agravio referido a la presunta presencia del menor y su madre en la audiencia del 16 de agosto de 2024, el Tribunal de apelación basó su decisión únicamente en un informe de Secretaría, sin prueba objetiva ni registro audiovisual que demuestre tal concurrencia o participación efectiva; ello, revela una deficiencia en la constatación fáctica y una motivación aparente, pues se asumió como cierto un hecho no acreditado; tampoco se demostró que el acto hubiera sido traducido para la madre ni que el adolescente haya intervenido activamente; en consecuencia, se vulneraron la inmediación, la defensa material y el debido proceso al no verificarse la presencia real de los sujetos procesales ni su participación en la audiencia.
Respecto al agravio relativo al incumplimiento del art. 308.III y IV del CNNA, el Tribunal de apelación omitió pronunciarse sobre el fondo, porque no explicó si el Juez de primera instancia cumplió con su deber de preguntar personalmente al adolescente sobre la aceptación del hecho atribuido, ni si el incremento de la medida socio educativa de tres a cuatro años, era jurídicamente válido; en su lugar, se limitó a sostener que las partes no formularon observaciones, invocando erróneamente la preclusión, cuando esta no opera en la formación inmediata del vicio, tal razonamiento carece de congruencia y motivación suficiente.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente motivación, congruencia y al principio de legalidad procesal citando al efecto los arts. 115.II y 180.I de la CPE. I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 02/2025 de 17 de febrero, emitida por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, se les ordene la emisión de una nueva resolución fundamentada, motivada y congruente.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 27 de enero de 2026, según consta en acta cursante de fs. 405 a 408 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente el contenido de su acción tutelar.
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