Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 18 de diciembre de 2019
SALA PLENA Magistrada disidente: MSc. Georgina Amusquivar Moller
Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 22752-2018-46-CCJ Departamento: La Paz
Partes: Conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Francisco Mamani Yauli, Paulino Apaza Jáuregui y Lucía Mamani Tinta de Hilario, autoridades del Consejo Amawtico de Justicia (JACH'A KAMACHINAK APNAQERI AMAWT'ANAKA) del Ayllu Indígena Originario Chuñavi de la Provincia Los Andes; y, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta, ambos del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA
La suscrita magistrada, no comparte la decisión adoptada en la , que resolvió declarara COMPETENTE a la jurisdicción indígena Originaria Campesina para los hechos que derivaron en la denuncia interpuesta por Inocencio Alí Mamani y Otros contra Natalio Munguía Mamani, Leonardo Moya Mamani, Fabián Hilarión Flores, Constantino Hilario Mamani, Paulino Apaza Jáuregui, Antonio Hilario Mamani, Víctor Cananeo Mamani Moya, Angelino Hilarión Flores, Mario Pérez Moya, Simón Moisés Hilario Mamani, Pablo Alí Mamani, Venancio Mamani Hilari y Francisco Mamani Yuli por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa, disponiendo que sea asumida la competencia por una autoridad diferente a las involucradas en los hechos o controversia suscitada, a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad en su conocimiento y resolución; por lo que en conformidad a lo dispuesto por el art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), en el plazo legal establecido, emite su voto disidente bajo los siguientes argumentos jurídico constitucionales.
En todo caso, considera que se debió declarar competente a la jurisdicción penal ordinaria, bajo los siguientes fundamentos:
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL VOTO
El conflicto de competencias jurisdiccionales en análisis, fue promovido por Francisco Mamani Yuli, Paulino Apaza Jáuregui y Lucía Mamani Tinta de Hilario, quienes son ex y actuales autoridades indígena originaria campesinas del "Consejo Amawtico de Justicia (Jach'a Kamachinak Apnaqeri Amawt'anaka)" del "Ayllu Indígena Originario Chuñavi" en contra de la Jueza Cuarta de Instrucción Penal Cuarta, dentro del proceso penal seguido por Inocencio Alí Mamani, Félix Tinta Mamani, Pedro Apaza Moya, Saturnino Juan Mayta Quispe, Basilio Apaza Moya y otros, quienes son integrantes de la "Comunidad Indígena Originaria Chuñavi", organizada bajo la modalidad de sindicato campesino, presuntamente por haber incurrido en la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa, proceso penal en el que las ex y actuales autoridades del "Ayllu Chuñavi", solicitan se les declare competente para conocer y juzgar el señalado proceso penal del caso de autos.
La , alegando que concurren los tres ámbitos de vigencia dispuesto por el art. 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional para el ejercicio de la jurisdicción indígena originario campesina, resolvió: "Declarar COMPETENTE a la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina para conocer los hechos que derivaron en la denuncia interpuesta por Inocencio Alí Mamani y otros contra Natalio Munguía Mamani, Leonardo Moya Mamani, Fabián Hilarión Flores, Constantino Hilarión Mamani, Paulino Apaza Jáuregui, Antonio Hilario Mamani, Víctor Cananeo Mamani Moya, Angelino Hilarión Flores, Mario Pérez Moya, Simón Moisés Hilario Mamani, Pablo Alí Mamani, Venancio Mamani Hilari y Francisco Mamani Yuli, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa, conforme a los fundamentos jurídico-constitucionales expresados en el presente fallo constitucional; debiendo ser asumida esta competencia por una autoridad diferente a las involucradas en los hechos o controversia suscitada, a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad en su conocimiento y resolución".
Posición que no comparto; por cuanto considero que debió declararse competente a la Jueza de Instrucción Penal Cautelar Cuarta del departamento de La Paz para conocer el proceso penal referido anteriormente.
En consecuencia, a efectos de una mejor comprensión, los ejes temáticos sobre los que se desarrollará la presente disidencia son los siguientes:
II.1. Sobre el pluralismo jurídico
El art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que Bolivia se funda, entre otros valores y principios, en el pluralismo jurídico. Constitucionalmente, la función judicial es única, pero se ejerce a través de las diferentes jurisdicciones, entre ellas figuran la jurisdicción ordinaria ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; y, la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) se ejerce por sus propias autoridades.
Conforme determina el art. 179.II de la Norma Suprema, la jurisdicción ordinaria y la JIOC gozan de igual jerarquía; consiguientemente, el sistema jurídico de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos se aplica en igualdad jerárquica a otros sistemas jurídicos reconocidos constitucionalmente en el Estado Plurinacional de Bolivia.
En ese sentido, la , citando la , expresó: "La constitucionalización en Bolivia de un Estado de Derecho nucleado en torno a los derechos fundamentales supone que este país entra definitivamente en el siglo XXI con instituciones de su tiempo, 'el tiempo de los derechos', y que incorpora, a partir de valores, principios e instituciones propias, los mecanismos del constitucionalismo moderno, caracterizado por su 'dimensión expansiva' y que incluye, entre otros elementos, la asignación del valor normativo directo de la misma Constitución Política del Estado.
El Constitucionalismo en nuestro país, por tanto viene a caracterizarse por la inclusión de valores, principios y derechos fundamentales a los que la actuación ordinaria del legislativo también ha de ajustarse sin más remedio.
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