Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0065/2019-CA Sucre, 9 de abril de 2019
Expediente: 28202-2019-57-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución Ministerial (RM) 174 de 20 de marzo de 2019, cursante de fs. 1 a 63, pronunciada por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, por la que rechazó promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Alex Roger Zuñiga Miranda en representación de PREVISIÓN BBVA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA (BBVA Previsión S.A.) demandando la inconstitucionalidad de los arts. 56, 57, 60 y 62 de la Resolución Administrativa (RA) SPVS-IP 038-2002 de 14 de enero; 73.I y II de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; 63.I del Reglamento del Sistema de Regulación Financiera (SIREFI) -Decreto Supremo (DS) 27175 de 15 de septiembre de 2003-; 142 del DS 24469 de 17 de enero de 1997 y 149 inc. v) de la Ley de Pensiones (LP) -Ley 065 de 10 de septiembre de 2010-; y, el artículo primero de la RA APS/DJ/DI 1000/2018 de 2 de agosto, por presuntamente ser contrarios a los arts. 109.II, 115.II, 116.II, 120.1, 178.II y 232 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 12 de marzo de 2019, cursante de fs. 72 a 96 vta., la empresa accionante señala que las normas aplicadas al caso son anteriores a la actual Constitución Política del Estado, existiendo inconstitucionalidad sobrevenida; puntualizando que los arts. 56, 57, 60 y 62 de la RA SPVS-IP 038-2002 vulneran el principio de reserva legal y la garantía de legalidad sancionadora, al instituir un régimen sancionador en una norma infra legal, así el art. 109.II de la CPE se constituye en una reserva legal, que implica que solo el Órgano Legislativo es competente para emitir leyes que desarrollen los derechos o garantías previstos en la Norma Suprema y a su vez de imponer sus límites, evitando que otros órganos del Estado intenten regular derechos o garantías que solo pueden estar previstos por ley. Los arts. 109.II y 116.II de la CPE disponen que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible, lo que constituye un auténtico derecho para no ser condenado o sancionado por acciones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, por lo que solo la ley en sentido formal es fuente sancionadora en materia de derecho administrativo.
Los arts. 56, 57, 60 y 62 de la RA SPVS-IP 038-2002 dejan al arbitrio del ente regulador -Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS)- la determinación de las conductas ilícitas, sin tener una base legal compatible con el actual mandato constitucional, pues fueron aprobados en virtud a un respaldo legal anterior al marco constitucional, que consentía que la regulación de los regímenes sancionadores en materia administrativa estuviese en una norma de rango legal como en normas infra legales, por lo que los mencionados preceptos contradicen los art. 109 y 116 de la CPE, permitiendo inferir que las funciones de los Órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables, más si se considera el art.12.III de la Norma Suprema, por lo que no es posible mantener vigente por la vía del reglamento un régimen sancionador.
El art. 60 de la RA SPVS-IP 038-2002, afecta el art. 56 de la CPE, en total desconocimiento del principio de reserva legal -art. 109.II de la Norma Suprema-, y vulnera también la garantía al debido proceso en sus componentes de legalidad y juez natural, al restringir la propiedad privada -derecho patrimonial- sin respaldo en un acto jurisdiccional, lo que hace que sea inconstitucional conforme a lo previsto en los art. 115.II y 120.I de la CPE.
Los arts. 73.I y II de la LPA y 63.I del Reglamento del SIREFI contienen una previsión genérica para determinar la responsabilidad de los administrados ante la posible contravención de normas sectoriales que rigen a la actividad administrativa, sin que exista una descripción de las conductas infractoras, desconociendo los mandatos constitucionales que consagran el principio de reserva legal y garantía de legalidad sancionadora que permite proteger a los administrados de no ser juzgados por quien tipifica las conductas infractoras e impone las sanciones respectivas, por lo que ni los arts. 109.II y 116.II de la CPE permiten inferir la posibilidad de que el Órgano Legislativo delegue a la Administración pública la facultad de emitir normas que configuren conductas reprimibles o definan infracciones para establecer sanciones a imponerse bajo el actual orden constitucional.
El art. 410.II de la CPE obliga a la administración pública a no aplicar normas que sean contrarias al orden constitucional, lo que no sucede en el caso puesto que la RA 1580-2018 sostiene la legalidad de los arts. 73.I y II de la LPA, 63.I del Reglamento SIREFI.
La frase "con el cuidado exigible a un buen padre de familia" contenida en los arts. 142 del DS 24469 y 149 inc. v) de la LP, fue usada como respaldo de la Resolución Sancionadora y por ende de la RA 1580-2018, deduciendo conductas infractoras de BBVA Previsión S.A. como consecuencia de las operaciones de compra de bonos y cupones fragmentados, sin considerar que esa frase contraviene la garantía del debido proceso en su componente de legalidad, tipicidad, taxatividad y el principio de seguridad jurídica, al ser una determinación genérica y abstracta que deja al libre arbitrio y subjetividad del ente regulador la tipificación de la conducta de los administrados, prevista en los arts. 115.II, 116.II y 232 de la CPE.
La previsión normativa contenida en el artículo primero de la Resolución Sancionatoria establece una sanción a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), donde la APS tipifica conductas infractoras respecto a normas meramente prescriptivas, por ende el mencionado artículo impone una norma individualizada vulnerando la garantía de legalidad sancionadora (tipicidad y taxatividad) al tipificar infracciones normas que no lo prescriben. La garantía mencionada protege al ciudadano de no ser sancionado si es que la tipificación de las conductas consideradas como infractores y las sanciones para cada una de esas infracciones no se encuentran establecidas en una norma con rango de ley y que dicha norma haya sido emitida con anterioridad a la conducta sancionable.
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