Texto del fallo
Sintesis del caso
De acuerdo a la problemática planteada, se suscita conflicto de competencias entre la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera y Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz y Freddy Tallacagua Llojlla, Ejecutivo; Teresa Choquehuanca de Lipa, Secretaria Agropecuaria; Mario Chachahuayna Condori, Secretario de Justicia; Simón Kelca Paucara, Secretario de Transportes y Sonia Ticona Nina, Secretaria de Organización Sindical, todos en representación del Comité Ejecutivo Cantonal de la Capital Achacachi, provincia Omasuyos del mismo departamento. Por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar y doméstica. Habiendo el Tribunal Constitucional Plurinacional declarado competente a la Jurisdicción IOC, por concurrencia de los ámbitos de vigencia, personal, territorial y material
Sintesis de la ratio decidendi
En su FJ.III.3.3. El fallo declara competente a la JIOC, bajo el razonamiento que concurren los ámbitos de vigencia, personal y territorial, y respecto al ámbito de vigencia material, los hechos acusados referidos a violencia intrafamiliar o doméstica, no se encuentran vetados del conocimiento de la JIOC, por el art. 10.II. a) de la Ley de Deslinde Jurisdiccional; por lo que, también se cumple el ámbito material.
Extracto de la ratio decidendi
FJ.III.3.3. "(...) ii) Ámbito de vigencia material. Circunscrito el objeto del conflicto competencial, como es determinar cuál es la autoridad competente para conocer y resolver este caso en particular, se evidencia que la Jueza cuya competencia se cuestiona, sostiene que el 14 de junio de 2017 se remitió la acusación fiscal y el 9 de agosto de 2017 se presentó acusación particular por parte de Dorotea Chuquimia Vda. de Aruquipa en contra de Toribio Aruquipa Miranda y Ramiro Aruquipa Gutiérrez, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica, robo agravado y privación de libertad, previstos en los arts. 272 bis y 292 del CP, por hechos acaecidos el 24 de agosto de 2016. Sobre este tema en particular, la Ley de Deslinde Jurisdiccional en su art. 10.II inc. a), determina que la JIOC, en materia penal no alcanza a los siguientes delitos: '(…) los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio'. Del contenido del precitado artículo, se concluye que los delitos por los cuales están siendo procesados penalmente los acusados no se encuentran vetados del conocimiento de la JIOC, por lo que también se cumple el ámbito material; más aún, si se considera que de acuerdo a los hechos investigados en la jurisdicción ordinaria, éstos versan sobre la convivencia aparentemente conflictiva entre miembros de una familia que habitan la misma comunidad y que se vinculan a la tenencia de predios en ese territorio, lo que confirma la concurrencia de este elemento de vigencia de la jurisdicción IOC. (…)”.
Precedentes
Precedente implícito: "Del contenido del precitado artículo, se concluye que los delitos por los cuales están siendo procesados penalmente los acusados no se encuentran vetados del conocimiento de la JIOC, por lo que también se cumple el ámbito material; más aún, si se considera que de acuerdo a los hechos investigados en la jurisdicción ordinaria, éstos versan sobre la convivencia aparentemente conflictiva entre miembros de una familia que habitan la misma comunidad y que se vinculan a la tenencia de predios en ese territorio, lo que confirma la concurrencia de este elemento de vigencia de la jurisdicción IOC. (…)”.
Titulacion jurisprudencial
Respecto al ámbito de vigencia material, los hechos acusados referidos a violencia intrafamiliar o doméstica, no se encuentran vetados del conocimiento de la JIOC, por el art. 10.II. a) de la Ley de Deslinde Jurisdiccional; por lo que, también se cumple el ámbito material, correspondiendo la competencia a la JIOC
Contextualizacion de la linea jurisprudencial
Respecto a la contextualización de línea jurisprudencial referida a conflictos de competencias interjurisdiccioneles entre la jurisdicción ordinaria penal y la jurisdicción IOC, la primera sentencia que aborda un conflicto de competencias con la referida temática, es la , que respecto a dicha temática se constituye en sentencia FUNDADORA, estableciendo que: respecto al “ámbito de vigencia material” los hechos que dieron lugar a las denuncias ante la jurisdicción penal por violencia doméstica ya fueron resueltos con anterioridad por la jurisdicción IOC, concurriendo dicho ámbito de vigencia. Entendimiento confirmado entre otras por la SCP 0065/2019 de 18 de diciembre, que declaró competente a la jurisdicción IOC para conocer dicha problemática, al considerar que además de los ámbitos de vigencia territorial y personal, concurre el ámbito de vigencia material, al conocerse los hecho de violencia intrafamiliar por el sistema jurídico IOC; siendo sin embargo, que en tal caso se generaron votos disidentes en sentido que: se debió declarar competente a la jurisdicción ordinaria penal, conforme a los fundamentos jurídicos, en especial la Recomendación General 33 del CEDAW, que recomienda que los Estados aseguren que las mujeres puedan elegir, con un consentimiento informado, la ley y los tribunales judiciales aplicables en los que preferirían que se tramitaran sus reclamaciones, aspecto que debe ser coordinado previamente entre jurisdicciones, en un marco de diálogo constructivo de coordinación plural interjurisdiccional.
Voto disidente
En la resolución de la causa, se generaron votos disidentes en sentido que: se debió declarar competente a la jurisdicción ordinaria penal, conforme a los fundamentos jurídicos, en especial la Recomendación General 33 del CEDAW, que recomienda que los Estados aseguren que las mujeres puedan elegir, con un consentimiento informado, la ley y los tribunales judiciales aplicables en los que preferirían que se tramitaran sus reclamaciones, aspecto que debe ser coordinado previamente entre jurisdicciones, en un marco de diálogo constructivo de coordinación plural interjurisdiccional.
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0065/2019 Sucre, 18 de diciembre de 2019
SALA PLENA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Conflicto de competencias jurisdiccionales
Expediente: 24503-2018-50-CCJ Departamento: La Paz
En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Freddy Tallacagua Llojlla, Ejecutivo; Teresa Choquehuanca de Lipa, Secretaria Agropecuaria; Mario Chachahuayna Condori, Secretario de Justicia; Simón Kelca Paucara, Secretario de Transportes; y Sonia Ticona Nina, Secretaria de Organización Sindical, todos del Comité Ejecutivo Cantonal de la Capital Achacachi, Provincia Omasuyos del departamento de la Paz; y, Gaby Elizabeth Carvajal Ortiz, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera y Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Alegaciones de la Autoridad Indígena Originaria Campesina
Por nota de 13 de mayo de 2018, cursante de fs. 461 a 462 vta., los miembros del Comité Ejecutivo Cantonal de la Capital Achacachi, sostienen que asumieron conocimiento del proceso penal que se ventila en el Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar y doméstica, que se tramita contra Toribio Aruquipa Miranda y otro; caso que se encuentra signado con el número 211/2016.
Sin embargo, sostienen que dicha problemática ya fue conocida y resuelta por las Autoridades de la "Comunidad de Morocollo", en el marco de sus normas y procedimientos propios, amparados en la Constitución Política del Estado y la Ley de Deslinde Jurisdiccional, además de convenios internacionales de protección de derechos de los pueblos indígenas; por lo que ante el conocimiento de los actos suscitados el 24 de agosto de 2016, las precitadas autoridades originarias determinaron sancionar con la privación de sus terrenos y la expulsión de la comunidad de Morocollo a los agresores, Toribio Aruquipa y otro, alegando que dichas sanciones se encuentran actualmente en proceso de ejecución.
Afirman que en la comunidad de Morocollo, las autoridades originarias tienen la facultad de administrar su propia justicia, lo que implica que no corresponde que otras instancias jurisdiccionales puedan revisar hechos ya procesados y sancionados por su jurisdicción, ya que las sanciones impuestas en su comunidad tienen el mismo valor que las emergentes de la jurisdicción ordinaria; de modo que seguir otro proceso en contra de los ya sentenciados, implicaría que se estaría cometiendo una doble persecución; por lo que solicita que la prenombrada Jueza se aparte del referido caso, declinando su competencia.
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