0066/2022-S1

1. a)$us500.- (quinientos dólares estadounidenses) de los primeros cinco meses de gracia, computado desde el 22 de junio de 2012 al 22 de noviembre de 2014;

1. b)3% de intereses mensuales computados desde el 22 de noviembre de 2012 al 22 de igual mes de 2014; y,
2. c)3% de intereses mensuales computados desde el 22 de noviembre de 2014 al 22 del citado mes de 2016.

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:

1. 1)La nulidad del Auto de Vista REG/S.CII/AINT.084/20.07.2020; y,
2. 2)Que los Vocales ahora demandados, emitan nuevo fallo, conforme a la doctrina legal aplicable.

Juan Edgar Balderrama Balderrama, Presidente y Pio Gualberto Peredo Claros, Vocal ambos de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante informe escrito de 5 de febrero de 2021, cursante de fs. 81 a 85, solicitaron se deniegue la tutela, señalando que:

1. i)El Auto de Vista impugnado a través de la presente acción tutelar, contiene la fundamentación correspondiente apoyado en normativa; la descripción de plazos fue realizada de manera cuidadosa y explicada de forma entendible. La jurisdicción constitucional no constituye una nueva instancia para revisar la actividad interpretativa realizada por los tribunales ordinarios de justicia;
2. ii)El peticionante de tutela no señaló cuáles serían los defectos puntuales del Auto de Vista objeto de la presente acción de amparo constitucional, y cómo los mismos hubieran decantado en la lesión de sus derechos constitucionales, limitándose a realizar una transcripción descriptiva de diversos fallos, sin precisar de manera clara y concreta los actos que considera vulneratorios de sus derechos;
3. iii)En el Auto de Vista cuestionado, se encuentra respaldado constitucionalmente y explicado de manera precisa en cuanto a que la acreedora del ahora accionante, interrumpió de manera oportuna el cómputo de plazos para evitar se opere la prescripción exigida por el prenombrado;
4. iv)Sobre el hecho que sus autoridades habrían confundido los términos de prescripción liberatoria con la prescripción bienal; el peticionante de tutela, no señala cuál sería el intervalo de tiempo incorrectamente computado a tiempo de atender su solicitud de prescripción;
5. v)El accionante denuncia que no se absolvieron todos los puntos de agravio en su recurso de apelación; sin embargo, no señala cuales serían los agravios no atendidos u omitidos. En el caso de ser evidente, pudo oportunamente solicitar su subsanación a través de una solicitud de complementación y enmienda; y,
6. vi)Sobre la prueba presuntamente no valorada u omitida en el Auto de Vista ahora impugnado; el peticionante de tutela, no indica a cuál prueba refiere, cuando la prueba analizada por sus autoridades, en el fallo antes referido, fue el contrato privado de préstamo de dinero de 22 de junio de 2012 -título ejecutivo-, donde se analizó cuidadosamente la cláusula segunda para determinar la improcedencia de la prescripción; lo pretendido por el antes nombrado es que se valore en sede constitucional, prueba que ya fue valorada en la jurisdicción ordinaria, olvidando que la valoración de la prueba es una labor propia de la justicia ordinaria.

Hilda Mustafa de Wiess, en audiencia a través de su abogada, solicitó se deniegue la tutela, con costas, daños y perjuicios, bajo los siguientes argumentos:

1. a)Se adhiere a los argumentos expuestos por las autoridades demandadas. Sostuvo que en ningún momento, ni en la Resolución impugnada y menos en el Auto de Vista ahora cuestionado, se confundió entre prescripción bienal y extintiva. Al contrario en la indicada resolución se realizó un adecuado análisis de los presupuestos, naturaleza y aplicación de la figura legal de la prescripción bienal. El peticionante de tutela pretende la aplicación aislada del art. 1509 del CC, así como la no aplicación del art. 1503, relativo a la interrupción de la prescripción; y,
2. b)El accionante no indicó de qué manera debió interpretarse el artículo antes mencionado, o el error de interpretación o fundamentación en la que habrían incurrido las autoridades demandadas. Utiliza la vía constitucional como una vía o recurso más de revisión de las determinaciones de la jurisdicción ordinaria.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mediante Resolución AAC-024/2021 de 5 de febrero, cursante de fs. 88 a 93, denegó la tutela impetrada, sobre la base de los siguientes argumentos:

1. 1)El peticionante de tutela no estableció de qué manera las autoridades demandadas hubieren lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia; solo se limitó a referir a la ratio decidendi de la SCP 0947/2017-S3, pretendiendo su aplicación como doctrina legal aplicable, cuando esta se constituye en una interpretación realizada por un Tribunal casacional a una problemática en concreto, en función de un análisis doctrinal, jurisprudencial y normativo al caso en concreto, a objeto que las autoridades jurisdiccionales apliquen ese entendimiento a casos análogos;
2. 2)Sobre la indebida valoración de la prueba, el accionante no estableció de qué manera las autoridades demandadas la hubieren valorado de manera arbitraria o equivocadamente, o hubieren omitido valorar algún elemento probatorio; y,
3. 3)En cuanto a la denuncia de incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico por las autoridades demandadas quienes habrían confundido dos figuras legales relativas a la prescripción; al respecto, dichas autoridades en el subtítulo Fundamentos Jurídicos del Fallo en el Considerando II del Auto de Vista REG/S.CII/AINT.084/20.07.2020, desarrollan de manera amplia y concreta la problemática, en función a doctrina legal y jurisprudencia; en el punto II.2 se respondió al agravio en concreto planteado por el accionante, en relación al Auto Interlocutorio de 2 de agosto de 2017, al efecto, realizaron un análisis integral de la normativa relativa a la prescripción bienal. De tal manera que las autoridades demandadas no incurrieron en omisión de motivación ni fundamentación en la determinación asumida.

II.5. Por memorial presentado el 17 de agosto de 2017, el ahora peticionante de tutela interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 2 del mismo mes y año, refiriendo los siguientes agravios:

1. i)Total falta de probidad al confundir erróneamente la prescripción extintiva o liberatoria del derecho del proceso ejecutivo que tiene calidad de cosa juzgada, con la prescripción bienal de intereses. Indicando que se cometió prevaricato flagrante por la autoridad judicial al desestimar su excepción de prescripción de intereses aplicando el art. 1503 del CC, bajo el fundamento erróneo que la prescripción se interrumpió con la notificación del proceso ejecutivo y por los actos procesales. Indicó que con la prescripción bienal, no se pretende la prescripción extintiva o liberatoria del derecho del proceso ejecutivo, sino solo de los intereses. El Auto apelado es contrario a la ley porque desconoce los arts. 1512; y, 1513 del citado Código, que expresamente dispone que la prescripción corre desde el vencimiento de cada periodo y los derechos sujetos a prescripciones breves y sobre los cuales se obtuvo sentencia de condena de cosa juzgada prescriben, por una sola vez, en el término para estas prescripciones;
2. ii)Error al utilizar jurisprudencia adecuada a la prescripción extintiva o liberatoria del derecho. El Juez a quo transcribió partes del Auto Supremo 232/2016 de 15 de marzo, pero no tomó en cuenta que el caso no es análogo, porque se trata de un contrato de cumplimiento de contrato; y,
3. iii)Se equivocaron al negar la posibilidad de plantear la excepción de prescripción bienal de intereses en ejecución de sentencia. Confunde el Juez de primera instancia, la prescripción bienal de intereses, con la excepción de prescripción extintiva o liberatoria del derecho o con las excepciones del proceso ejecutivo que deben plantearse en la primera actuación. La prescripción bienal de intereses, es una institución de orden público que responde a la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones jurídicas, disipando las incertidumbres que fueron generadas por la autoridad judicial al tramitar un proceso ejecutivo en más de tres años (fs. 29 a 30 vta.).

II.6. Cursa Auto de Vista REG/S.CII/AINT.084/20.07.2020 de 20 de julio, pronunciado por Juan Edgar Balderrama Balderrama, Presidente y Pio Gualberto Peredo Claros, Vocal, ambos de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, autoridades ahora demandadas, CONFIRMANDO el Auto apelado, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Sobre la prescripción. Los Autos Supremos 220/2012⁷; 435/2013⁵; 172/2014⁹; y, 69/2017 determinaron que la prescripción extinta o liberatoria, se llama así por ser una de las formas de extinción de las obligaciones, y tiene su fundamento en el interés público de dar certeza a las relaciones jurídicas, de tal modo que un derecho subjetivo que no se ejercita por un determinado tiempo, crea la convicción de que aquel fue abandonado por su titular, así el art. 1492 del CC, estableció que los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no lo ejerce durante el tiempo que la ley establece. Para surtir efecto extintivo del derecho debe transcurrir el tiempo determinado por Ley, unido a la inactividad del titular, ante el incumplimiento de la obligación y la ausencia de reconocimiento del derecho por parte del deudor, conforme establecen los arts. 1492; y, 1493; y,
2. b)Sobre la apelación contra el Auto Interlocutorio de 2 de agosto de 2017. Hizo referencia al art. 1509 inc. 2) del referido Código, también aludió al doctrinario Ronald Martín Baldivieso Flores, que señaló: "...en el caso de los contratos de préstamo de dinero con intereses, si se ha estipulado en el contrato que el monto de dinero otorgado en préstamo con un porcentaje determinado como interés convencional y es por el plazo por decir de cinco años, al término del cual debe pagarse tanto el capital como el interés acumulado, la prescripción bienal del pago de los intereses empieza a correr vencido el plazo de los cinco años, junto al monto otorgado en préstamo..." (sic). Afirmó que de acuerdo al art. 1503.I. del CC, la citación y/o notificación con las actuaciones judiciales interrumpen la prescripción, borrando retroactivamente todo el plazo transcurrido. En ese sentido, conforme al documento privado de préstamo de 22 de junio de 2012, en su cláusula segunda establece que: "El plazo que se otorga para la devolución del monto de dinero será 5 meses, computables a partir de la suscripción del documento, tiempo durante el cual se pagará un interés total de $us500.-, en caso de que el deudor no devolviese el monto de la deuda, deberá pagar un interés del tres por ciento mensual (3%) desde el vencimiento de la deuda, será hasta el día 10 de diciembre de 2012" (sic); no se puede pretender realizar el cómputo de la prescripción bienal respecto al interés de la suma de $us500.-, desde la suscripción del documento como pretende el ejecutado; toda vez que, las partes se obligaron a cancelar la deuda en el lapso de cinco meses, hasta el 22 de noviembre de 2012, aspecto por el cual el instituto jurídico de la prescripción bienal de intereses se computará a partir del 22 de noviembre de 2014; lo mismo ocurre con la prescripción bienal, respecto al interés del 3% mensual -de acuerdo a la doctrina, como la normativa sustantiva civil-, y las partes determinaron previamente, que se cancelará al cumplimiento de la deuda; vale decir, desde el 10 de diciembre de 2012 -fecha clara y precisa-, de cuya fecha recién empezaría a correr el plazo de los dos años, venciendo el mismo el 10 de diciembre de 2014; empero, al haber sido debidamente citado el ejecutado con la demanda ejecutiva el 21 de julio del citado año, conforme se advierte de la diligencia a fs. 10, se interrumpió la prescripción; y, concluyó que los hechos reclamados por el apelante no se adecuan a ningún criterio de vulneración, ya que para la procedencia de la prescripción bienal se debe computar desde el vencimiento de la deuda, en ese entendido los dos años de gracia de los $us500.- y el interés convencional deben computarse desde el 22 de noviembre y 10 de diciembre de 2012, respectivamente; empero, al haberse citado al ejecutado el 21 de julio de 2014, se interrumpió el cómputo del plazo para la prescripción bienal, transcurriendo aproximadamente un año y ocho meses para el interés de gracia y un año con seis meses y once días para el interés convencional; asimismo, para el interés del 3% mensual de las gestiones 2014 al 2016, únicamente transcurrió un año y siete meses (fs. 42 a 44 vta.).

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación, así como en su elemento congruencia y al principio de verdad material; toda vez que, las autoridades ahora demandadas al pronunciar el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.084/20.07.2020, confirmaron el Auto Interlocutorio de 2 de agosto de 2017; por el cual, el a quo desestimó la excepción de prescripción bienal de intereses:

1. 1)Sin responder de forma motivada a todos los agravios formulados en su recurso de apelación, resolviendo de forma distinta a lo peticionado;
2. 2)Lesionaron el derecho a la valoración razonable de la prueba y al principio de verdad material; y,
3. 3)Incurrieron en una errónea interpretación de la prescripción bienal de intereses, al sostener que esta, se interrumpe con la notificación de una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo y no computar el término establecido en el art. 1509 inc. 2) del CC, sobre montos e intereses, contenidos en el documento base de ejecución. Por lo que, solicita:
4. i)La nulidad del Auto de Vista mencionado; y,
5. ii)Que los Vocales ahora demandados, emitan un nuevo fallo, conforme a la doctrina legal aplicable.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos:

1. a)El debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia;
2. b)La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional;
3. c)Sobre la interpretación de la legalidad ordinaria; y,
4. d)Análisis del caso en concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. 1)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. 3)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. 4)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. 5)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-6.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. i)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. ii)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. iii)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. iv)Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre15, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades:

1. 1)No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2. 2)No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,
3. 3)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.