Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0067/2019-CA Sucre, 9 de abril de 2019
Expediente: 24898-2018-50-RTG Recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales Departamento: La Paz
El recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales interpuesto por Ángel Peña Almaraz, representante legal de la Empresa Constructora CIDAL Limitada (LTDA.) contra Luis Antonio Revilla Herrero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, demandando la inaplicabilidad del art. 4.IV del Reglamento de la Ley Municipal Autonómica del Descuento al Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles -Ley Municipal Autonómica 275 de 15 de diciembre de 2017-, aprobado mediante Decreto Municipal 003/2018 de 19 de febrero.
I. ANTECEDENTES DEL RECURSO
I.1. Antecedentes
Por memorial presentado el 30 de julio de 2018, cursante de fs. 50 a 61 vta., la empresa recurrente manifestó que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz emitió la Ley Municipal Autonómica 170 de 15 de marzo de 2016, cuyo art. 1 estableció una tabla de valores y fórmulas de cálculo para la valoración de la propiedad inmueble a los efectos de la aplicación del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI), generando que la base imponible de los inmuebles se eleve aproximadamente tres veces más, para limitar esta situación se aprobó una nueva escala impositiva a través de la Ley Municipal Autonómica 171 de 16 de igual mes y año, cuya aplicabilidad generó la declaratoria de su inconstitucionalidad; debido a ello y al mantenerse vigente las tablas de valores de terrenos y construcciones aprobadas mediante la referida Ley Municipal Autonómica 170, fue dictada la Ley Municipal Autonómica 275 disponiendo en su Artículo Único: "Se establece el descuento proporcional con la finalidad de garantizar que el monto del IMPBI no se vea incrementado en relación a la gestión vencida por efecto de la , el mismo que entrará en vigencia a partir de la reglamentación de la presente Ley Municipal Autonómica".
En atención a este precepto normativo, mediante Decreto Municipal 003/2018 se aprobó el Reglamento de la Ley Municipal Autonómica 275 del Descuento al IMPBI, cuyo art. 4.IV señala: "No se encuentran sujetos a este descuento las personas jurídicas obligadas a llevar estados financieros, cuya liquidación del IMPBI se halle determinada en base a sus valores en libros o aquellos inmuebles cuya determinación del IMPBI se halle sujeta a auto avalúos realizados por sus titulares". Ante lo cual, la Empresa recurrente interpone el presente recurso, considerando que este precepto excluye de los descuentos impositivos a personas jurídicas obligadas a llevar estados financieros, cuya liquidación se halla determinada en base a valores en libros o cuando se halle sujeta a auto avalúos realizados por sus titulares, situación que determina la lesión de los principios tributarios constitucionales vigentes.
Es decir que, para el caso de empresas, éstas se sujetaran a la presentación anual de sus estados financieros, que deben contener la valuación de los bienes que integran sus activos fijos y presentar un formulario otorgado por la administración municipal tributaria para la liquidación del IMPBI, resultando que la base estará dada por tablas cuando las empresas no estén obligadas a llevar sus registros contables, en el que presentarán anualmente una declaración jurada. Señala que su acción, no cuestiona el valor de los libros al cual se le asigna el valor del inmueble, sino la alícuota que se aplica a dicho valor, ya que el valor de los libros debe tenerse presente para la aplicación del descuento proporcional fijado por la Ley Municipal Autonómica 275, debido a que, dicho valor se actualiza periódicamente con la norma contable que obliga a considerar el valor actualizado acorde a las Unidades de Fomento a la Vivienda; no justificándose por ello la exclusión de las empresas y personas jurídicas obligadas a llevar estados financieros que consignan en los mismos los valores de los inmuebles.
I.2. Argumentos jurídicos del recurso
Alega que, los tributos que rigen dentro del Estado Plurinacional de Bolivia deben sujetarse a los principios previstos por el art. 323 de la Constitución Política del Estado (CPE), y en esa circunstancia cita como base de su recurso los siguientes fundamentos:
- a)Principio de capacidad económica o contributiva, señalando al respecto que el art. 108.7 de la Ley Fundamental está referido al deber de tributar en proporción a la capacidad económica, manifestando respeto a este principio que cumple tres funciones, de fundamento de la tributación, del límite para el legislador en su poder tributario, y de orientador para el legislador en el uso de su poder indicando sobre ello, que lo óptimo es que cada tributo a tiempo de ser legislado contenga parámetros de medición con respecto a la capacidad contributiva de los contribuyentes, evitando el establecimiento de beneficios fiscales que puedan reputarse como privilegios, garantizando que no haya un trato discriminatorio injustificado; y,
- b)El principio de igualdad debe ser analizado en un sentido jurídico, como la paridad de posiciones ya que los contribuyentes se encuentran en igualdad de circunstancias; y desde un sentido económico como la capacidad constitutiva de cada uno, aspecto considerado por los arts. 14.II y 323 de la Norma Suprema; por lo cual, todos debemos pagar tributos pero según la capacidad económica, debiendo introducirse la regla de progresividad; por otra parte, señaló aspectos referidos a la igualdad en la ley e igualdad ante la ley, citando el art. 14 de la CPE y las , y . Después de estas citas y a efectos de comprender el artículo constitucional indica que existe una flagrante discriminación contra las personas jurídicas a las que se les impide el acceso a un beneficio tributario otorgado a todos los demás contribuyentes, distinguiéndolos y excluyéndolos para afectar su patrimonio, solo por su condición económica, social, su condición de persona jurídica y ocupación, ya que la norma discrimina las personas jurídicas debido a su condición económica y social en relación a personas naturales respecto del mismo tributo.
Discriminación que se materializa en el Decreto Municipal 003/2018, el cual es un Reglamento, y por tal, no cumple con el requisito de legalidad, ya que, por mandato del art. 109.II de la Norma Suprema, sólo la ley puede regular derechos; la discriminación efectuada por solo ser personas jurídicas no es una justificación conforme a la Constitución Política del Estado para generar un trato jurídico diferente en materia tributaria; menciona también que no existe racionalidad en el trato diferenciado; finalmente indica la necesidad de proporcionalidad, que no se ponga en desventaja a un sector, que la solución contra la desigualdad evidente no genere una circunstancia de nueva desigualdad; pues en esta situación la realidad de la empresa CIDAL LTDA. frente a constructores o empresas unipersonales será que ellas tendrán menor disminución patrimonial por sus obligaciones tributarias del mismo rubro; asimismo, indica que deben de aplicarse los principios de proporcionalidad y progresividad como mecanismos idóneos que permitan adaptar las tasas (alícuotas) a las bases de cálculo buscando la equidad tributaria, atribuyéndoles a los contribuyentes las respectivas cargas tributarias en forma justa, dentro de los márgenes de imposición adaptadas a las reales posibilidades de sacrificio patrimonial de los contribuyentes; y que tratándose de un impuesto patrimonial el valor del inmueble se constituye en el hecho revelador de la capacidad contributiva y no así que la persona sea natural o jurídica, cuando el art. 4.IV del Decreto Municipal 003/2018 determina que dicho descuento no es para personas jurídicas dichos principios se derrumban en contra de la Ley Fundamental, debido a que representan para el excluido un trato discriminatorio injustificado que atenta contra sus intereses; por lo cual, el Decreto Municipal 003/2018 es un Reglamento elaborado por una instancia administrativa o ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y no por el Consejo Municipal que es el titular de la facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal, ante lo cual, no cuenta con la potestad tributaria entendida como instancia legislativa idónea para dictar leyes tributarias y no reglamentos en cuya virtud no se puede invadir el área de reserva de ley, conforme al principio de legalidad.
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