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TCP

0068/2019-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de marzo de 2019SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0068/2019-S3

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0068/2019-S3 Sucre, 15 de marzo de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Acción de libertad

Expediente: 26369-2018-53-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 014/2018 de 25 de octubre, cursante de fs. 67 a 73, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alex Parijahua Villca en representación sin mandato de René Aldo Padilla Blas contra Víctor Luis Guaqui Condori, Ana María Villa Gómez Oña, Adán Willy Arias Aguilar, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de octubre de 2018, cursante de fs. 29 a 43, el accionante a través de su representante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue imputado formalmente por la presunta comisión del delito de estafa y en audiencia de aplicación de medidas cautelares mediante Auto Interlocutorio 425/2018 de 10 de septiembre, el Juez demandado dispuso su detención preventiva sin ninguna fundamentación al momento de establecer el hecho, la autoría, así como la concurrencia del riesgo procesal del art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que en el mismo acto procesal impugnó dicha determinación, llevándose a cabo la audiencia de apelación incidental el 3 de octubre de 2018, en la que los Vocales codemandados, si bien revocaron en parte la resolución apelada, resolvieron mantener la extrema medida a través del Auto de Vista 327/2018 de 12 del mismo mes, vulnerando su derecho a la libertad.

Se lesionaron sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como de los principios de legalidad y presunción de inocencia; toda vez que, tanto los Vocales como el Juez codemandados, al dictar el Auto de Vista 327/2018 y el Auto Interlocutorio 425/2018 respectivamente, incurrieron en falta de fundamentación y motivación pues:

  1. a)No determinaron con claridad cuándo, dónde y cómo se realizó el hecho delictivo para establecer su autoría en el delito imputado, así como tampoco la concurrencia del riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, respecto del cual no individualizaron al sujeto que debía prestar su declaración informativa en calidad de testigo o perito y fueron más allá de lo establecido en la resolución de imputación formal, vulnerando el art. 279 del precitado Código;
  2. b)No se pronunciaron sobre los puntos de agravio, no valoraron la prueba y le obligaron a fundamentar la necesidad de estar en libertad, vulnerando el derecho de presunción de inocencia; y,
  3. c)Han incumplido las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física o personal, de la detención preventiva y del principio de legalidad, así como con la carga argumentativa y probatoria; y, la prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones.

El Auto Interlocutorio 425/2018, no cumple con la exigencia de que el hecho sobre el cual se discute la medida cautelar esté definido o delimitado y dé respuesta a qué, cómo, cuándo, dónde y quién cometió el delito imputado para definir su participación, ya que los fundamentos desordenados y sin coherencia de dicho Auto -según el cual se tendría por acreditada la autoría-, no permiten entender dichos aspectos. Sobre los peligros procesales previstos en los arts. 234.1, 2 y 10; y, 235.1 y 2 del CPP, el Juez "cautelar" basado en meras presunciones consideró que no era suficiente el certificado de trabajo que presentó, cuando debe asumir absoluta convicción para establecer su concurrencia y no fundarse en meras suposiciones, dicha autoridad afirmó también que puede influir sobre los testigos y peritos pero no indicó de qué manera, con lo que vulneró su derecho a la presunción de inocencia; y finalmente, no fundamentó la necesidad de aplicar la medida extrema de la detención preventiva, siendo desproporcional e incongruente su decisión "...al establecer primero que solo se trata de daños patrimoniales y no daños corporales o de libertades sexuales no existe peligro efectivo..." (sic), pero impone dicha medida, transgrediendo así su derecho a la libertad.

El Auto de Vista 327/2018, pronunciado por los Vocales codemandados, que revocó en parte el Auto Interlocutorio apelado fundamentando que ya no subsisten los numerales 1 y 2 del art. 234 del CPP, manteniendo firme la detención preventiva al concurrir el numeral 2 del art. 235 del indicado Código, incurre en falta de fundamentación vulnerando el derecho al debido proceso y los principios de legalidad y presunción de inocencia; por cuanto, dichas autoridades:

  1. 1)Manifestaron que conforme al principio de potestad reglada se encuentran relevadas del juicio de proporcionalidad, afirmación que está fuera del marco legal, más aún cuando se trata de decidir la libertad de una persona;
  2. 2)No se pronunciaron sobre el cuarto agravio denunciado en apelación referido a que la resolución apelada era lesiva, incongruente y desproporcional;
  3. 3)En el primer agravio expuesto -de falta de fundamentación del a quo para establecer su autoría-, "...ingresaron en un aspecto inadecuado de la causa..." (sic);
  4. 4)Emitieron su resolución con argumentos subjetivos basados en suposiciones pues argumentaron que "'...no es evidente que el juez a quo no hubiera designado fechas conforme a la naturaleza del ilícito...'" (sic), cuando en la resolución de instancia no existen fechas para establecer el día de la consumación del delito endilgado;
  5. 5)Afirman que "'...en esta fase seria en la etapa en la cual se hizo incurrir en error a la víctima...'" (sic), pero no explicaron cuál sería el error fáctico para el caso concreto;
  6. 6)Se refirieron a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y a la doctrina aplicable respecto del "negocio criminalizado", pero no citan el número de la resolución constitucional que utilizan ni especifican la doctrina en la que se basan;
  7. 7)No argumentaron por qué razón no se valoró las pruebas aportadas en alzada, siendo su deber pronunciarse sobre cada una de ellas efectuando una valoración sistemática, ya que el Tribunal de apelación se constituye "...en un juzgador de medidas cautelares por extensión..." (sic);
  8. 8)No fundamentaron la concurrencia del riego procesal del art. 235.2 del CPP y no especifican los nombres y apellidos de quienes -dicen- están obligados a declarar, ni en qué calidad deben hacerlo, permitiendo además que el Juez "cautelar" se aparte de los términos de la imputación formal ya que el Ministerio Público no pidió esas declaraciones; exigieron al imputado que fundamente la necesidad de su libertad, transgrediendo el principio de presunción de inocencia;
  9. 9)No fundamentaron la necesidad de mantener la detención preventiva al concurrir un solo riesgo procesal a sabiendas que han sido enervados en su totalidad los previstos en el art. 234 del CPP; y,
  10. 10)El Tribunal de alzada se limitó a ratificar la determinación del inferior que adolecía de graves defectos, cuando tenían que expresar sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, lo que en su caso no aconteció.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

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