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TCP

0069/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
5 de marzo de 2026
Resumen del caso

Auto 0069/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0069/2026-CA Sucre, 5 de marzo de 2026

Expediente: 81839-2026-164-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Chuquisaca

En consulta la Resolución 141 de 19 de febrero de 2026, cursante de fs. 206 a 208 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Noveno del departamento de Chuquisaca, por la que resolvió rechazar la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta, interpuesta por Iveliz San Martín Crespo en representación de Jaime Luis Peredo Azurduy, demandando la inconstitucionalidad del art. 379.1 y 2 del Código Procesal Civil (CPC) -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-, por ser presuntamente contrario a los arts. 178.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 9 de febrero de 2026, cursante de fs. 200 a 205 vta., dentro del proceso ejecutivo, seguido por Fabiola Shamira Angélica Campos Torres contra Cesar David Peredo Azurduy, el accionante a través de su representante, refiere tener la calidad de tercero interesado, por cuanto resultaría afectado en su patrimonio por embargo y eventual remate del inmueble en copropiedad y proindiviso. Asimismo, señaló que, no fue notificado con ninguna actuación procesal desde la demanda, sentencia inicial, sentencia definitiva -aun no ejecutoriada- ni con el avaluó pericial de la totalidad del predio, realizada como medida previa para el remate antes de dictarse sentencia. En consecuencia, no pudo ejercer su derecho a la impugnación vulnerando también la seguridad jurídica.

Interpone acción de inconstitucionalidad concreta contra el art. 379.1 y 2 de CPC, argumentando que dicha disposición, impide que en las cláusulas de garantía, se establezcan garantías reales que permitan que la resolución que recaiga sobre los bienes no cause perjuicio o detrimento a los intereses patrimoniales de terceros. Además, sostiene que no se prevé que se afecte derechos patrimoniales adquiridos por terceros ajenos a la obligación perseguida al ejecutado. En el caso, refiere que, se otorgó una garantía hipotecaria de acciones y derechos de una copropiedad en lo proindiviso, suprimiendo los derechos de los copropietarios.

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