Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0070/2020-S1 Sucre, 16 de julio 2020
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 30051-2019-61-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 80/2019 de 3 de julio, cursante de fs. 603 a 611; pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Eloy Catoira Montaño contra Blanca Carolina Chamón Calvimontes y Adolfo Irahola Galarza, Vocales de las Salas Penal Segunda y Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 13 de junio de 2019, cursante de fs. 348 a 367 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de contratos y otros, solicitó la extinción de la acción penal por prescripción, en audiencia de juicio oral ante el Tribunal de Sentencia Penal de Villamontes del indicado departamento; ante lo que, se emitió Auto de 24 de noviembre de 2015, declarando probada la misma; frente a ello, se formularon recursos de apelación, radicados en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que emitió el Auto de Vista 95/2018 de 24 de diciembre, resolviendo revocar la Resolución apelada y rechazar la excepción de extinción por prescripción de la acción penal.
Las autoridades demandadas basaron su decisión en los arts. 111 y 112 de la Constitución Política del Estado (CPE), respecto a la imprescriptibidad de los delitos contenidos en dicha normativa, con el falso argumento que su persona hubiera sido funcionario público y por lo tanto su conducta se adecuaría a la disposición establecida en el art. 112 de la CPE, interpretación arbitraria e ilegal; porque, nunca fue funcionario público; puesto que, firmó los contratos de supervisión con el Estado en su calidad de representante legal de la empresa Consultora Nacional S.R.L. "CONNAL".
El supuesto incumplimiento del contrato de supervisión data del 2005, anterior a la vigencia de la actual Constitución Política del Estado y el subsumir arbitrariamente hechos acontecidos con anterioridad a la vigencia de la actual Norma Suprema, vulnera el principio de irretroactividad de la ley penal, inserto en los arts. 116.II y 123 de la referida CPE; además la determinación de revocatoria, se basa también en el argumento ilegal de supuesta existencia de un daño económico; extremo, que no es evidente; puesto que, la empresa subrogada procedió a la devolución del dinero por los servicios no ejecutados y pago de un monto adicional por resarcimiento de daños.
Por otra parte, las autoridades judiciales demandadas fundamentaron su decisión en un inexistente Auto Supremo "02/2008 de 15 de enero de 2018" (sic), que no se encuentra en la Gaceta Judicial, incurriendo en fraude procesal; además, la Vocal demandada Blanca Carolina Chamón Calvimontes desconoció su propio criterio asumido en el Auto de Vista 45/2015 de 11 de marzo, respecto a la extinción de la acción penal por prescripción, donde en un caso similar resolvió de forma diferente.
Así mismo, otra de las irregularidades fue que, el Tribunal de alzada omitió aplicar objetivamente la ley, en relación al tratamiento de la apelación incidental referente a una excepción; toda vez que, justificó su decisión en base a una apelación restringida, acto ilegal que constituye vulneración a las normas del debido proceso.
La errónea e ilegal fundamentación y motivación es contraria al mandato establecido en la ; así a la fecha de la presentación de la acción de amparo constitucional la restricción de sus derechos se encontraban latentes, con la amenaza de dar continuidad a un juicio oral en su contra por hechos acontecidos con anterioridad a la vigencia de la citada normativa constitucional.
1.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera vulnerados sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de una debida fundamentación y motivación; a la defensa; a la justicia pronta y oportuna y a los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal; pro homine y pro persona y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 13, 115.II, 116.II 117.I, 123, 178.I, 180.I, 256.I y 410 de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia, se anule y deje sin efecto el Auto de Vista 95/2018, emitido por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, se dicte una nueva resolución en un plazo no mayor a cinco días, de acuerdo a los mandatos establecidos en la Norma Suprema y la jurisprudencia constitucional contenida en la , tratándose de manera separada las apelaciones incidentales y restringidas.
I.2.Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional se realizó el 3 de julio de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 615 a 624, produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
La parte accionante, a través de su abogado, se ratificó íntegramente en el contenido de su demanda tutelar.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Adolfo Irahola Galarza, Vocal demandado, mediante informe escrito cursante de fs. 602 a 606, manifestó que:
- a)La acción de amparo constitucional no es supletoria de otros medios ordinarios para hacer valer derechos, más aún si estos están previstos en el ordenamiento jurídico; toda vez que, la jurisdicción constitucional está reservada exclusivamente para aquellos casos que no tengan otra vía o que agotada la misma persista la vulneración alegada, lo que no ocurrió en el caso de autos;
- b)En el Auto de Vista ahora impugnado, no existe ausencia de fundamentación ni vulneración a derechos y garantías del procesado; además que, se debe tener en cuenta que el proceso se encuentra en grado de casación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a raíz de una apelación restringida;
- c)No es evidente que se haya confundido una apelación incidental con la apelación restringida; cuando, se dió el tratamiento de apelación restringida porque la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en el fundamento de su recurso se refirió respecto a este incidente; asimismo, al ser este un incidente que puede afectar el fondo del proceso amerita ser considerado y analizado al momento de dictar una resolución; se debe aplicar el principio de economía procesal y concentración; por lo que, el accionante también en uso de su derecho pudo recurrir en casación si consideraba que sus derechos se encontraban vulnerados;
- d)Por error de "taipeo" se consignó Auto Supremo 02/"2008" de 15 de enero de 2018, -siendo lo correcto 02/2018-, por dicho error no se puede decir que este Tribunal haya incurrido en fraude procesal; es más será el Tribunal superior quien determine si el fundamento empleado es el correcto o no, o si evidentemente se incurrió en una falta de fundamentación, considerando que se encuentra en grado de casación; y,
- e)Respecto al argumento que se habría desconocido la línea trazada en el Auto de Vista 45/2015 de 11 de marzo, se debe tener presente que dicho Auto es de la gestión 2015 y el Auto Supremo que fue la base de la resolución emitida en el presente caso data de la gestión 2018; en tal sentido, es evidente el fundamento por el cual esta Sala moduló la línea trazada en gestiones anteriores respecto a la prescripción en delitos de corrupción con afectación al Estado; por todo lo expuesto, pide se deniegue la tutela impetrada.
I.2.3. Intervención de los terceros interesados
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