Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0071/2019-CA Sucre, 17 de abril de 2019
Expediente: 28307-2019-57-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Chuquisaca En consulta la Resolución 01 de 11 de marzo de 2019, cursante de fs. 130 a 131 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de Chuquisaca, por la que, rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Herculiano Capusiri Casana demandando la inconstitucionalidad de los arts. 272 bis 1 y 2 del Código Penal (CP), 46.I y 97 en su frase: "...audiencia o antes de emitirse la resolución; la falta de prueba a tiempo de plantear la denuncia o demanda, no impedirá la admisión de la misma" de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, por ser presuntamente contrarios a los arts. 8.II, 9.1 y 2; 10.I; 14.II y V; 15.I y II; y, 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 8 de febrero de 2019, cursante de fs. 114 a 122, dentro del proceso penal por violencia familiar que le sigue el Ministerio Público a denuncia de Reyna Avalos Risueño, el accionante demanda la inconstitucionalidad del art. 272 bis 1 y 2 del CP, por no guardar conformidad y compatibilidad con los principios, valores y derechos previstos en la Constitución Política del Estado, porque el legislador tipificó el delito de agresión física, psicológica y sexual para el hombre y la protección de la mujer en desmedro del varón, contraviniendo los arts. 9.1 y 2, 14.II y V; y, 15.I y II de la Norma Suprema que garantiza la construcción de una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación con igual protección de las personas; sin embargo, la normativa penal cuestionada rompe la prohibición de discriminación, pues no se podía tipificar un delito solo para el hombre, y protegiendo únicamente a la mujer.
También refiere que, se contraviene el art. 14.II y V de la Ley Fundamental, norma que establece la prohibición de discriminación fundada en razón de sexo y garantiza la aplicación de la ley boliviana a todas las personas, ya que, el art. 272 bis 1 y 2 del CP, alienta la discriminación en razón de sexo, al tipificar el delito de violencia familiar solo para el hombre y no para la mujer, como seres humanos hombre y mujer pueden constituirse en agresores o también sujetos de agresión; del mismo modo, se contraviene el art. 15.I y II de la CPE, que estipula la protección a los derechos a no sufrir violencia, sea física, psicológica y sexual para todas las personas; no obstante, el art. 272 bis 1 y 2 del CP, tipifica el delito solo para el hombre y la protección únicamente para la mujer, cuando no solo el varón comete ese tipo de agresiones. De igual forma refiere que, el art. 46.I de la Ley 348, determina la prohibición para la conciliación en cualquier hecho de violencia contra las mujeres, contraviniendo el art. 10.I de la Norma Suprema, que promueve la cultura de paz y el derecho a la paz, dado que, en toda situación sea de proceso u otra naturaleza se debe propender a la solución de un problema en forma pacífica a fin de garantizar la unión familiar y no así la enemistad, revanchismo y la intranquilidad que desintegra la familia; y la cultura de paz debe promoverse desde el núcleo de la sociedad que es la propia familia, en esa medida no se puede prohibir una solución del conflicto a través de la conciliación. El art. 46.I de la Ley 348, también contraviene el art. 62 de la Ley Fundamental, que menciona a la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, pues dicha normativa cuestionada promueve la discordia, hostilidad, enemistad e intranquilidad, desencadenando en la desintegración familiar, al pretender que el proceso llegue a su fin y se imponga una sanción avivando la tensión conyugal.
Concluye indicando que, el art. 97 de la Ley 348, en su frase: "...audiencia o antes de emitirse la resolución; la falta de prueba a tiempo de plantear la denuncia o demanda, no impedirá la admisión de la misma", establece la admisión de la denuncia y la demanda sin la presentación de prueba, ampliando incluso su presentación en la misma audiencia y/o antes de emitirse la resolución, contraviniendo el art. 115.II de la CPE, que garantiza el debido proceso y la defensa en todo proceso, pues determinar la admisión de la denuncia o demanda sin la presentación de la prueba, permite que el proceso se lleve contra del varón de forma injusta e inequitativa, al no poder ejercer plenamente su derecho a un proceso justo, contraviniendo las reglas del debido proceso, lo que impide defenderse de las acusaciones planteadas y desvirtuar la prueba, violando el derecho a la defensa del varón.
I.2. Respuesta a la acción
Corrido en traslado a la otra parte, por decreto de 11 de febrero de 2019 (fs. 123), Reyna Avalos Risueño, señala lo siguiente:
- a)No se cumplió los requisitos formales que exige esta acción de control normativo, siendo la interposición de la misma una manera de dilatar la demanda principal;
- b)El accionante no tomó en cuenta el principio de igualdad ante la ley; por lo que, la interpretación taxativa que pretende realizar respecto a que solo beneficia a las mujeres es inadecuada; en la interpretación extensiva se entiende que no es un derecho que beneficia a las mujeres también va a beneficiar a los hombres, pues a la fecha se pueden presentar proceso penales de violencia familiar en favor de los hombres; y,
- c)Dentro del sistema penal la apertura de procesos investigativos se realiza a conocimiento de la "noticia criminis", y será la fase preliminar la que acumule los elementos de convicción, ante lo cual, las personas pueden ser investigadas, sin que se pueda realizar una interpretación taxativa respecto de que una denuncia penal ya tenga los elementos de prueba adjuntas, bajo dicho razonamiento se tendría que la etapa preliminar y etapa preparatoria saldrían sobrando; solicita se rechace la acción normativa planteada, con costas.
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