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TCP

0071/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
3 de abril de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Voto Disidente 0071/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 3 de abril de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de protección de privacidad

Expediente: 25901-2018-52-APP Departamento: Oruro Partes: Adolfo Epifanio Garnica Peñarrieta contra Ramiro José Guerrero Peñaranda, ex Fiscal General del Estado y Jhonny Céspedes Flores, Director de Régimen Disciplinario de la Fiscalía General del Estado.

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA

La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto y fundamentado en la , que revocó la Resolución 05/2018 de 21 de septiembre, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -constituida en Jueza de garantías- y en consecuencia, denegó la tutela impetrada.

En todo caso, considera que debió CONFIRMAR en parte dicha Resolución Constitucional; y, en consecuencia, CONCEDER totalmente la tutela solicitada, conforme a los siguientes fundamentos y términos dispositivos:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

El accionante alega vulneración de sus derechos al trabajo, de petición, al debido proceso, a la dignidad, a la honra y reputación, debido a que las autoridades demandadas negaron la eliminación de sus antecedentes disciplinarios que constan en la base de datos del Ministerio Público, situación que le impide postularse y acceder a una fuente laboral; por lo que, solicita se ordene su eliminación.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas:

  1. a)El Estado Constitucional de Derecho y la directa aplicación de los derechos fundamentales;
  2. b)El principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos;
  3. c)Naturaleza jurídica y alcances de la acción de protección de privacidad;
  4. d)El derecho a la dignidad, honra y reputación;
  5. e)La cancelación de antecedentes y el principio a fortiori o de mayor razón; y,
  6. f)Análisis del caso concreto.

II.1. El Estado Constitucional de Derecho y la directa aplicación de los derechos fundamentales

Con la Constitución Política del Estado, aprobada el 25 de enero de 2009 y puesta en vigor el 7 de febrero del mismo año, el Estado boliviano se reafirma y consolida como Estado Constitucional de Derecho, y en ese sentido, la , señala que:

El modelo de Estado asumido en Bolivia, se constituye en un verdadero Estado constitucional de Derecho, establecido sobre valores universales y el principio fundamental de legalidad, sin desechar los principios generales de soberanía popular en el ejercicio del poder público y reforzando el principio de respeto y vigencia de los Derechos Humanos; pues se establece un amplio catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y valores; además, se señalan como fines y funciones del Estado, entre otras, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE), se señalan como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3), así como también consagra de manera expresa el principio de legalidad y supremacía constitucional en el art. 410.I de la CPE, señalando que: "Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución", añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa...

A partir de dicha Sentencia, la 1, en el Fundamento Jurídico III.1.1 sostiene que: "...la supremacía de la Constitución normativa que fundamenta la validez de todo el sistema jurídico plural de normas que la integra (art. 410.II de la CPE), no es per se (un mero asunto de jerarquías y competencias-pertenencia formal) sino porque está cargada de normas constitucionales-principios que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su 'base material pluralista' y se comunican entre sí como expresión de su 'base intercultural' y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad (art. 2 de la CPE)".

Por su parte, la en el Fundamento Jurídico III.2, con relación al valor normativo de la Constitución Política del Estado, señala:

En el marco de lo señalado, el valor normativo de la Constitución axiomática, como es el caso del texto aprobado en 2009, asegura la aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales a través de la labor interpretativa o hermenéutica de las autoridades jurisdiccionales, cuyas decisiones deben enmarcarse en los valores justicia e igualdad, como postulados esenciales del principio de razonabilidad de las decisiones, el que a su vez, irradiará el contenido esencial de los derechos fundamentales y consolidará la vigencia plena del Estado Constitucional de Derecho.

Conforme a lo anotado, los derechos fundamentales y garantías constitucionales, son directamente aplicables, como manda el art. 109 de la Constitución Política del Estado (CPE), que determina lo siguiente: "Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección"; de ahí que, en un Estado Constitucional, no resulta admisible dejar de tutelar o proteger un derecho bajo el argumento que no existe norma legal de desarrollo; pues, bajo este entendimiento nos encontraríamos en el marco de un Estado legislado de Derecho; por ello, junto a la aplicación directa de los derechos y garantías constitucionales, actualmente se hace referencia a su directa justiciabilidad; es decir, a la posibilidad de su protección, aún no exista regulación legal respecto al derecho o garantía en cuestión.

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