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TCP

0072/2019-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de marzo de 2019SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0072/2019-S3

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0072/2019-S3 Sucre, 15 de marzo de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 25261-2018-51-AAC Departamento: Beni

En revisión la Resolución 03/2018 de 16 de agosto, cursante de fs. 193 a 199 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carla Cecilia Gutiérrez Rivadeneira contra Rosmery Méndez Mamani, "Pedro Flores Moreno" -Pedro Luis Flores Ríos-, Ignacio Apace García, Ervin Bejarano Pacema, Lorenzo Tapecy Jiménez, Alfredo Chávez Matareco, Alfredo Guataica, Margarita Guaji, Freddy Jare Cacachi, Cecilia Guagama, Freddy y Richard ambos Gualujna, Lidia Rojas Noza, Juan Carlos Tapia García, Carmen Vargas Aguilar, Ángel Chappy, Orlando Moye, Agapito Juaji, Romilda y Leonilda ambas Muiba Semo, Victoria Guaji Muiba, Margarita Noe, Máximo Guaji, Mario Cuéllar Nuni, Carla Lorena Saavedra Noza y Juan Carlos Maija Guachurne; y, otros.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 7 de agosto de 2018, cursante de fs. 41 a 49 vta., la accionante, manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Es legítima propietaria de un lote de terreno, denominado San José, "ex frigorífico Moxos", ubicado en la localidad San Ignacio de Moxos, provincia Moxos del departamento de Beni, con una superficie de 2 828 796,00 m2 adquirida por sucesión hereditaria, mediante Testimonio Judicial de declaratoria de herederos de 10 de enero de 2012, registrado en Derechos Reales (DD.RR.), en el Asiento A-3 de 27 de junio de igual año, bajo Folio Real con Matrícula 8.05.1.01.0000341, así como Escritura Pública de División y Partición de Bienes 102 de 6 de marzo de ese año, registrada en el Asiento A-5 de la citada Matrícula el 17 de septiembre de 2013; alambrado en todos sus límites, en el cual realiza cría de cerdos, aves de corral, ganado vacuno y caballar. Sin embargo el 21 de julio de 2018, recibió una llamada telefónica del empleado de su lote, informándole que personas desconocidas habrían ingresado a la propiedad, cortando el alambre en una parte, colocando una reja, plantando postes de madera en el interior, dividiendo con cercos de púas en lotes de terreno, asentándose en el lugar con carpas y construyendo viviendas precarias con techos de hojas de motacú, sin su consentimiento ni autorización municipal, razón por la que se constituyó en el lugar, evidenciando lo informado por su empleado, no pudiendo acercarse, pues tales personas se encontraban con palos, machetes y hachas; además de haber amenazado a su trabajador para que no se aproxime al lugar donde ellos habían ingresado, demostrando con actos violentos la intención de apropiarse del terreno; sin la existencia de un justo título, motivo por el cual interpuso la presente acción tutelar, al existir actos violentos de avasallamiento y medidas de hecho, encontrándose ante un daño consumado, irreversible e irreparable que vulneran sus derechos constitucionales. I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado La accionante consideró lesionado su derecho a la propiedad privada y el principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. "9" y 56 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se:

  1. a)Ordene la desocupación, entrega y restitución inmediata del lote de terreno a su legítima propietaria, sea bajo prevención de librarse mandamiento de desapoderamiento con el auxilio de la fuerza pública;
  2. b)Disponga la inmediata demolición de las construcciones precarias;
  3. c)Conforme al art. 57 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se establezca responsabilidad civil y penal de los demandados de acuerdo al art. 39 del mismo Código; y,
  4. d)Remita antecedentes al Ministerio Público. I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías Celebrada la audiencia pública el 16 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 186 a 193, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La peticionante de tutela por intermedio de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su demanda de acción de amparo constitucional, y ampliándolos mencionó que:
  5. 1)En un caso análogo en el que se emitió la , este Tribunal Constitucional Plurinacional, confirmó la resolución del Tribunal de garantías que concedió la tutela, ante la existencia de avasallamiento, al haber evidenciado vulneración al derecho de propiedad, conforme se tiene previsto en el art. 5.III de la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, y en aplicación del art. 178.I de la CPE, debiendo emplearse la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, pues se acreditó el derecho propietario, por tanto la titularidad y la tradición del inmueble, no quedando ninguna duda de que tenga el valor legal por el mismo hecho de la presunción prevista en el art. 1294 del Código Civil (CC);
  6. 2)Para demostrar el avasallamiento, presentó fotografías debidamente avaladas por un Notario de Fe Pública, en las cuales se puede ver a las personas demandadas, procediendo al chaqueo, haciendo uso de machetes, intimidando y sin ninguna intención de salir del predio, pese a lo solicitado y que, en reiteradas oportunidades se les hizo conocer el derecho propietario;
  7. 3)Adjuntó publicaciones del periódico La Palabra del Beni, en el cual se evidencian los actos de avasallamiento, tres declaraciones juradas que acreditan que sin ninguna documentación ni razón procedieron a avasallar propiedad reconocida por la Constitución Política del Estado y por los convenios y tratados internacionales;
  8. 4)Es una propiedad productiva, a este efecto presentó certificado de vacunación hasta el último ciclo, que demuestra el trabajo realizado el cual se encuentra interrumpido, pago de impuestos desde el 2010 hasta el 2017; por lo que, cumple una función económica social (FES);
  9. 5)El avasallamiento fue público existiendo un Voto Resolutivo de la Asociación de Ganaderos, que también fueron amenazados por este mismo acto, pues no solo trastoca a la persona individual, sino a todo el sector productivo ganadero;
  10. 6)Los demandados son un gran número de personas y ella es una mujer, que de acuerdo a la ley, a la Norma Suprema y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra dentro de un grupo vulnerable, pues sola no sería suficiente para sacarles por la fuerza, además de la impotencia que sintió porque también sufrió violencia, que se verá en otra instancia;
  11. 7)Conversó con los demandados; sin embargo, siguen en el lugar usando machetes sin ninguna intención de desocuparlo, lo que le está causando daño económico, existe deforestación, ni el dueño puede hacer eso menos un tercero, ya que deben contar con permisos de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT);
  12. 8)No existe ninguna controversia en cuanto al derecho propietario, ya que los demandados tal vez fueron mal asesorados o no tenían conocimiento de la documentación de la propietaria; y,
  13. 9)Nadie puede ingresar a una casa en un Estado de Derecho, sin el consentimiento del propietario, estando el avasallamiento penado por ley, con una pena hasta ocho años de presidio, debiendo cuantificar los daños que se causaron ya que alegremente no se puede ingresar a la casa de otro y hacer destrozos e irse sin ninguna responsabilidad. En la réplica, argumentó:
  14. i)En cuanto a la documentación a la que hacen referencia no la vieron y que de acuerdo a la legislación boliviana no existe un título inscrito en DD.RR., que contradiga el suyo;
  15. ii)Sobre la sugerencia de un radio urbano, es importante señalar que por previsión del art. 158.6 de la CPE, no es la Alcaldía quien aprueba el radio urbano, ya que se emite una ordenanza que va al Órgano Legislativo para su aprobación y sus efectos no son inmediatos;
  16. iii)Los demandados son los que deben controvertir la literal presentada, no la parte accionante; y,
  17. iv)Se acreditó la vulneración del derecho propietario, la función de la propiedad, siendo la jurisprudencia señalada contundente, no quedando otro camino que conceder la acción de amparo constitucional. I.2.2. Informe de las personas demandadas Rosmery Méndez Mamani, Ervin Bejarano Pacema, Freddy Jare Cacachi, Pedro Luis Flores Ríos, Victoria Guaji Muiba, Lorenzo Tapeci Jiménez e Ignacio Apace García, por intermedio de su abogado en audiencia, indicaron: a) En ningún momento se encuentran inmersos dentro del "art. 351 Bis", son miembros del Cabildo Indigenal de San Ignacio de Moxos, teniendo la posesión de ese bien inmueble que fue adjudicado al Gran Cabildo Indigenal en 1910, por el párroco, quien era el que daba las adjudicaciones en esa época, no habiendo perturbado en ningún momento la posesión de la accionante, siendo lo contrario, presentando a ese efecto, el documento ancestral reconocido por un Notario de Fe Pública; b) Por falta de asesoramiento y conocimiento del procedimiento administrativo no realizaron la regularización necesaria para poder actualizar sus documentos; c) El folio real presentado por la accionante dice "...medidas irregulares..." (sic), lo que significa que no existe avasallamiento, pues "...ellos presentan un plano también y dentro donde están posesionados desde 1910 cabildo indigenal no le afecta en nada, en su propiedad de acuerdo a su documentación..." (sic); además, la función social de la tierra sería la ganadería, siendo contradictorio a las normas; toda vez que, la Ordenanza Municipal (OM) de 16 de febrero de 2009, donde se demuestra todo el perímetro urbano de San Ignacio de Moxos, no da ninguna facultad a un tercero o ganadero, no demostró con una certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que otorgue certeza de que se trata de un predio agrario y no urbano, existiendo una ordenanza que prohíbe la adjudicación de más de diez hectáreas a personas o familias; d) No sabe qué figura utilizó la accionante para poder adquirir o registrar ese inmueble en DD.RR., ya que en la parte sobresaliente de la OM 4/2009 de 4 de febrero, se prohibió adjudicar a individuos o familias, más de diez hectáreas, para evitar la tenencia de muchas tierras en pocas personas y que de acuerdo a la documentación presentada se le da al Cabildo Indigenal, la que está compuesta por familias grandes quienes a través del documento de 1910, ya le daban la FES de la tierra por medio de la agricultura, que mediante la "Ley 172 San Ignacio de Moxos" (sic), el Gran Cabildo fue declarado como el patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia;
  18. e)"...la Ordenanza Municipal en un plano emitido por el INRA..." (sic), demuestra la posesión que tiene el Cabildo Indigenal; la familia "Gutiérrez" se encuentra fuera de lo que ellos manifiestan: Del Informe del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Moxos del departamento de Beni se advierte que precisamente ese inmueble, está en proceso de saneamiento, siendo la primera instancia donde la accionante debió acudir y exponer su derecho propietario, así como a las instancias jurisdiccionales que corresponden si señala que fue avasallada en su propiedad, y no saltando una instancia al último recurso, pues hay mucho que investigar, sanear y demostrar a través de una inspección ocular, declaraciones testificales, documentos ancestrales que tiene San Ignacio de Moxos, ya que es la única localidad que mantiene la cultura a través del Cabildo Indigenal del cual son parte; por lo que, de acuerdo a los arts. 30.2, 53 y 66 del CPCo, por auto motivado se debió declarar la improcedencia de la acción;
  19. f)Se está vulnerando los derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad de partes del pueblo originario, pues por la distancia y al ser de escasos recursos como para poder trasladarse inmediatamente de un lugar a otro, al ser notificados esta mañana, no podían de manera inmediata recurrir en amparo constitucional; y,
  20. g)La accionante a sabiendas de que ese inmueble está siendo saneado por el Municipio, debió esperar una respuesta del Gobierno Municipal o el Concejo, para que se esclarezca efectivamente, se haga una inspección y se limite el supuesto predio con la ganadería, ya que ella tiene su predio y nadie lo desconoce, pero en ningún momento cometieron violencia, ya que desde 1910 entraron en posesión pacífica, que se demuestra en la documentación que se presentó. Se dio uso de la palabra a algunos demandados quienes manifestaron lo siguiente: Ignacio Apace García, indicó que es parte del Cabildo Indigenal, que tiene más de trescientos años, la adjudicación data de 1910, se encuentran donde los dejaron sus abuelos, siendo descendientes; la accionante saltando instancias activó la acción de amparo constitucional, por lo que pidió que se respete los derechos que tienen como pueblos originarios, los concejales fueron ganaderos y retacearon la tierra, por ello consideró que no tienen valor los papeles presentados por la peticionante de tutela, debiendo prevalecer el de ellos. Pedro Luis Flores Ríos, aclarando que su nombre es ese y no Pedro Flores Moreno, refiere que son terrenos ancestrales, y que en ese entonces no había notarios ni nada, pero si se hiciera un estudio grafológico esas "hojas" son legales, además de que no existió vulneración de derechos pues fue notificado en su puerta sin siquiera conocer o haber ido al predio y está ahí con un supuesto nombre que no es el suyo, pues él no participó de ningún avasallamiento; toda vez que no se encontraba en el lugar, pidió que se investigue, ya que supuestamente los quieren meter presos por la "Ley de Avasallamiento" sin haber participado, tomó conocimiento cuando fue notificado, con insultos y policías, considerando lesionados sus derechos como persona e indígena, pues no le dieron el derecho a la réplica, a ver si es verdad o no. Ervin Bejarano Pacema, precisó que a la accionante no la conoce ni ella a él, están presentes como cabildo, el Gran Cabildo es todo el pueblo de Moxos y como hijos se sienten propietarios de las tierras de sus abuelos que les fueron dejadas, no encontrándose en los predios de la señora, estando ahí para defender la tierra que les pertenece como el pueblo mojeño y como el Gran Cabildo Indigenal. Rosmery Méndez Mamani, indicó haber sido notificada en la puerta de su casa, que trabaja en las tierras del Gran Cabildo Indigenal y que en ningún momento atropellaron los predios de la señora. En la dúplica el abogado de los demandados argumentó que no existió el supuesto avasallamiento, ya que solo presentan publicaciones de periódicos, pero no así una sentencia donde demuestre por una autoridad competente la existencia de lo denunciado, puesto que se necesita de una inspección, intervención del INRA, Juez Agrario y Ministerio Público, reiterando que se agoten las instancias pues existe mucho por verificar y ver si realmente están siendo violentados en su derecho a la propiedad, pues son indígenas originarios, gente humilde y de escasos recursos no pudiendo ser amedrentados y amenazados hasta de muerte por la accionante, pues ya no están en un estado de dictadura, por el simple hecho de tener recursos económicos, tratan de humillar y pisotear a los hermanos indígenas, que ahora son reconocidos por la Constitución Política del Estado, solicitó por último que se acuda a la vía jurisdiccional y se agoten todas las instancias, rechazando la presente acción tutelar. Alfredo Chávez Matareco, Alfredo Guataica, Margarita Guaji, Cecilia Guagama, Freddy y Richard ambos Gualujna, Lidia Rojas Noza, Juan Carlos Tapia García, Carmen Vargas Aguilar, Ángel Chappy, Orlando Moye, Agapito Juaji, Romilda y Leonilda ambas Muiba Semo, Margarita Noe, Máximo Guaji, Mario Cuéllar Nuni, Carla Lorena Saavedra Noza y Juan Carlos Maija Guachurne, no presentaron informe alguno ni asistieron a la audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 67 vta., 78 y vta., 84 y vta., 96 y vta.; y, 102 y vta. I.2.4. Resolución La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de Trinidad del departamento de Beni, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2018 de 16 de agosto, cursante de fs. 193 a 199 vta., concedió la tutela solicitada disponiendo: "La restitución y entrega de los predios reclamados como avasallados por la accionante, y sea en el término de 10 días a partir de su legal notificación al término de los cuales en caso de incumplimiento o negativa líbrese el correspondiente MANDAMIENTO DE DESAPODERAMIENTO con el auxilio de la fuerza pública, a fin de hacer eficaz y efectiva la disposición constitucional" (sic) y la condenación de daños y perjuicios a ser calificados en ejecución de sentencia, bajo los siguientes fundamentos:
  21. 1)Los arts. 128 de la CPE y 51 del CPCo, configuran la acción de amparo constitucional, su esencia es tutelar, tiene un alcance preventivo y correctivo, el primero frente a una inminente restricción o supresión de derechos o garantías constitucionales y en el segundo se acciona ante actos, resoluciones u omisiones ilegales o indebidas;
  22. 2)Al solicitar la accionante una tutela inmediata a la lesión de su derecho a la propiedad privada y que muchas veces requiere de la intervención pronta e inmediata conforme la ; , y el art. 54.II del CPCo, correspondiendo conceder la acción de amparo constitucional que tiene por objeto garantizar la vigencia y respeto de los derechos de las personas reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, cuando estos son restringidos, suprimidos o amenazados por acciones u omisiones indebidas provenientes de servidores públicos o particulares y ante la inminencia de un daño irremediable e irreparable, previa acreditación de tales circunstancias;
  23. 3)El derecho de propiedad está previsto en los arts. 56 de la CPE, 21 de la CADH y 105 del CC, en correspondencia el deber de los integrantes de la sociedad es respetar los derechos estipulados en la Norma Suprema; por la documentación aportada por la accionante cursante de "fs. 1 a 32", se tiene acreditada su legitimación activa y su derecho propietario sobre el inmueble avasallado, signado con el nombre de "San José", ubicado en la localidad de San Ignacio de Moxos, provincia Moxos del departamento de Beni, con una superficie de 2 828 79,00 m2, adquirida por sucesión hereditaria de su padre, por Testimonio Judicial de declaratoria de herederos de 10 de enero de 2012, registrado en DD.RR. Asiento A-3 de 27 de junio de 2012, bajo Folio Real con Matrícula 8.05.1.01.000341, así como escritura pública de división y partición de bienes 102, otorgada en ese entonces por Notario de Fe Pública de Primera Clase 2 del departamento de Beni, registrada en el Asiento A-5 de la misma Matrícula el 17 de diciembre de 2013, por otra parte cursa de "fs. 33 a 39" muestrario fotográfico, con presencia de Notario de Fe Pública 6, por el que se evidencia el ingreso de un conglomerado de personas extrañas causando daños al inmueble, realizando quema del predio desmontes, tala de árboles y bosques, corte y destrucción de alambrado con violencia y sin la debida autorización legal, ejerciendo fuerza; declaraciones juradas de Alba Marina Velarde Jordán, Mario Jare Cayua y Dubeisa Cortez Gonzales, quienes señalaron que los demandados son los avasalladores; certificados de vacunación demostrando su actividad ganadera; periódico con la publicación del avasallamiento, y el pronunciamiento de la Asociación de Ganaderos de San Ignacio de Moxos, acreditando con ello la función social y económica del predio. El Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que los avasallamientos en Bolivia están prohibidos y que se garantiza y protege la propiedad privada reconocida en la Constitución Política del Estado, determinación contenida en la "";
  24. 4)En cuanto al principio de seguridad jurídica, no corresponde la tutela directa a través de la acción de amparo constitucional, sino por medio de los derechos y garantías constitucionales denunciados como lesionados, SCP "1213/2012";
  25. 5)La Ley de Avasallamiento y Tráfico de Tierras, establece el régimen jurisdiccional que le permite al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras, también se procedió a modificar el Código Penal, incorporando nuevos tipos penales;
  26. 6)La SCP "0610/2013-L" marca la línea en cuanto a los avasallamientos, y la , determinó los presupuestos que deben cumplirse cuando se demande protección de derechos vulnerados por vías de hecho, entre ellas una debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia por mano propia, la presentación de la acción de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiariedad; en tal sentido, el hecho ocurrió el 21 de julio de 2018; la existencia de un daño inminente, irreversible o irreparable ya sea agravando la lesión ya consumada o que amenace de restricción o supresión a otros derechos fundamentales, la propietaria tiene una actividad ganadera donde se realiza la cría de cerdos, aves de corral, ganado vacuno y caballar, demostrada por la documentación cursante a "fs. 32" de obrados emitida por la Asociación de Ganaderos de San Ignacio de Moxos, así como el registro de vacunas y pago de impuestos;
  27. 7)No se puede invocar derechos controvertidos o que estén en disputa atendiendo claro la naturaleza de los mismos; no existe consentimiento de la accionante para que ingresen a su propiedad los demandados, realizaron hechos violentos dentro de la misma, ya que existió destrucción, avasallamiento, quema de bosques, tala de árboles, conforme las "placas" fotográficas y la publicación del periódico arrimados a la acción de defensa;
  28. 8)La , moduló y superó el entendimiento asumido en la , flexibilizando los presupuestos procesales constitucionales, cambiando el entendimiento que responde a un real acceso a la justicia constitucional, a una tutela constitucional efectiva y una interpretación extensiva y bajo pautas hermeneúticas armoniosas al postulado plasmado en el art. 256.I de la CPE;
  29. 9)Los demandados deben tener en cuenta que el derecho propietario se acredita con la documentación legal respectiva que avale el mismo y su correspondiente inscripción en DD.RR.; y,
  30. 10)"Con relación al tercero interesado la accionante lo dejó claramente establecido que no existe tercero interesado de conformidad a la , por lo que en base al análisis efectuado y la valoración de las pruebas adjuntas, en mérito a la lógica jurídica y sana critica corresponde actuar en consecuencia" (sic). II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia legalizada del Folio Real con Matrícula 8.05.1.01.0000341, emitido por DD.RR., sobre el lote de terreno "San José" "ex frigorífico Moxos", ubicado en la localidad de San Ignacio de Moxos, provincia Moxos del departamento de Beni, con una superficie de 2 828 796,00 m2, cuya propietaria figura en el Asiento A-5 Carla Cecilia Gutiérrez Rivadeneira -ahora accionante- (fs. 4 a 5 vta.); pago de impuestos de las gestiones 2010 a 2017 (fs. 113 a 116). II.2. Consta Testimonio de Declaratoria de Herederos, extendido por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Mixto de San Ignacio de Moxos del departamento de Beni, por el cual se declaró herederos forzosos Ab Intestato de todos los bienes acciones y derechos de José Gutiérrez Basadre; Carla Cecilia, María Eugenia, Blanca Patricia y José Javier todos Gutiérrez Rivadeneira (fs. 14 a 17); Testimonio 257/2013 de 9 de julio, de escritura aclaratoria de límites y colindancias en Testimonio de Declaratoria de Herederos, otorgado por el Juzgado de Instrucción de San Ignacio de Moxos, sobre transferencia de un inmueble urbano ubicado en la localidad de San Ignacio de Moxos que suscribe Carla Cecilia Gutiérrez Rivadeneira (fs. 19 y vta.); Testimonio 102/2012 de 6 de marzo, escritura pública de división y partición de bienes gananciales; todos en fotostáticas legalizadas (fs. 20 a 27 vta.). II.3. La Certificación Catastral, otorgada por el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Moxos del departamento de Beni, de 4 de junio de 2012, que certifica la propiedad del inmueble de la peticionante de tutela, por declaratoria de herederos de 10 de enero de 2012, el cual se encuentra con el pago de impuestos cancelados hasta el 2011, y registrado en DD.RR. (fs. 30). II.4. Del muestrario fotográfico, certificado por la Notaría de Fe Pública 6 de Trinidad del departamento de Beni, de 3 de agosto de 2018, se observa a personas de diferentes sexos y edades, en un terreno, procediendo a la tala de árboles con machetes (fs. 33 a 39). II.5. Consta fotocopia legalizada por el entonces Notario de Fe Pública de Segunda Clase 1, de San Ignacio de Moxos, del departamento de Beni, de un documento de 10 de agosto de 1910, donde se indica que el Monte Mapavaque Cojicheque, es del Cabildo Indigenal de San Ignacio de Moxos (fs. 170 y vta.). II.6. Cursa copia legalizada de la OM 004/2009 de 16 de febrero, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Moxos del departamento de Beni, por la que se dispone cinco kilómetros a la redonda el radio urbano y suburbano de San Ignacio de Moxos, contando desde la cota cero ubicada en la plaza principal, prohibiendo la instalación de potreros, lecherías, mataderos, granjas, corrales, tejerías, etc., dentro del radio urbano que corresponde a un kilómetro, debiendo trasladarse en el plazo de dos años, bajo pena de reversión al municipio de la extensión del terreno que no cumpla con lo dispuesto en esa Ordenanza, entre otras disposiciones (fs. 146 a 148). II.7. Se tienen certificados de vacunación contra la fiebre aftosa emitidos por el Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad alimentaria (SENASAG), de diciembre de 2017 y mayo de 2018, donde figura el predio y los datos del productor que corresponden a la ahora accionante (fs. 120 a 121). II.8. Por la publicación en el periódico La Palabra del Beni de 10 de agosto de 2018, se informa sobre avasallamientos en San Ignacio de Moxos (fs. 131). II.9. En las declaraciones voluntarias ante Notario de Fe Pública 7 de Trinidad del departamento del Beni, de 15 de agosto de 2018, Dubeisa Cortez Gonzales, Mario Jare Caguana, y Alba Marina Velarde Jordan, manifiestan que se ingresó en fecha reciente a la propiedad denominada San José "ex frigorífico Moxos", ubicada en la localidad de San Ignacio de Moxos, provincia Moxos del departamento de Beni, de propiedad de Carla Cecilia Gutiérrez Rivadeneira, avasallando el mismo, cortando el alambre en una parte de la propiedad con machetes y hachas, haciendo quema de pasto, talando árboles, sin tener ninguna autorización de la propietaria (fs. 125 a 130). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO La accionante denuncia la lesión de su derecho a la propiedad privada y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, su propiedad denominada "San José" "ex frigorífico Moxos", ubicada en la localidad de San Ignacio de Moxos, provincia Moxos del departamento de Beni, con una superficie de 2 828 79,00 m2, que se encuentra legalmente registrada en DD.RR. bajo Folio Real con Matrícula 8.05.1.01.0000341, fue avasallada el 21 de julio de 2018, por los demandados y otros, quienes mediante medidas de hecho se asentaron en el lugar construyendo viviendas precarias, sin su consentimiento ni autorización de autoridad competente, demostrando con actos violentos la intención de apropiarse de su propiedad sin un justo título. En consecuencia, corresponde en revisión analizar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. III.1. La acción de amparo constitucional y su resguardo ante vías de hecho

El Tribunal Constitucional Plurinacional por medio de la jurisprudencia estableció con relación a las de vías de hecho, los presupuestos para su activación y la finalidad de la tutela constitucional, a través de la , que: "...en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas 'vías de hecho', a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales:

  1. a)Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y,
  2. b)Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho.

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