Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0072/2026-O Sucre, 23 de febrero de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 55248-2023-111-AAC Departamento: Chuquisaca
En la queja por sobrecumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jacob Unger Friesen y Bernardo Wiebe Loewen en representación legal de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios "Colonia Menonita Neuland" contra Elva Terceros Cuellar, Ángela Sánchez Panozo, Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de la Sala Segunda y Primera, respectivamente, del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la queja
Mediante memorial presentado ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el 13 de octubre de 2025, cursante de fs. 1696 a 1704, Nicolás Miguel Shelemen Justiniano, Presidente de la Comunidad Indígena Chiquitana SAO -hoy activante de queja por sobrecumplimiento-, y en su calidad de tercero interesado dentro de la demanda contenciosa administrativa planteada por los accionantes contra la Resolución Suprema (RS) 15181 de 22 de junio de 2015, emergente del proceso de saneamiento de los predios denominados "Colonia Menonita Neuland", "Colonia Menonita Begthal" y "Sapoco", alega que la -objeto de queja -, dispuso revocar la Resolución -059/2023 de 18 de mayo- emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; en consecuencia, concedió la tutela solicitada disponiendo dejar sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 54/2022 de 27 de septiembre, que declaró improbada la demanda contenciosa administrativa descrita precedentemente; y que, los Magistrados en ejercicio de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, de manera inmediata y sin espera de turno, emita nueva resolución con la debida fundamentación, motivación y congruencia, atendiendo en el fondo todos los agravios denunciados en la demanda contenciosa administrativa, efectuando una adecuada valoración de la prueba presentada en la misma, aplicando el principio de verdad material y los lineamientos expuestos en la citada Sentencia Constitucional Plurinacional.
Ahora bien, el fallo constitucional motivo de la presente queja por sobrecumplimiento, se refirió a la falta de consideración de que la parte accionante, resulta ser una persona jurídica boliviana, independientemente de que sus miembros sean extranjeros y que se demostró que el predio objeto de saneamiento era poseído legalmente, conforme a la compraventa cursante en el expediente Agrario 30849; sustentándose en que de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, se reconoce y respeta los derechos de la propiedad agraria de los predios de poseedores legales nacionales sobre la superficie que cumpla la función económica social; extremo que lesionó los elementos del debido proceso, fundamentación, motivación y valoración probatoria.
También estableció que se omitió considerar toda la prueba ofrecida por el administrado. Así, se omitió considerar el expediente agrario 27845 y una escritura pública de 5 de junio de 2009.
De acuerdo a dichos criterios, es posible asumir que dicha instancia constitucional, intima al Tribunal Agroambiental a efectuar el análisis de toda la prueba cursante en el expediente de saneamiento; en particular, sobre el derecho propietario de la parte accionante. Del mismo modo, estableció que igualmente resulta aplicable al caso, en concatenación al derecho propietario, lo establecido en el art. 46.IV de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-, que contempla como única exigencia legal para que los extranjeros puedan adquirir fundos rústicos titulados por el Estado boliviano, el de la residencia en el país.
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