Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0072/2026-S1 Sucre, 2 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de cumplimiento
Expediente: 54914-2023-110-ACU Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 1 de 18 de abril de 2023, cursante de fs. 212 a 216, pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Gaby Peña Arancibia contra Óscar Abel Hassenteufel Salazar, Presidente, Nancy Gutiérrez Salas, Vicepresidenta, Dina Agustina Chuquimia Alvarado, Daniel Atahuichi Quispe y Francisco Vargas Camacho, Vocales, todos del Tribunal Supremo Electoral.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La accionante, por memoriales presentados el 29 de diciembre de 2022 y 13 de febrero de 2023, cursantes de fs. 83 a 87; y, 92 a 94, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En su condición de candidata por la Alianza CREEMOS, fue inscrita como postulante a la tercera "senaturía" titular por el departamento de Santa Cruz para las elecciones generales de "2021" -se entiende de octubre de 2020-. Sin embargo, en aplicación del sistema de distribución proporcional previsto en el art. 55 de la Ley del Régimen Electoral (LRE) -Ley N° 026 de 30 de junio de 2010-, no logró acceder al curul correspondiente. No obstante, quedó registrada en el tercer lugar de la nómina de candidatos no electos, circunstancia que la habilita para asumir de manera correlativa el mandato parlamentario, ante la eventual configuración de cualquiera de las causales de sustitución establecidas en el art. 194 de la citada Ley.
Posteriormente, el 20 de enero de 2021, el ciudadano Zvonko Matkovic Ribera presentó su renuncia al cargo de Senador suplente por el departamento de Santa Cruz. En esa circunstancia, el Tribunal Supremo Electoral procedió a habilitar al ciudadano Erik Morón Osinaga mediante la Resolución TSE-RSP-JUR 094/2021 de 26 de marzo. Tal actuación contravino lo dispuesto en el art. 195 de la LRE, toda vez que correspondía observar el orden correlativo de la lista de candidatos no electos, sin que resultara jurídicamente procedente la aplicación de criterios de paridad y alternancia propios del registro inicial de candidaturas. En razón de ello, se interpuso recurso extraordinario de revisión, el cual fue rechazado mediante Auto TSE-RSP 041/2021 de 4 de mayo, emitido por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, bajo el argumento de inexistencia de nuevos elementos que permitieran modificar lo ya resuelto.
Sin embargo, al tomar conocimiento de la Resolución TSP-RSP-JUR 014/2022 de 16 de marzo, mediante la cual la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral declaró fundado el recurso de apelación presentado por la ciudadana Ronay Teresita Méndez Chavarría y dispuso la entrega de credencial aplicando correctamente el art. 195 de la LRE, al ordenar la sucesión correlativa, y considerando que dicho pronunciamiento constituía un nuevo hecho generado por el propio Órgano Electoral, planteó un recurso extraordinario de revisión dentro del plazo de cinco días desde su notificación. No obstante, fue sorprendida con la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 060/2022 de 20 de septiembre, que rechazó su impugnación, pese a que concurrían los mismos presupuestos de aplicación normativa, omitiendo además valorar los argumentos expuestos. Notificada con la citada resolución, formuló una solicitud de reconsideración, la cual fue atendida mediante providencia 047/2022 de 27 de octubre, ratificando lo previamente resuelto. Asimismo, señaló que el Tribunal Supremo Electoral incumplió nuevamente la aplicación del art. 195 de la LRE, al no disponer la sucesión conforme al orden correlativo de la lista de candidatos no electos.
Finalmente, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, al dictar la Resolución TSE-RSP-JUR 094/2021 y habilitar a otra persona sin respetar el orden correlativo de la lista registrada por la organización política, inobservó lo dispuesto por el art. 195 de la LRE, situación que resulta evidente con la simple lectura de la normativa aplicable, vulnerando sus derechos políticos reconocidos en el art. 26.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y en el art. 23.1 inc. c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), al impedir su acceso a la función pública.
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos políticos y el acceso a ejercer la función pública; citando al efecto, los arts. 26.I de la CPE; y, 23.1 inc. c) de la CADH.
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