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TCP

0073/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
2 de febrero de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0073/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0073/2026-S1 Sucre, 2 de febrero de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 55089-2023-111-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 19/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 154 a 158 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Guerrero contra Lusdari Uyuli Encinas, Responsable Departamental de Recursos de Alzada de la Oficina Departamental de Tarija dependiente de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, a través de sus representantes legales, por memorial presentado el 11 de abril de 2023, cursante de fs. 35 a 46 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Es ciudadano boliviano; empero, por cuestiones laborales se trasladó con su familia hace varios años a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República de Argentina, donde actualmente radican; por lo que, en ocasiones visita su ciudad natal. Durante el pico más alto de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), con el fin de desestresarse, emprendió un viaje familiar, en el que cerca a la frontera del país, su esposa sufrió una descompensación en su salud producto de las varias deficiencias que padece; razón por la cual, ingresaron a la ciudad de Tarija sin autorización para que sea atendida por el personal de salud y mientras realizaba ese cometido, fueron detenidos por personeros de la Aduana Nacional (AN), quienes de forma ilegal y abusiva incautaron su vehículo, bajo el argumento de que estaría cometiendo el delito de contrabando.

Añade que en dicho motorizado no encontraron producto de ninguna naturaleza que pueda ser considerado como contrabando; por lo que, no existía razón alguna para proceder a su incautación, es por eso que a través de sus abogados y representantes legales mediante memorial de 8 de noviembre de 2021, presentó los descargos correspondientes además de documentación idónea para acreditar que el vehículo era de su propiedad, que no reportaba denuncia por robo en la República de Argentina; y, que la causa por la que ingresaron a la ciudad de Tarija, fue para que su esposa sea atendida; argumentos que no se consideraron por la referida entidad aduanera, sino más bien los trataron de contrabandistas, sin que exista elemento alguno que pruebe tal acusación.

Señaló que tramitado el proceso administrativo signado como EXPEDIENTE: ARIT-TJA-0097/2022 fue emitida la Resolución Sancionatoria TARTI-RC-0474/2021 de 22 de diciembre, que en su parte resolutiva declaró probada la comisión de contrabando convencional, al haberse adecuado su conducta a los arts. 160.4 y 181 incs. b) y g) del Código Tributario Boliviano (CTB) -Ley 2492 de 2 de agosto de 2003-; consecuentemente, se dispuso el decomiso definitivo del aludido vehículo, fallo que fue objeto de recurso de revocatoria, resuelto mediante Resolución TARTI-RC-0474/2021, que rechazó la misma, sin ingresar a resolver los agravios planteados en dicho recurso de revocatoria, limitándose a señalar que no se hubiesen cumplido con los requisitos previstos en los arts. 143 y 198 del CTB, extrañando la diligencia de notificación del acto impugnado cuando éste fue presentado en la Regional de Cochabamba juntó con la resolución impugnada.

Por lo que, en ejercicio de su derecho a impugnar planteó recurso jerárquico el 4 de septiembre de 2022, además de hacer conocer la falta de notificación a sus representantes legales (el cual también fue reclamado mediante una nulidad de notificación), denunciando que la entidad aduanera mediante proveído AN-GRTGR-TARTI-PROV-418/2021, admitió la personería de sus representantes legales; sin embargo, jamás fueron notificados, menos se les permitió acceder al EXPEDIENTE: ARIT-TJA-0097/2022, vulnerando de esta forma sus derechos a la defensa y al debido proceso, sumado al hecho de haber ignorado los domicilios electrónicos que señalaron para cualquier notificación, medio alternativo que fue incorporado por efecto de la pandemia del Coronavirus (COVID-19); no obstante, fue notificado en la Oficina Departamental de Recursos de Alzada de Tarija dependiente de la ARIT de Cochabamba desconociendo la personería de sus representantes legales; asimismo, denunció el uso de su motorizado por la AN.

El referido recurso jerárquico mereció el Proveído Sujeto Pasivo de 6 de octubre de ese año, emitido por Lusdari Uyuli Encinas, Responsable Departamental de Recursos de Alzada de la Oficina Departamental de Tarija dependiente de la ARIT de Cochabamba -ahora accionada-, quién dispuso no ha lugar al mencionado recurso, imposibilitando con ello que se reparen sus derechos fundamentales lesionados en sede administrativa, habiendo la nombrada autoridad actuado como Juez y parte; pues que, primero emitió la resolución de rechazo a su recurso de alzada de 15 de agosto de igual año y posteriormente respondió al recurso jerárquico planteado contra dicha determinación, obviando remitir antecedentes ante la autoridad superior en grado que recae en la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), pues la autoridad hoy accionada no tenía competencia para conocer, resolver y sustanciar su recurso jerárquico; ya que, tampoco motivó las razones del porqué le asistía esa facultad, limitándose a señalar de manera escueta que no procedía el recurso jerárquico contra una resolución que no resolvió el fondo del recurso de alzada, omitiendo sustentar con argumentos jurídicos tal situación; máxime, cuando es conocido que todos los actos que ponen fin a una etapa procesal o actos de mero trámite que determinen similar situación -como resulta ser el referido rechazo-, son susceptibles de impugnación, peor aún si se considera que el aludido rechazo cerraba toda posibilidad de revisar la ilegal determinación administrativa de la que fue objeto, vulnerando su derecho a la impugnación o doble instancia constitucionalmente reconocido, situándolo en estado de indefensión, encontrándose desamparado y sin protección alguna ante la ilegal actitud de la autoridad ahora accionada.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

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