Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0074/2026-RCA Sucre, 25 de febrero de 2026
Expediente: 81664-2026-164-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 11/2026 de 5 de febrero, cursante de fs. 315 a 320 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sarah Mendoza Peralta contra José Edmundo Chumacero Ruiz, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 26 y 29 de enero; y, 3 de febrero de 2026, cursantes de fs. 278 a 281 vta., 284 a 285 y 289 y vta., la accionante manifestó que, en la gestión 2015, inició un proceso laboral contra la Asociación Crédito con Educación Rural (CRECER) IFD. En el marco de dicho proceso, se dictaron la Sentencia 07/2016 de 25 de febrero, el Auto de Vista 129/2016 de 20 de septiembre y el , quedando firme y ejecutoriada la Sentencia 07/2016; en consecuencia, el 14 de noviembre de 2018 la referida entidad canceló la totalidad de la obligación, extinguiéndose de manera definitiva la relación procesal y material; no obstante, a partir de la gestión 2019, se emitieron resoluciones carentes de objeto y competencia, vulnerando el principio de cosa juzgada, desde el 2021 hasta el 2026, el Juez de la causa reabrió indebidamente la etapa de ejecución, disponiendo reliquidaciones inexistentes, aprobando montos sin respaldo en título alguno, ordenando pagos, imponiendo hipoteca judicial, dictando medidas previas al remate y, finalmente, señalando audiencia de subasta y remate.
Como consecuencia de esas actuaciones, se vio obligada a interponer múltiples recursos, incidentes y acciones constitucionales. Asimismo, mediante Auto 06/2026 de 13 de enero, el Juez demandado señaló audiencia de subasta y remate de su bien inmueble, lo que constituyó la culminación y reactivación material de esta vía de hecho judicial, al disponer el remate de su vivienda familiar.
En ese contexto, dichos antecedentes no se impugnan individualmente, sino que se exponen como contexto factico relevante, a efectos de demostrar reiteración, gravedad del daño y patrón de conducta jurisdiccional, conforme el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
La accionante considera vulnerado su derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la cosa juzgada material "...intangibilidad de resoluciones ejecutoriadas..." (sic), a la seguridad jurídica, a la propiedad privada y vivienda familiar; y, "...a la jurisdicción ejercida conforme a competencia legal..." (sic); citando al efecto los arts. 19, 56, 115, 117, 119, 122 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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