0076/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0076/2022-S1 Sucre, 18 de abril de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 38695-2021-78-AAC Departamento La Paz

En revisión la Resolución 266/2020 de 15 de diciembre, cursante de fs. 78 a 81, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rina Magalí Peña Pérez contra Dora Epifanía Aguirre Rodríguez.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 13 de noviembre de 2020, cursante de fs. 28 a 36, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que el 10 de diciembre de 2008, Alfonso David Rada Morales, Pablo César Rada Aguirre y Dora Epifanía Aguirre Rodríguez -esta última ahora demandada-, suscribieron con su persona un contrato de compromiso de venta sobre un departamento situado en el Edificio Multifamiliar Claveles de Rada, en la avenida Costanera 1223 de la zona Villa "Copacabana" de la ciudad de La Paz; Departamento 2 "B"; refiere además que en la cláusula sexta del referido contrato, se acordó que tomaría posesión del inmueble a la firma de dicho documento.

Transcurridos algunos años, Alfonso David Rada Morales, Pablo César Rada Aguirre y Dora Epifanía Aguirre Rodríguez, precitados, con quienes suscribió el contrato de compromiso de venta, ante el Juzgado Público Civil Comercial Decimoquinto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, formalizaron una demanda ordinaria de resolución de contrato. Emergente de ello, se pronunció la Sentencia 398/2015 de 24 de julio, por la que se declaró improbada la demanda interpuesta y probada la reconvención por cumplimiento de contrato, planteada por su persona.

Apelada dicha Sentencia, esta fue confirmada por el superior en grado, y con la emisión del Auto Supremo (no indica ni fecha ni número de resolución), se declaró infundado el recurso extraordinario de resolución de contrato, planteado por los entonces demandantes, declarándose en consecuencia ejecutoriada la Sentencia de primera instancia mediante Auto de 12 de marzo de 2019. A inicios de marzo de 2019, junto a su familia tuvo que ausentarse momentáneamente de la ciudad de La Paz, sin embargo, grande fue su sorpresa cuando el 18 de marzo de 2020, regresó y se percató que sus llaves no abrían las puertas del edificio cuando quiso ingresar a su domicilio, constituido en el departamento en cuestión, debido a que la ahora demandada, de forma intempestiva cambió las chapas de la puerta de calle del Edificio Multifamiliar Claveles de Rada, hecho que la motivó a contactarse con la demandada, quién no pudo ser habida por las medidas de restricción emergentes de la Pandemia del Coronavirus (Covid-19); una vez levantadas dichas medidas en el mes de julio acudió en reiteradas oportunidades al mencionado edificio, donde en portería le negaron rotundamente la posibilidad de copiar las llaves de la nueva cerradura de la puerta de calle.

Ante la imposibilidad de entrar a su departamento, el 11 de noviembre de 2020 envió una carta notariada a la demandada solicitando se le otorguen copias de las llaves de la chapa de la puerta de ingreso del referido edificio, solicitud que no fue atendida, por lo que junto a su familia no pudieron acceder a su vivienda.

Con tales medidas de hecho, se les privó a su persona y familia, de su derecho a una vivienda, como de residencia, permanencia y circulación, mismos que se encuentran reconocidos en el texto de la Constitución Política del Estado.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La peticionante de tutela considera lesionados sus derechos a la vivienda, a la propiedad privada, a la inviolabilidad de su domicilio, a la libertad de residencia, permanencia y circulación, al trabajo y a la salud (acceso a los servicios básicos) citando al efecto los arts. 21.7, 25.I, 56.I y 109 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 15 de diciembre de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 75 a 77 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La demandante de tutela, a través de su abogado, en audiencia se ratificó en el contenido íntegro de su demanda de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de los demandados

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión, compulsa y verificación de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.2. La SCP 0084/2020-S3 de 16 de marzo, emitida dentro la acción de amparo constitucional interpuesta por Dora Epifanía Aguirre Rodríguez y Pablo Cesar Rada Aguirre contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berríos Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; Ernesto Macuchapi Laguna y Félix Rómulo Tapia Cruz, Vocales de la Sala Civil y Comercial Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Carmiña Ninoska Vera Márquez, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoquinta de la Capital del departamento de La Paz, que en su parte RESOLUTIVA, CONFIRMA la Resolución 101/2019 de 30 de mayo, cursante de fs. 324 a 329, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, misma que denegó la tutela impetrada.

II.3. Cursa Certificación 32/2020 de 11 de noviembre, emitida por Yuly Verónica Tupa Sánchez, Notaria de Fe Pública 87 de La Paz, quién se constituyó en la avenida Costanera 1223 de la zona Villa Copacabana, Edificio Multifamiliar Claveles de Rada, para realizar la entrega de la carta de 9 de noviembre de 2020, enviada por Rina Magalí Peña Pérez y dirigida a Dora Epifanía Aguirre Rodríguez, pidiendo que se le entregue las nuevas llaves de ingreso de la puerta del Edificio Multifamiliar Claveles de Rada, carta que fue notariada el 11 de noviembre de 2020 (fs. 26 a 27 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La demandante de tutela considera lesionados sus derechos a la vivienda, a la propiedad privada, a la inviolabilidad de su domicilio, a la libertad de residencia, permanencia y circulación, al trabajo y a la salud (acceso a los servicios básicos); toda vez que la demandada le impidió la entrada a su vivienda, debido a que se aprovechó de que la impetrante de tutela y su familia se ausentaron temporalmente de su domicilio, procediendo a cambiar las cerraduras de la puerta de ingreso al Edificio Multifamiliar Claveles de Rada, en la avenida Costanera 1223 de la zona Villa "Copacabana" de la ciudad de La Paz; Departamento 2 "B", en el cual tiene constituido su domicilio desde el año 2008, remitiéndole en varias oportunidades notas a la demandada, para que le permita tener acceso a su departamento, sin que haya obtenido respuesta alguna a sus solicitudes, en mérito a ello, denuncia la comisión de medidas de hecho ejercidas en su contra por la demandada y solicita se conceda la tutela impetrada.

III.1. La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia

La justicia constitucional en varias Sentencias relevantes, como en la SC 0832/2005-R de 25 de julio1, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre2 y en especial en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refiere que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho y a la justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido respectivamente, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, están al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. En efecto en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

...sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de "Estado de derecho" o "Estado bajo el régimen de derecho" cuya base ideológica es "un gobierno de leyes y no de hombres", nace sepultando el modelo de "Estado bajo el régimen de la fuerza", el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley.

En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como "Estado de derecho legislativo" o "Estado legal de Derecho", empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad.

Actualmente, el Estado de derecho, se configura como "Estado constitucional de Derecho", que es "...un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación", o en palabras de Prieto Sanchís "...no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización".

De igual forma, la referida SCP 1478/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, expresa de manera explícita su preocupación -se reitera en este fallo- sobre las recurrentes denuncias de actos vinculados con medidas o vías de hecho a través de las diferentes acciones de defensa -acciones de amparo constitucional, libertad y popular- en diferentes supuestos, calificándolo como un problema estructural, como son:

En ese orden, la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, desde un análisis estructural, adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas, jurídicas y servidores públicos a asumir justicia por mano propia, con el objetivo de buscar la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho fuerte, traducido en la existencia y respeto a la institucionalidad y en especial a la independencia en la administración de justicia, con un modelo de justicia plural eficiente, al servicio de la protección, tanto de derechos individuales como colectivos, con acceso a la justicia en sentido amplio, para la convivencia pacífica de los ciudadanos, que es un mandato prescrito principalmente en los arts. 1, 2, 9 y 178 de la CPE. III.2. El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas o vías de hecho

En correspondencia con lo anteriormente señalado, la citada SCP 1478/2012, entiende que el desconocimiento de particulares o servidores públicos de la existencia de mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, tiene consecuencias jurídicas como es la fractura del Estado Constitucional de Derecho y la supresión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas. Así, en el Fundamento Jurídico III.1.1 establece:

El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en "el derecho protector de los demás derechos" y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho.

En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución.

En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina).

Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión (las negrillas son incorporadas).

Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia, a partir del criterio de interpretación contenido en el art. 196.II de la CPE; esto es, de la voluntad del constituyente, debe ser garantizado en un sentido amplio por el Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía de la Constitución Política del Estado y de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que tiene naturaleza judicial y es de composición plurinacional, sin exclusión; más por el contrario, de forma compartida con los jueces y tribunales de garantías y los de la pluralidad de jurisdicciones; en especial, por los órganos de cierre, como son el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, que se constituyen en los garantes primarios de la Ley Fundamental -SCP 0112/2012 de 27 de abril7- que conforman la función judicial única, en mérito al art. 179 de la CPE, mediante la cual se resguarda la unidad del sistema jurídico plural, bajo un modelo de justicia plural, regido por el principio de unidad de la función judicial. Esta pluralidad de jurisdicciones, como se señaló, está compuesta por los órganos judiciales formales competentes -jurisdicción ordinaria; jurisdicción agroambiental; y, jurisdicciones especializadas en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, etc.-; por las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC) a través de sus autoridades naturales -jurisdicción indígena originaria campesina-; y, otros medios alternativos de solución de conflictos, reconocidos por el orden constitucional y legal, a los cuales se extiende la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales -SCP 0112/2012-.

En efecto, la Norma Suprema reconoce una pluralidad de fuentes normativas presentes en la realidad jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia, que visibilizan la existencia de otras formas de producción jurídica en la sociedad, de grupos, comunidades, sindicatos, corporaciones en general etc., que se autorregulan y ejercen un tipo de función jurisdiccional y solucionan conflictos, que demuestran que no solo el Estado crea derechos y gestiona el conflicto a través de la pluralidad de jurisdicciones formalmente reconocidas, sino que, existen otros derechos creados independientes de aquél; cuyo ejercicio, se advierte, debe tener un techo constitucional, pero además, internacional, de respeto a los derechos fundamentales, en el marco de la unidad de la Constitución Política del Estado, aspecto que constituye un verdadero reto para la conformación y consolidación del Estado Constitucional de Derecho, debido a la necesidad de coordinación, armonización, entre esas fuentes normativas plurales.