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TCP

0076/2025-O

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Auto Const. P. 0076/2025-O

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0076/2025-O Sucre, 19 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional

Expediente: 48968-2022-98-AAC Departamento: Oruro

En la queja por incumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Yuri Rojas Saavedra contra José Carlos Montoya Condori y Filimón Condori Calizaya, Vocales de la Sala Especializada Contenciosa Administrativa Social Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la denuncia de incumplimiento

Por memorial presentado el 12 de noviembre de 2024, cursante de fs. 663 a 674, José Yuri Rojas Saavedra -accionante dentro de la acción de amparo constitucional descrita supra-, formuló denuncia de queja por incumplimiento de la , ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, refiriendo en síntesis lo siguiente:

Los Vocales demandados en la acción de amparo constitucional en cumplimiento de la Resolución constitucional de 13 de agosto del indicado año, pronunciada por la referida Sala Constitucional, emitieron la Sentencia 29/2024 de 27 de agosto a través de la cual nuevamente, lesionaron de manera flagrante sus derechos; por cuanto, se niegan a cambiar la parte dispositiva de su resolución inicial, empeñándose en mantener una sanción totalmente desproporcional.

La , estableció la obligación de realizar un análisis de manera individualizada y motivada en relación a los elementos de prueba; sin embargo en la Sentencia 29/2024, los Vocales demandados no consideraron ni analizaron dos pruebas esenciales consistentes en el acta de ingreso de uno de los motores de la Empresa Minera Huanuni, y el libro de registros que daba cuenta de que esos equipos entraron a predios de la referida institución.

Por otra parte, el fallo cuestionado hizo mención a un supuesto daño económico al Estado sin exhibir ningún elemento probatorio cursante en el expediente que afiance esa afirmación, más aun cuando según la jurisprudencia constitucional las autoridades judiciales y administrativas deben basar sus decisiones en pruebas legítimas y fundadas.

Otro punto que no mereció una adecuada fundamentación en la resolución es la relación establecida entre un proceso administrativo y una causa penal señalando que este último era consecuencia del primero; aspecto que no fue probado en el expediente y no existe evidencia que demuestre aquello. La , exigía que la motivación de las resoluciones sea clara y vinculada a hechos probados, siendo que en el caso en cuestión no existía prueba para determinar la relación entre el proceso administrativo y el penal.

Se desconoció el principio de proporcionalidad al no valorar adecuadamente los elementos probatorios como el acta de ingreso de motores y el libro de registro; asimismo, la , dejó claro que al tratarse de imposición de sanciones que afecten a derechos fundamentales debe realizarse un análisis pormenorizado de proporcionalidad y siendo que la sanción de retiro definitivo no parecía adecuada ni necesaria si se considera que: existían pruebas que demostraban que no actuó con ánimo de apropiación indebida de los motores sino con el objetivo de evitar un desabastecimiento de oxígeno aspecto que debe evaluarse para la correcta aplicación de una sanción; los elementos probatorios como el acta de ingreso y libro de registros eran suficientes para mitigar la gravedad de la sanción; asimismo era previsible buscar un castigo alternativo menos gravoso como una amonestación o multa económica que habría logrado los fines perseguidos sin afectar sus derechos laborales.

De acuerdo a la , el juicio de proporcionalidad debe contar con tres subprincipios la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto; en ese contexto, la sanción de retiro definitivo sería considerada idónea si no existen otras medidas que pudieran ser igualmente efectivas. Asimismo, conforme lo dispuesto por el citado fallo constitucional, la nueva resolución que emita el órgano jurisdiccional debe modificar la sanción impuesta.

I.2. Petitorio

Solicitó ordenar a las autoridades demandadas a que en el término improrrogable de setenta y dos horas cumplan con lo dispuesto en la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional debiendo presentar ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, nueva resolución que acredite ese acatamiento; y, disponer que en caso de incumplimiento se remitan antecedentes al Ministerio Público para el correspondiente procesamiento de los Vocales demandados por el delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa previsto en el art. 179 bis del Código Penal (CP).

I.3. Trámite de la denuncia de incumplimiento en la Sala Constitucional

I.3.1. Informe de los demandados

En consideración a la denuncia por incumplimiento descrita en los apartados precedentes, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el proveído de 13 de noviembre de 2024, disponiendo la notificación a las autoridades demandadas, a objeto que informen sobre el cumplimiento de la (fs. 675); presentando en ese orden, FilImón Condori Calizaya y José Carlos Montoya Condori, Vocales de la Sala Especializada Contenciosa Administrativa Social Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, informe escrito el 19 de noviembre del 2024, cursante de fs. 693 a 696 vta., señalando que:

  1. a)En cumplimiento de la , se procedió a desarrollar el test de proporcionalidad;
  2. b)El núcleo de la Sentencia dictada está vinculada a la salida de dos motores trifásicos de predios de la Empresa Minera Huanuni, movimiento autorizado por el activante de queja, sin aprobación de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de esa institución, y la segunda transgresión cometida por el prenombrado consistía en una irregularidad en el proceso de contratación directa para realizar el mantenimiento a esos motores, contraviniendo el art. 7 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) -Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio de 2009-, esas y otras responsabilidades atribuibles al denunciante de queja fueron valoradas motivadas y fundadas a tiempo de emitir la resolución correspondiente, evaluando todos los elementos para considerar la proporcionalidad de la actividad administrativa desarrollada limitando la competencia al control de legalidad conforme la "...Sentencia 06/2022 de 15 de febrero, Sala Social Segunda..." (sic);
  3. c)La jurisprudencia constitucional ha referido que la justicia constitucional a través de la acción de amparo constitucional no puede sustituir a la jurisdicción contenciosa administrativa en el control de legalidad que realiza la mismas más aun cuando la acción de amparo constitucional es un instrumento para la protección de derechos; empero, no es la vía adecuada para dirimir derechos controvertidos conforme lo establecido en la ;
  4. d)El activante de queja señaló que no se observaron dos pruebas; empero, ese cuestionamiento jamás fue parte del debate de la acción de amparo constitucional, ni en la queja anterior constituyéndose en un argumento sobreviniente que se pretende introducir en la presente queja y posiblemente en una posterior reclamación, se pretenda introducir otros elementos que no fueron debatidos; no obstante, esos elementos probatorios solo demostraban que no se cumplió con el procedimiento previsto por las NB-SABS Sistema de Administración de Bienes y Servicios según el DS 0181; y,
  5. e)El denunciante de queja, pretende la restitución a su puesto de trabajo del cual fue desvinculado mediante procedimiento administrativo; sin embargo, en la acción de amparo constitucional, no se reclamó ese extremo, de tal modo que la no dispuso restitución ordenando solamente mayor motivación fundamentación y valoración vinculado a la proporcionalidad de la sanción; aspecto que se cumplió con la Sentencia 29/2024.
I.3.2. Resolución de la Sala Constitucional

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, pronunció la Resolución de 23 de enero de 2025, cursante de fs. 707 a 713 vta.; por la que, declaró "HA LUGAR" la QUEJA POR INCUMPLIMIENTO de la , decisión asumida con base en los siguientes fundamentos:

  1. 1)Los Vocales demandados reiteraron los mismos argumentos que expusieron en la anterior Sentencia 53/2023, que fue dejada sin efecto a través de sus atribuciones como Sala Constitucional; sin embargo, esta vez incorporaron a partir del acápite c12 otros argumentos, con los que a criterio de las autoridades demandadas dieron cumplimiento a lo determinado en la , dedicando todo un fundamento a establecer la naturaleza de los procesos contenciosos administrativos, señalando que es un juicio de puro derecho, y que la intervención del Tribunal contencioso se limita a comprobar la legalidad o no de los actos administrativos;
  2. 2)Los Vocales demandados en lo concerniente al principio de proporcionalidad aludieron a los criterios desarrollados en las y ; asimismo, refirieron que la medida asumida por la Empresa Minera Huanuni fue en proporción a los actos en los que incurrió activante de queja, quien pese a alegar que recibió órdenes de su inmediato superior adecuó su conducta de forma contraria a lo que establece el DS 0181, vinculado al procedimiento administrativo de contratación de bienes y servicios que genera responsabilidad por la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-; explicando las citadas autoridades que en el caso no existía un contrato administrativo para que los motores trifásicos sean trasladados a una empresa que no fue adjudicada para brindar algún servicio;
  3. 3)En el acápite c13, las autoridades demandadas a su criterio efectuaron el juicio de proporcionalidad exigido por la en torno a cuatro ejes:
  4. i)La situación jurídica de la empresa minera respecto a la infracción;
  5. ii)La formación profesional del actor;
  6. iii)El reiterado incumplimiento procedimental al DS 0181;
  7. iv)El daño económico generado a la Empresa Minera Huanuni y por ende al Estado; y,
  8. v)El incumplimiento de deberes del actor;
  9. 4)Los Vocales demandados pretendieron cumplir con la fundamentación y motivación exigidas por la , citando las Sentencias Constitucionales extrañadas sobre proporcionalidad e identificando los actos irregulares que habría cometido el denunciante de queja; no obstante, dicha labor no resultaba coherente con el test de proporcionalidad y los sub principios definidos que lo componen descritos en el citado fallo constitucional;
  10. 5)Las citadas autoridades persisten en reiterar los argumentos que fueron observados en ese fallo constitucional; al señalar que "...la actuación del ahora denunciante constituye una contravención conforme a ley; y que, se le impuso la sanción de retiro definitivo porque la misma está prevista por el art. 29 de la Ley 1178 y los arts. 53 inc. d) y 57 del Reglamento Interno Tipo de COMIBOL, normativa que el trabajador conoce como parte de su obligación contractual; cuando ya, el Tribunal Constitucional señaló que, esa conclusión no cumple con las exigencias argumentativas que exige el juicio de proporcionalidad..." (sic), sino que contrariamente supone asumir la existencia de una potestad reglada; y, no obstante, que pretendieron reforzar dichos extremos incorporando en sus alegatos relativos a la proporcionalidad específicamente en el "inc. d)" el daño económico que se generó a la Empresa Minera Huanuni, afirmando que la salida de los dos motores trifásicos sin contrato previo de adjudicación, del monto que debería pagar COMIBOL, generó un perjuicio al Estado; razonamiento efectuado sin un sustento probatorio como denuncia el activante de tutela;
  11. 6)Las autoridades demandadas no consideraron que quien determina la responsabilidad civil es el Juez competente como resultado de la aplicación de la jurisdicción coactiva fiscal o en la jurisdicción ordinaria en materia civil en los casos que no hubiera podido cuantificar el daño ocasionado más aún cuando debió considerarse el art. 33 de la Ley 1178; ya que la estableció que correspondía verificar si la aplicación de la sanción era necesaria;
  12. 7)El denunciante de queja cuestionó una omisión valorativa de la prueba que consideraba pudo acreditar que su actuar no tenía intención de apropiarse indebidamente de los motores, sino que fue con el objeto de evitar un desabastecimiento de oxígeno y que ello se podía demostrar en el acta de ingreso de uno de los motores a la Empresa Minera Huanuni, que devela la salida de uno de esos equipos para su reparación y que fue devuelto después de esa labor, esos extremos podían ser corroborados de la valoración del libro de registro que dan cuenta del ingreso de esos motores; sin embargo, respecto a esos elementos probatorios no se tiene ningún pronunciamiento o referencia por parte de los Vocales demandados; y,
  13. 8)No era evidente como manifiesta el hoy activante de queja que la , hubiera ordenado se cambie la parte dispositiva de la resolución; es decir, modificar la destitución, sino que la sentencia pronunciada por las autoridades demandadas debía ser emitida con la debida fundamentación y motivación poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada y explicando por qué se aplicaría la sanción impuesta y además que esa labor, este en el marco de un juicio de proporcionalidad y en los casos en los que se establece la sanción de destitución del cargo, en el marco del principio de favorabilidad será posible la aplicación de sanciones menores.

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