0078/2020-S1

Enterada de la existencia de dicho terreno el año 2009, trató de inscribir el terreno en DD.RR., para que su hermano no lo vendiera; sin embargo, al estar cancelada la Partida 01100911 que le correspondía a su padre, activó la vía judicial ordinaria con dos pretensiones:

1. a)El reconocimiento de su derecho sucesorio a la muerte de su padre al ser descendiente en calidad de hija y consiguientemente copropietaria en relación al lote antes descrito, debiendo inscribirse en la Partida 01100911 su derecho de propiedad; y,
2. b)La nulidad de la Escritura Pública 478/2001 de 23 de agosto, de venta de una parte del terreno señalado a Petrona Titirico Quispe Vda. de Tintaya y la cancelación de la Matrícula "hija" 2010990030327, más pago de daños y perjuicios.

Es así, que llega a dictarse el Auto Supremo 1269/2018 de 18 de diciembre, el cual es atentatorio de sus derechos; toda vez que, vulnera el debido proceso, puesto que:

1. 1)No se pronunció respecto al reconocimiento del derecho sucesorio que le asiste, declarado probado en Sentencia y confirmado en el Auto de Vista, emitiendo una resolución incongruente;
2. 2)Solo resolvió sobre la nulidad de Escritura Pública, determinando que la venta que se había realizado por tal documento era legal, debido a que supuestamente existiría un mandato establecido en el Documento Privado de 10 de septiembre de 2000; es decir, efectuando una valoración arbitraria e irrazonable respecto de dicha pieza; y,
3. 3)En la parte resolutiva del mencionado Auto Supremo se declara improbada la demanda "sobre Nulidad de Escritura Pública y otros" (sic), siendo por lo tanto imprecisa y carente de los requisitos formales, indispensables y obligatorios.

Juan Carlos Berríos Albizú y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 4 de julio de 2019, cursante de fs. 147 a 152 vta., señalaron lo siguiente:

1. i)La acción interpuesta se asemeja más a un memorial de alegatos cual si se tratará de un recurso de revisión en la vía ordinaria;
2. ii)Respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes de debida motivación, fundamentación y congruencia, porque en el Auto Supremo no existiría pronunciamiento sobre la pretensión de reconocimiento de derecho sucesorio ni sobre la inscripción de este en DD.RR., al haber sido este extremo admitido por la parte demandada, ya no constituye ni forma parte del objeto del proceso ni de la prueba, puesto que, ante la emisión del Auto de Vista S-83/2018 que confirmó la Sentencia de primera instancia que declaró probada en parte la demanda principal en cuanto a la nulidad de Escritura Pública 478/2001, la parte demandada interpuso recurso de casación, cuyos fundamentos, al estar centrados a acusar de manera exclusiva la viabilidad de la demanda de nulidad, en virtud precisamente del principio de congruencia que establece que toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria entre lo solicitado y lo resuelto, se procedió a analizar, considerar y exponer las razones por las cuales resultaba errado el entendimiento asumido por los jueces de instancia; por lo que, se emitió 0Auto Supremo 1269/2018 casando precisamente lo que fue objeto de casación, es decir la viabilidad de la nulidad de la citada Escritura Pública, declarando en consecuencia improbada dicha pretensión;
3. iii)Si la parte ahora accionante, una vez que fue puesto en su conocimiento el citado Auto Supremo, advirtió la supuesta omisión que ahora acusa, esta se encontraba facultada para solicitar, dentro del plazo señalado por ley, la complementación, enmienda y/o aclaración sobre este hecho en particular y de esta manera lograr la subsanación de la supuesta omisión;
4. iv)Respecto a la arbitraria valoración del Documento Privado de 10 de septiembre de 2000; toda vez que, esa documental habría sido considerada como un mandato o poder que aún no fue revocado cuando ambas partes procesales habrían confesado que no lo era; sobre el particular se ingresó a valorar dicho medio probatorio en virtud al reclamo expreso de la parte demandada que acusaba que el criterio asumido por el Tribunal de apelación de qué para la compraventa plasmada en la Escritura Pública 478/2001 era necesario el otorgamiento de un mandato especial, sería un criterio errado, pues no se habría tomado en cuenta, y por ende no se habría valorado correctamente, que en el Documento Privado de 10 de septiembre de 2000, la accionante habría otorgado su consentimiento para la venta del bien inmueble objeto de litis. En ese contexto, en casación, ingresó a valorar y considerar dicha prueba documental, advirtiéndose que el demandado en el proceso civil actuó en representación no solo de su madre, sino también de sus hermanos, entre ellos la ahora impetrante de tutela, adquiriendo en consecuencia el citado Documento Privado, la calidad de mandato expreso conforme lo establecen los arts. 805, 810.I y 467 del sustantivo civil, pues el prenombrado se encontraba plenamente facultado para realizar dicho acto de disposición; consiguientemente, mientras el acto jurídico no sea revocado, o dejado sin efecto o validez, mediante sentencia ejecutoriada, el mismo tiene la calidad de prueba plena con los efectos jurídicos que conlleva, por lo tanto el reclamo de que se habría realizado una arbitraria valoración de la prueba, no resulta evidente; y,
5. v)Finalmente, sobre la violación de los derechos sucesorio y de propiedad porque no se habría señalado nada sobre la pretensión de reconocimiento de derecho sucesorio, ni sobre la inscripción de este en DD.RR., esas acusaciones tampoco son evidentes, pues, en estricto cumplimiento del principio de congruencia se consideraron y analizaron aquellos extremos que fueron objeto del recurso de casación, recayendo en ese sentido la determinación asumida en dicha resolución sobre estos aspectos y no así sobre lo que no fue objeto de denuncia en casación.