0078/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia, ordenar:

1. a)Al demandado proceda a la apertura de su taller en el día; y,
2. b)Se determine costas y costos, más daños y perjuicios por el tiempo que se le impidió ejercer su actividad laboral.

José Edilberto García Quinteros, presentó informe escrito el 3 de febrero de 2021, cursante de fs. 59 a 62, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. 1)En su condición de propietario de un bien inmueble ubicado en la Av. Melchor Pérez de Olguín esq. Pedro Sarmiento de Gamboa s/n, suscribió un contrato de arrendamiento con el accionante el 15 de enero de 2019, debido a que dicho instrumento no fue reconocido ante un Notario de Fe Pública y solicitó la medida en la vía judicial;
2. 2)Se estableció que el tiempo de duración del contrato sería de un año forzoso y otro voluntario, a cuyo vencimiento el inquilino estaba obligado a entregar el inmueble; conforme a ello, desde el 15 de enero de 2021 no existía ningún tipo de relación contractual con Juan Manuel Matías Tancara;
3. 3)Señaló que el arrendatario solo canceló dos meses de alquiler, por lo que se deduce una deuda de veintidós meses, que no fue pagada debido a que se aprovechó de su condición de adulto mayor;
4. 4)Cumplido el término del acuerdo de partes, el 19 de noviembre de 2020 se entregó carta notariada comunicando el vencimiento del contrato y solicitando la entrega del inmueble en las mismas condiciones en que le fue cedido. De este modo el inquilino se comprometió a la desocupación y pidió que se ponga un candado para poder resguardar la propiedad; así mismo, señaló que vendría esporádicamente a fin de terminar los trabajos pendientes en los vehículos que se encontraban en el taller;
5. 5)Por tal razón y con la autorización del arrendatario, se puso un candado y se hizo énfasis que él y sus empleados podían ingresar libremente a trabajar por medio de la puerta principal, tal cual se demostró con la galería de fotos adjuntada. A raíz de ello, no se evidenció lesión del derecho al trabajo del impetrante de tutela;
6. 6)Del Acta de Verificación Notarial elaborado por Rosa Colque Llanque, Notaria de Fe Pública 49 del departamento de Cochabamba, se demostró que no sucedieron las vulneraciones alegadas y que el inquilino y su personal sí podían ingresar libre y pacíficamente a realizar sus labores en el taller que se encontraba dentro de su propiedad; y,
7. 7)Ante el incumplimiento de los requisitos previstos por el art. 128 de la CPE, corresponde la denegación de la tutela.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 0023/2021 de 4 de febrero, cursante de fs. 65 a 70 vta., concedió la tutela impetrada, prohibiendo que José Edilberto García Quinteros limite al accionante el ingreso al inmueble arrendado y que proceda al retiro del candado puesto en el acceso principal al taller; decisión que fue asumida conforme a los siguientes fundamentos:

1. i)Se evidenció la existencia de un contrato de arrendamiento suscrito entre el solicitante de tutela y el demandado, en calidad de arrendatario y arrendador respectivamente, de 15 de enero de 2019;
2. ii)El mismo tenía como duración de un año forzoso y otro voluntario, y se dispuso que ante el incumplimiento del pago de un mes de alquiler, el inquilino ingresaba en mora sin requerimiento judicial ni extrajudicial; en consecuencia, se comprometía a desocupar el inmueble;
3. iii)De los elementos de prueba acompañados por el solicitante de tutela; Acta de Verificación Notarial de 19 de enero de 2021 y muestrario fotográfico, se evidenció que la puerta del garaje del inmueble arrendado donde funciona el taller de chapería y pintura, se encontraba asegurada con una cadena de color plateada (hecho reconocido por el demandado); asimismo, se advirtió la existencia de seguridad en el lugar;
4. iv)De la verificación del Número de Identificación Tributaria (NIT), se demostró que la actividad laboral de Juan Manuel Matías Tancara era el mantenimiento y reparación de vehículos automotores, teniendo como domicilio para dicha actividad justamente el inmueble objeto de la acción tutelar, lo cual fue refrendado por el Registro de Comercio de Bolivia, documentos que se encontraban a nombre del accionante;
5. v)En el caso concreto se evidenció que el 15 de enero de 2021, José Edilberto García Quinteros mediante vías de hecho, utilizó una cadena y un candado para impedir que el demandante de tutela ingrese al inmueble dado en arrendamiento. Ahora, si bien el demandado manifestó que dicho accionar fue consensuado, es necesario precisar que en su actividad laboral el impetrante de tutela necesita el acceso irrestricto e ilimitado a la puerta del garaje de ingreso al taller, a fin de la entrada y salida de los vehículos que son objeto de reparación y mantenimiento;
6. vi)Los actos asumidos y el hecho de cerrar y asegurar con una cadena y un candado la puerta principal de ingreso al taller, no permitir que el inquilino desarrolle su actividad laboral, fue contrario a lineamientos jurisprudenciales y a las normas previstas en la Constitución Política del Estado;
7. vii)El art. -7- de la Ley del Inquilinato de 11 de diciembre de 1959, determina que la única forma que un contrato de locación fenece, es por la entrega voluntaria del inmueble y las causales de desahucio previstas por ley. En el mismo orden, el art. 10 de la citada disposición legal, señala que el propietario o locador, están prohibidos de reducir o limitar a los inquilinos los servicios de agua potable, electricidad, higiénicos, el uso del patio, el libre tránsito y todo lo que refiera a usos comunes. Dicha norma debe contrastarse con la cláusula octava del contrato de arrendamiento de 15 de enero de 2019, mediante el cual el propietario se compromete a no perturbar la posesión temporal del inquilino ni perjudicar su permanencia;
8. viii)Sobre el supuesto consenso para asegurar la puerta del garaje, no se observó la existencia de un elemento material y objetivo que condiga dicho extremo. Tomando en cuenta la presencia de un contrato suscrito entre partes, el incumplimiento del mismo debió ser reclamado por medio de las vías llamadas por ley, y no a través de la adopción de medidas de hecho que restringieron la actividad laboral desarrollada por el impetrante de tutela; y,
9. ix)"...el derecho al trabajo y su realización conlleva la satisfacción de otros derechos, la satisfacción de la necesidades del propio accionante, de su entorno así como de los trabajadores que se encuentran bajo su responsabilidad, por lo que en función a los fundamentos expuestos precedentemente, obligan a este Tribunal de Garantías otorgar la tutela solicitada" (sic).