Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0079/2019-S2 Sucre, 5 de abril de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 25212-2018-51-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 11/2018 de 17 de agosto, cursante de fs. 148 a 152 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erick Carlos Aliaga Linares contra Rubén Ramírez Conde y Lourdes Martha Núñez Flores, Vocales de la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda y Tercera, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 9 y 14 de agosto de 2018, cursantes de fs. 102 a 113; y, 117 a 118 respectivamente, el accionante expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso laboral de cobro de beneficios sociales, instaurado por Jeaqueline Sandra Agustina Cáceres Soria contra la empresa Gran Logia Rito de York en Bolivia, fue demandado en dicho proceso; empero, no tenía vínculo laboral alguno con la demandante; por lo que, interpuso excepción de impersonería, y fue declarada probada por la Resolución 212/2017 de 31 de mayo; sin embargo, en respuesta al recurso de apelación incidental planteado por la parte actora, los Vocales hoy demandados, pronunciaron el Auto de Vista A.I. 041/2018 de 4 de mayo, teniendo por improbada a la aludida excepción.
Acusa que dicho Auto de Vista, resultó incongruente y carente de fundamentación; en razón a que:
- a)No consideró que el Poder 1652/2014 de 17 de julio, acreditaba a Modesto Anuar Auad Arandia como apoderado; y, señalaba la organización institucional de la entidad, diferenciando entre el estamento nacional y el departamental; de forma que, un representante de nivel departamental no podía asumir las obligaciones y la representación de su similar nacional;
- b)Se fundó la determinación sobre la base de la conformación de un Directorio, sin que tal punto fuera observado en el recurso de apelación incidental;
- c)Los Vocales ahora demandados, confundieron la institución Gran Logia del Rito de York en Bolivia con una delegación nacional, sosteniendo que ambas instancias eran lo mismo, sin explicar y fundamentar debidamente tal aseveración; y,
- d)No estaba comprendido dentro de lo previsto por el art. 120 del Código Procesal del Trabajo (CPT), es más según sostuvo la propia denunciante en el proceso, que ella guardaba una relación de dependencia con la instancia nacional; y, no con el hoy accionante; empero, el citado Auto de Vista no consideró tal extremo, ni resolvió todos los argumentos que expuso en la respuesta al recurso de apelación, actuando de forma parcializada al atender únicamente lo señalado por la contraparte.
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
El accionante señaló como lesionados sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus vertientes de igualdad de las partes, congruencia, suficiente fundamentación y motivación de las resoluciones; citando al el efecto los arts. 14, 115.I, 117 y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista A.I. 041/2018, disponiéndose el pronunciamiento de uno nuevo auto.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
Celebrada la audiencia pública, el 17 de agosto de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 144 a 147, produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante a través de su abogado ratificó en su integridad la acción tutelar presentada y ampliándola señaló que:
- 1)El Auto de Vista A.I. 041/2018, se amparó en el art. 72 del CPT, sin especificar ni fundamentar jurídicamente las razones por las cuales se consideró al accionante como presidente, gerente general, administrador o personero legal de la entidad demandada;
- 2)Las autoridades ahora demandadas, aplicaron únicamente el art. 72 de la norma citada -invocada por la demandante-; y, no el contexto general, ni la previsión de los arts. 804 y ss. del Código Civil (CC), sobre los mandatos;
- 3)El art. 72 del CPT, señalaba que en el caso de personas jurídicas, la citación con la demanda debía realizarse al presidente, gerente general, administrador o personero legal; empero, con base en aspectos genéricos se consideró que el hoy accionante en su calidad de Vocal se encontraba legitimado para actuar dentro del proceso, transgrediendo el "principio de la interpretación de la legalidad ordinaria" (sic); y,
- 4)No se estableció la relación laboral (vínculo entre el empleador y la trabajadora), en virtud al cuál se establecía prestaciones recíprocas, como cumplimiento de un horario, salario, entre otros; que facilitaban la posibilidad de establecer si el impetrante de tutela debía o no ser parte del proceso.
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