0079/2022-S3

Los accionantes, a través de sus abogados, en audiencia virtual ratificaron los argumentos de su demanda constitucional, y ampliándolos manifestaron que:

1. a)Su despido sería aceptable si renunciara la Gobernadora titular del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, pero en el caso la nombrada solo tenía baja médica;
2. b)Corresponde la abstracción de la subsidiariedad ante la posibilidad de que la tutela resulte tardía o cuando se trata de medidas de hecho como acontece en el presente caso donde no fueron notificados con "nada", solo fueron notificados por la Notaria de Gobierno hoy coaccionada con el memorando de designación de los funcionarios que los suplirían en funciones el mismo día que ingresaron a las oficinas; y,
3. c)La medida de hecho se evidencia al no entregarles una carta de despido y designándolos a otros en su lugar.

En uso de su derecho a la réplica señalaron que:

1. 1)De lo manifestado por Jorge Felipez Yavi -tercero interesado- sobre darles gracias por sus servicios al retorno de la Gobernadora titular, nunca se efectuó aquello por el Gobernador interino ahora accionado, es más, no se les dio a conocer su desvinculación, y si bien las oficinas están abiertas no debe olvidarse que no pueden ingresar porque existen otras personas cumpliendo esas funciones; y,
2. 2)Nunca se mencionó que fueran funcionarios de carrera, siendo de su conocimiento que son de libre nombramiento por ello invocaron el Dictamen 001/2015 de la Procuraduría General del Estado para referir la protección de los servidores de libre nombramiento.

Wilson Quiñones Ugarte, Gobernador a.i. del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, mediante informe presentado en audiencia a través de su representante legal, solicitó se deniegue la tutela impetrada señalando que:

1. i)No se agotó la vía administrativa, puesto que no se impugnó en revocatorio las destituciones, como tampoco los impetrantes de tutela se apersonaron al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social;
2. ii)Los mismos peticionantes de tutela reconocen que fueron designados por la Gobernadora del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, quien al enfermar con COVID-19, asumió la suplencia el accionado haciendo uso de sus atribuciones establecidas en el art. 55 del Estatuto Orgánico del departamento de Pando, estando facultado para designar y destituir a los secretarios bajo su dependencia, aspecto que no es debidamente interpretado por los peticionantes de tutela;
3. iii)La citada norma es concordante con el art. 5 inc. c) de la LEFP referido a funcionarios de libre nombramiento, y los accionantes al no ser de carrera no pueden invocar la inamovilidad laboral ni exigir estabilidad laboral, aplicándose a su caso la disposición del art. 59 de la citada Ley, por ser funcionarios provisorios, así como corresponde aplicar la jurisprudencia de la "...SCP 0474/2011-R de 18 de abril (de lectura) y la SC 1068/2011-R..." (sic); y,
4. iv)No existe nexo causal entre el hecho vulnerador y el derecho, al no señalar cómo el Gobernador a.i. lesionó sus derechos, como tampoco existe normativa que le prohíba ejercer funciones.

Jorge Felipez Yavi -designado por el Gobernador a.i. como nuevo Secretario Departamental de Asuntos Jurídicos-, en audiencia solicitó denegar la tutela impetrada manifestando que:

1. a)Sorprende la interposición de la presente acción de defensa; toda vez que, su persona y los accionantes reconocen ser de libre nombramiento, adecuando su trabajo según lo previsto por el art. 4 de la LEFP debido a que ocupan cargos de confianza; por lo que, si retorna la Gobernadora titular y le da las gracias por sus servicios, se deberá retirar de sus funciones, sin poder invocar estabilidad laboral;
2. b)Las autoridades electas y designadas tienen derecho a muñirse de personas de su confianza para dar continuidad al proceso que realizan a favor del departamento;
3. c)En ningún momento se les negó el ingresó a las oficinas, estando las puertas abiertas para todo el público en general; y,
4. d)La designación se realizó según lo previsto por el art. 55.13 del Estatuto -del Gobierno Autónomo Departamental de Pando-, concordante con el art. arts. 5 inc. c) de la LEFP y además de la jurisprudencia sentada por la "...SC 0474/2011-R y la 0051/2012.R" (sic).

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por Resolución AAC 07/2021 de 8 de febrero, cursante de fs. 48 a 53 vta., concedió en parte la tutela solicitada, con relación a Wilson Quiñonez Ugarte, Gobernador a.i. del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, disponiendo que dicha autoridad, en el plazo de veinticuatro horas emita y haga conocer a los impetrantes de tutela el respectivo memorando donde se les ponga en conocimiento el cese de sus funciones y el motivo de ello, debiendo asumir los plazos del procedimiento administrativo en caso de no contar con normativa interna; y denegó la tutela con relación a la coaccionada Ariliana Puerta Cruz, por falta de legitimación pasiva; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)Con relación al reclamo vinculado a la actuación de Wilson Quiñones Ugarte, Gobernador a.i. del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, es pertinente tomar en cuenta que ambas partes reconocen la calidad de funcionarios públicos de libre nombramiento;
2. 2)Si bien los peticionantes de tutela invocan el numeral 78 del Dictamen General 001/2015 de la Procuraduría General del Estado, debe tenerse presente que dicha directriz, conforme establece el art. 18.8 de la citada Ley, establece que las directrices que se emiten son resguardo del interés nacional, con la finalidad de que las unidades jurídicas brinden un adecuado asesoramiento a las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE), lo que lleva a inferir que pueden generarse responsabilidad en los asesores y por ende en las MAEs;
3. 3)Sobre las facultades del Gobernador a.i., de acuerdo con lo dispuesto por el art. 53 del Estatuto Autonómico del departamento de Pando, se prevé la suplencia garantizando la estabilidad institucional, sin apreciarse limitaciones a sus funciones; por lo que, no puede pretenderse dar otra interpretación a dicha directriz;
4. 4)Por otra parte, el art. 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) establece que los órganos administrativos pueden ser sustituidos temporalmente, sin implicar alteración de sus competencias, cesando la sustitución al momento que desaparezca la causa que la motivó; por lo cual, la autoridad interina tiene las mismas competencias que el titular en virtud al principio de legalidad y presunción de legitimidad, sin dejarse de lado que las acciones de los servidores públicos están sujetos a responsabilidades en aplicación del art. 28 y siguientes de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-;
5. 5)La remoción de personal de libre nombramiento solo puede tener incidencia en relación a los resultados que de ella emerjan en beneficio o perjuicio de la gestión pública, de ser negativas serán responsabilidad de la MAE interina, quedando sujetas a control de la titular cuando retome funciones;
6. 6)Sobre la estabilidad laboral y reincorporación la SCP 0049/2019-S1 de 3 de abril, establece su reconocimiento al sector público y privado protegidos por la Ley General del Trabajo, pero que encuentra límites cuando se trata de servidores públicos de libre nombramiento que ocupan funciones de confianza y asesoramiento técnico, careciendo de inamovilidad; exceptuando a los progenitores y personas con capacidades diferentes que pueden ser removidos a otros cargos, según refirió la SCP 1686/2012 de 1 de octubre; por lo que, el cargo y las funciones de los accionantes están sujetas a las decisiones de la MAE, aún sea interina;
7. 7)Respecto al aviso previo de cese de funciones, el debido proceso y la nulidad de actos administrativos, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 7 inc. c) de la LEFP, y lo señalado por la SC 0474/2011-R de 18 de abril, los motivos para el cese de funciones debieron ser de conocimiento de los impetrantes de tutela, que en el caso no se cumplió, lo cual hace al debido proceso que difiere en los ámbitos administrativo y constitucional, especialmente en su vinculación con el derecho a la defensa; por lo que, los peticionantes de tutela a tiempo de conocer el cese de sus funciones hubiesen podido presentar los descargos de cualquier cuestión a su cargo, facilitando la entrega de la información en el marco de sus responsabilidades, que también incide en los actos de la MAE, o activar algún recurso de existir una normativa reglamentaria interna, al no haberse procedido con la comunicación se violentó dicha garantía;
8. 8)Con relación a la nulidad de los Decretos Ejecutivos 001/2021 y 002/2021, y el Instructivo 014/2021, en materia administrativa rige el principio de legalidad y presunción de legitimidad, requiriéndose entonces el agotamiento de las vías recursivas que correspondan, o en su caso de control judicial, no siendo viable buscar el reconocimiento de la ilicitud o invalidez de las mismas mediante esta jurisdicción, más aún si se afectaría a terceros;
9. 9)Respecto a la Notaria de Gobierno hoy coaccionada, no se observa alguna actuación cometida por la nombrada en desmedro de los derechos de los accionantes con relación a las pretensiones expuestas; y,
10. 10)No es posible dejar sin efecto los actos administrativos pretendidos por ser dictadas por autoridad competente; tampoco procede ordenar su reincorporación por su condición de funcionarios de libre nombramiento, lo que no quita responsabilidad a la MAE interina por efectos contrarios que pudiera generar la decisión que no corresponde su análisis en la presente acción de defensa, correspondiendo otorgar la tutela por la falta de comunicación en el cese de funciones por su incidencia en la responsabilidad de las funciones.