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TCP

0079/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
17 de marzo de 2026
Resumen del caso

Auto 0079/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0079/2026-CA Sucre, 17 de marzo de 2026

Expediente: 76470-2025-153-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz

En consulta la Resolución 01/26 de 5 de marzo de 2026, cursante de fs. 120 a 123, pronunciada por Héctor Alejandro Alarcón Antezana, Comandante General del Ejército, por el cual rechazó la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Darda Skarly Villegas Costas demandando la inconstitucionalidad de los arts. 10.2, 29.4, 30, 31 y 35 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Castigos "23", por ser presuntamente contrario a los arts. 15.II, 116, 117.I, 120.I y 202.1 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 22 de agosto de 2025, cursante de fs. 1 a 6 vta., la accionante indica que en los veintiséis años en servicio de la institución militar, no tuvo ningún problema hasta llegar al grado de Técnico III; es decir, en todo ese tiempo no fueron observados sus ascensos; sin embargo, en ese momento pretendieron exonerarla de su cargo con un simple informe, por no haber presentado fotocopia legalizada de su título en provisión nacional, para dicho efecto tendrían que iniciarle un proceso administrativo en el que se averigüe la verdad histórica de los hechos, al personal militar involucrado en la realización del proceso de cambio de escalafón civil; en los que su título fue acreditado como auténtico mediante informes técnicos y jurídicos.

El Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Castigos "23", en los arts. 10.2 de Faltas de cumplimiento estricto a órdenes superiores; y, 35 de Eludir responsabilidad teniendo posibilidad o competencia para asumirlas; los cuales, no habría cumplido; sin embargo, en ningún momento incumplió las órdenes de algún superior, siempre presentó toda la documentación que le solicitaron. El 2009, se realizó informes técnicos y legales que avalaron el cambio de escalafón a profesional, promovido por militares que trabajaban en el departamento de Recursos Humanos (RR.HH.), en ningún momento eludió responsabilidades; empero, este artículo lo utilizan para todas las sanciones sin tomar en cuenta si es personal civil o militar, con la que ahora le pretenden exonerar de su cargo sin previo proceso.

El art. 29.4 está referido a los empleados civiles que prestan servicio en el ramo de defensa nacional, quienes son pasibles al castigo de exoneración del cargo, si bien el personal civil es pasible a esa sanción; sin embargo, dicho artículo no dispone que debe ser mediante un proceso justo, respetando los derechos al debido proceso, defensa, justicia plural pronta y oportuna; motivo por el cual, contraviene el art. 115.II de la CPE; toda vez que, dicha reglamentación data de 1979 y no se actualizó.

El art. 30 del referido cuerpo normativo establece: "Los castigos a los empleados civiles del ramo de defensa nacional se aplicarán considerando los antecedentes disciplinarios, antigüedad en el cargo, jerarquía y categorización de los infractores" él mismo no fue tomado en cuenta a momento de realizar el informe legal; toda vez que, tiene veintiséis años de servicio, fue estafada por un suboficial que trabajaba en la oficina de RR.HH., y varios de sus colegas civiles que están con el mismo problema; empero, hasta el momento la institución no inició ningún proceso penal contra ese militar que cometió varios delitos por su grado jerárquico.

El art. 31 de la misma disposición legal dispone que: "Las autoridades militares que impongan castigos, deben proceder con la más estricta imparcialidad y solo cuando la falta sea evidente y comprobada por observación propia, mediante parte oficial o confesión: En caso de duda se procederá a esclarecer por investigación", dicha norma vulneró el bloque de constitucionalidad, normativas laborales de presunción de inocencia y derecho al debido proceso; ya que, la autoridad impuso la sanción de forma imparcial, sin haberse desarrollado una fase investigativa, pues no se sabe quién es el superior inmediato para conocer su recurso de impugnación, habiendo transcurrido más de dos meses sin resolverse; circunstancias por las cuales, solicitó la inconstitucionalidad de esos preceptos normativos.

I.2. Respuesta a la acción

En el presente caso en análisis, se advierte que no se corrió en traslado la acción de inconstitucionalidad concreta, al ser solo la accionante la parte involucrada y el Comando General del Ejercito quien dispuso la sanción y ante quien presentó la acción normativa; motivo por el cual, no existe respuesta a la referida acción.

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Tribunal Constitucional Plurinacional17 de marzo de 20260079/2026-CAFuente oficial