Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0079/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad
Expediente: 56587-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 06/2023 de 10 de junio, cursante a fs. 12 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Miguel Islas Rivero y Pedro Juan Campero Moreno en representación sin mandato de Iván Eloy Quispe Roque contra Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Decimotercera; y, Bella Rosa Baldelomar de Valverde, Jueza Pública de Familia Decimosegunda, ambas de la Capital del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 22 de junio de 2023, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso de asistencia familiar, Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, en suplencia legal del Juzgado Público de Familia Decimoprimero de la misma Capital y departamento, emitió mandamiento de apremio el 2 de febrero de 2023 en su contra, el cual fue ejecutado el 9 de junio del mismo año, sin considerar antecedentes que impedían dicha ejecución; debido a que, el 7 de marzo de igual año realizó un pago de Bs3 000.- (tres mil bolivianos) en la cuenta de la demandante del proceso familiar -Lucy Bautista Morales-, en cumplimiento de la orden judicial por asistencia familiar.
El 15 de marzo de 2023, solicitó dejar sin efecto el mandamiento de apremio presuntamente existente; sin embargo, el Juzgado Público de Familia Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, mencionado ut supra, se hallaba sin juez y en suplencia legal, Bella Rosa Baldelomar de Valverde, Jueza Pública de Familia Decimosegunda de la misma Capital -codemandada-, emite Auto Interlocutorio de 3 de abril de 2023, en el que no se pronunció sobre la solicitud referida ni notificó a las partes del proceso. Asimismo, pese a los esfuerzos de la defensa por contactar a la demandante para efectuar los depósitos, no hubo respuesta; en consecuencia, ante la falta de autoridad en ambos juzgados, la ejecución del mandamiento de apremio derivó en una detención arbitraria al no atenderse los requerimientos planteados. En ese sentido, los jueces deben resolver con sana crítica y garantizar un proceso penal respetuoso de los derechos fundamentales; no obstante, se vulneraron sus derechos debido a que la detención fue ilegal y contraria al principio de presunción de inocencia, por cuanto la actuación policial se apartó del valor justicia y lesionó derechos reconocidos en los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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