0080/2022-S1

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:

1. a)El cumplimiento inmediato de la Ordenanza Municipal GMLP 635/2008; y,
2. b)Se establezca la responsabilidad civil, a efecto de determinar los daños y perjuicios, además la responsabilidad penal de la parte demandada.

Luis Fernando Bascope Vildoso, Director de Procesos Jurisdiccionales, Ernesto Vladimir Gutiérrez Ramírez, Jefe de Unidad de Proceso Especiales y Jaime Luís Carvajal Jardín, Jefe de Unidad de Defensa Legal, en representación legal de Luís Antonio Revilla Herrero, Alcalde, todos del GAM de La Paz, por memorial de 11 de diciembre de 2020, cursantes de fs. 158 a 168, respondiendo negativamente a la acción de cumplimiento, manifestaron que:

1. 1)La impetrante de tutela carece de legitimación activa, al presentar un folio real y una declaratoria de herederos; puesto que, no sería la legítima y legal propietaria de bien inmueble objeto en cuestión y la Ordenanza Municipal GMLP 635/2008 de 29 de diciembre; asimismo, la acción de cumplimiento fue interpuesta sin la participación de los otros posibles herederos o beneficiarios, lo cual genera una insuficiencia de la legitimación "pasiva" o la misma seria difusa;
2. 2)La citada ordenanza municipal, no establece un deber impuesto al Alcalde del GAM de La Paz; toda vez que, referencia en su artículo primero los parámetros de edificación a los que debe regirse el predio en cuestión; en los artículos segundo y tercero, que la autoridad encargada de la otorgación del catastro, procesamiento, aprobación de planos arquitectónicos, planos de construcción y cumplimiento de la cartilla normativa "centro 6z" es la Oficialía Mayor de Gestión Territorial, ahora Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo a cargo de Marcelo Arroyo, autoridad que no fue demandada; en consecuencia, en ausencia de la misma no puede determinarse si hubo incumplimiento de la Ordenanza Municipal GMLP 635/2008; por lo que, con referencia a la única autoridad demandada, no existe legitimación pasiva;
3. 3)Se inobservó el "art. 33.6 y 8" del Código Procesal Constitucional (CPCo); puesto que, debe existir una solicitud expresa y clara que recuerde al servidor su deber de cumplimiento, es decir no se ha inducido a renuencia a la citada autoridad municipal;
4. 4)No se observó el art. 66.2 y 4 del citado código; toda vez que, la accionante no hizo incurrir en renuencia al ahora demandado ni solicitó el cumplimiento de toda la normativa como incumplida, además en lo que concierte a la aprobación de parámetros de edificación, otorgamiento de catastro, procesamiento de aprobación de planos y procesamiento de aprobación de planos arquitectónicos, sobre la normativa técnica legal que rige dicho trámite, relacionado a la planificación, ordenamiento y la administración territorial en los usos, clases y ocupación del suelo, patrones de asentamiento y parámetros de edificación, se constituye en un procedimiento propio de la administración municipal, en este caso de la Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo, Dirección de Administración Territorial y Catastral y Unidad de Catastro, todos dependientes del GAM de La Paz, a través de la "Ley de Uso de Suelos, Ley de Catastro y cartillas normativa" (sic);
5. 5)"Adolece" de un petitorio expreso y claro que recuerde al servidor público -en este caso al Alcalde del referido municipio- su deber omitido, de donde no existe petitorio que amerite un pronunciamiento. Por todo ello, la acción de cumplimiento formulada, no reúne los presupuestos de admisibilidad; puesto que, no se indica el precepto legal omitido ni cómo debería cumplirse la misma por el Alcalde del aludido municipio, resultado una demanda genérica no específica;
6. 6)La Ordenanza Municipal GMLP 635/2008, en sus arts. 1, 2 y 3, establece una serie de trámites y procedimientos, cuya competencia y atribuciones recaen en la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo, la Dirección de Administración Territorial y Catastral y la Unidad de Catastro, todos del precitado ente edil, mandato establecido en la "Ley Municipal Autonómica 058 de 30 de diciembre de 2013, "Ley de Catastro", Leyes Municipales Autonómicas 017-024-050-080, Leyes Municipales de Uso de Suelo Urbano" (sic). Citó los arts. 3, 6 inc. b), 10.incs. iii) y vi) de la "Ley Autonómica Municipal 058"; 2, 7 inc. a), 10, 15 de la "Ley 017", de su contenido sostuvo que no establece un deber imperativo que deba y tenga que ser cumplido por parte del Alcalde del GAM de La Paz, lo cual permite concluir que no existe la presunta conducta de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley; por cuanto, esto ocurre cuando los servidores públicos asumen una conducta renuente u omisiva ante un deber impuesto, además se trate de un mandato, deber u obligación no sujeto a condición alguna; sin embargo, la ahora accionante reclama un incumplimiento genérico; por ello, la Ordenanza Municipal GMLP 635/2008 en si no constituye en un mandato imperativo, no está sujeta a condición con respecto a la autoridad demandada, en todo caso corresponde que la peticionante de tutela active y/o aperture la vía llamada por ley para sustanciar y dirimir su reclamo, siendo que la problemática no es susceptible de protección a través de la acción de cumplimiento;
7. 7)Sobre el supuesto incumplimiento de la referida ordenanza municipal, la misma se encuentra condicionada y sujeta a un procedimiento de verificación y aprobación propios de la Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo, la Dirección de Administración Territorial y Catastral y la Unidad de Catastro, todos dependientes del GAM de La Paz; vale decir, tiene que ver con un procedimiento propio de la administración, cuya ejecución y cumplimiento no recae en el prenombrado Alcalde, sino en la mencionadas unidades organizacionales;
8. 8)En la parte considerativa de la Ordenanza Municipal GMLP 635/2008 se establece que el 5 de octubre de 2001, se suscribe un contrato con Judith Vélez de Maceda, a cambio de ceder voluntariamente todas la áreas afectadas para el ingreso de línea y nivel del inmueble ubicado en la calle Federico Suazo, Bueno y embovedado del Rio Choqueyapu lo cual no fue homologado por el consejo municipal, señalando que se estaría gestionando nuevas alternativas de solución parámetros para la edificación de sus predios con código catastral 25-1-14 con una superficie de 1.958,00 m2 previstos en la cartilla normativa "CENTRO 6Z" indicando que desde la emisión de la "OM" no se aprobó ningún proyecto arquitectónico;
9. 9)El 2014, se promulgó la "Ley 614 Ley de Presupuesto General del Estado Gestión 2015" (sic); por la cual, se amplió el financiamiento del crédito previsto por "Ley 261", destinado a la construcción e implementación del Sistema de Transporte por Cable (TELEFERICO) en la ciudades de La Paz y El Alto en su segunda fase (líneas celeste, plateada morada y blanca) a raíz de esto quedaron suspendidos los tramites de permiso de construcción a las franjas por "MI TELEFERICO" respecto a los gálibos necesarios en cada una de las líneas, donde Ana Maceda Vélez remitió nota a dicha empresa señalando que el paso aéreo del cable afectó un 50% la construcción de 22 pisos proyectados y solicita se le proporcionen las distancias mínimas para su construcción, el proyecto del "STC" señaló que no existe restricciones para la construcción en la altura por producto; y,
10. 10)La Ordenanza Municipal GMLP 635/2008 en la cual solamente existiría un único lote de terreno situación que no se refleja actualmente siendo 2 predios teniendo restricciones administrativas por el TELEFERICO, según informe "DATC-UACT 3443/2019", después del análisis técnico del proyecto el lote se encuentra debajo de la "línea celeste" del teleférico, por tanto no se podría ejecutar un proyecto arquitectónico tomando en cuenta los parámetros de edificación de la citada ordenanza municipal, por las restricciones impuestas, concluyendo que el proyecto será analizado como especial en cumplimiento del "art. 33 de la Ley LUSU" la emisión de los parámetros de edificación particulares serán analizados y aprobados por el consejo municipal mediante ordenanza o ley municipal evaluando la pertinencia de la rectificación y/o abrogación de la referida ordenanza municipal. I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, a través de la Resolución 203/2020 de 28 de diciembre, cursante de fs. 215 a 224, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos:

1. i)En cuanto a la renuencia de la autoridad demandada, la parte accionante tras tener conocimiento de la Ordenanza Municipal GMLP 635/2008, no dejó pasar el tiempo a los fines de poder materializar la ejecución de dicha normativa; asimismo, la referida únicamente tendría a beneficiar a la Judith Estela Vélez de Maceda, quien era propietaria primigenia de una superficie de 1958.- m², a su fallecimiento emerge la sucesión hereditaria en virtud de la cual también Ana Maceda Vélez tenga el interés suficiente para hacer efectivo el cumplimiento de aquello que se habría dispuesto por su primigenia propietaria. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 410.3 de la CPE, forman parte del bloque de constitucionalidad las leyes nacionales, los estatutos orgánicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental y municipal e indígena originaria campesina;
2. ii)Para la materialización que exige la parte accionante tendría que establecerse un procedimiento propio que autorice la aprobación o los parámetros de edificación para el predio de Judith Estela Vélez Maceda, ubicado en la calle Federico Suazo, inscrita en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo el padrón de asentamiento "6z", respecto de la normativa indicada por la impetrante de tutela, es decir los arts. Segundo y tercero de la Ordenanza Municipal GMLP 635/2008, que refieren a la otorgación del registro catastral, así como el tiempo para considerar la aprobación arquitectónica, cumplir los aspecto previstos en la cartilla que pueda de manera directa precautelar en la materialización de la citada ordenanza. De lo expuesto se evidencia que se cumplió con la legitimación activa y pasiva;
3. iii)Respecto a la renuencia de la autoridad municipal ahora demandada, no se dio el efectivo cumplimiento de la Ordenanza Municipal GMLP 635/2008, como se advierte de las diferentes misivas señalada por la parte accionante, mismas que son la "p2, p3, p4, p5, p6 y p7" (sic), requisito que establece su cumplimiento. Asimismo, en relación a la legitimación activa, no queda duda para esta Sala Constitucional conforme se tiene en la documentación, que si bien es cierto en su génesis mediante la referida ordenanza municipal fue concedida a Judith Estela Vélez de Maceda en su calidad de propietaria del referido bien inmueble, no es menos cierto que al fallecimiento de esta última dio lugar a que pueda fincarse los derechos y acciones a favor de tres personas Ana, Félix Humberto y Edgar Armando, todos Maceda Vélez, quienes a los efectos de su participación hicieron conocer que dos últimos que si bien dieron a conocer su dedicatoria en el extranjero, dieron cuenta de su adhesión total a Ana Maceda Vélez;
4. iv)El momento en el que emergió la nombrada ordenanza municipal, es distinto a los que ahora se tiene, bajo el principio de la primacía de la realidad, se observa que en el 2008 no se tenía concebido el desarrollo de la ciudad como es el transporte público por cable "teleférico". Desde dicho año, al presente transcurrieron doce años, tiempo en que no se pudo efectivizarse la Ordenanza Municipal GMLP 635/2008, por una u otra razón "llamemos cuestiones burocráticas, administrativas atingentes al ahora Gobierno Autónomo Municipal de La Paz" (sic), como a los obstáculos que sopesó la accionante respecto de las personas que pretendían invadir su propiedad, que si bien no es un aspecto que tiene que ver con la presentación de los planos arquitectónicos, las circunstancia habrían cambiado emitiéndose la "LUSU", es decir la forma de edificación como el uso de suelo bajo el patrón de asentamiento y edificación, que al momento de otorgarse esa aprobación con el código "6z", a decir de la impetrante, podía construir a una altura ilimitada, pero con la implementación del teleférico cambio la forma de edificación o autorizaciones sobre la construcción de edificios;
5. v)"La Ley Municipal de Catastro y las Leyes Municipales Autonómicas 017 de 25 de septiembre de 2012; 024 de 18 de octubre de 2012; 050 de 11 de diciembre de 2013; y, 080 de 28 de mayo de 2014" (sic), cambiaron el uso de suelo urbano, de donde se tiene la existencia de dos normativas, que si bien es cierto tienen distinta jerarquía, fueron emitidas por el mismo municipio, bajo esa situación la coexistencia de dos normativas una la Ordenanza Municipal GMLP 635/2008, y la otra una norma legal de uso de suelos, conduce a una situación de "inejecutabilidad" de la referida ordenanza, que emerge de lo que es la primacía de la realidad;
6. vi)Antes no había teleférico, ahora lo hay, transporte por cable que atraviesa la propiedad de la impetrante de tutela, que a su criterio afectaría parte de su propiedad y la otra restante "daría a que se pueda efectivizar la OM 635/2008" (sic), a ese fin la doctrina del entendimiento propio respecto a la inejecutabilidad, da a entender que puede ser establecida mediante un mecanismo legal jurídico o aquella que devenga de la cuestión económica y la física;
7. vii)Se pretende el cumplimiento de la Ordenanza Municipal GMLP 635/2008; empero, existe la "Ley Autonómica Municipal de Catastro" y demás normativa antes señalada, que limitan las construcciones de dos o tres pisos, aspecto que emerge de la Leyes Autonómicas Municipales que devienen de la observación y cumplimiento de las competencias propias que hacen a la Ley "Andrés Ibáñez", que de ello nos haría contraponer la existencia tanto de la referida ordenanza así como las normas municipales vigentes que jurídicamente se contraponen, y que no fueron sometidas al control de constitucionalidad para dejar sin efecto o establecer su validez;
8. viii)La Ordenanza Municipal GMLP 635/2008, se encuentra plenamente vigente; sin embargo, esta Sala Constitucional ha podido advertir la existencia de dos normas que se contraponen en cuanto a la materialización de la referida ordenanza, que dio lugar a que pueda cambiarse el uso de suelos o alterarse el código "6z", limitando de esa manera una construcción; por lo que, en cuanto a la emisión de la Ordenanza Municipal GMLP 635/2008 aún vigente, así como la emisión de la "Ley de Catastro" así como aquella "Ley de uso de suelo", las limitaciones a la construcción se debe al ente administrativo así como a la parte accionante, en todo caso, corresponde establecer criterios propios en consenso que puedan viabilizar y establecer la eficacia de la referida ordenanza a favor de la peticionante de tutela, con criterios propios que no desmerezcan las cuestiones técnicas, el estudio de factibilidad que establezcan sus propias normas, siempre bajo una visión de la pretensión de la solicitante de tutela, como el interés colectivo que tiene la ciudadanía. "Esta Sala Constitucional" ante la existencia de dos normativas, de las cuales una manifiesta que es válida la Ordenanza Municipal GMLP 635/2008; y, la otra la limita, genera la imposibilidad disponer la ejecución y materialización de la precitada ordenanza municipal; por lo que, "considera" no acoger la acción tutelar.

II.1. Consta Ordenanza Municipal GMLP 635/2008 de 29 de diciembre, sancionada por Juan Fernando del Granado Cosío, entonces Alcalde del GAM de La Paz, denotándose en el POR TANTO que el Honorable Concejo Municipal de la referida ciudad en uso de las atribuciones conferidas por la Ley:

1. a)ARTÍCULO PRIMERO "Aprobar parámetros de edificación para el predio de Judith Estela Vélez de Maceda, ubicado en la calle Federico Suazo, inscrito en el registro de Derechos Reales bajo la partida computarizada N° 1105089 y con código catastral N° 025-001-0014 con una superficie legal de 1.958 m2, con el patrón de asentamiento Centro 6Z" (sic);
2. b)ARTÍCULO SEGUNDO, "la Oficialía Mayor de Gestión Territorial, queda encargada de otorgar registro catastral, y procesar la aprobación de planos a favor de Judith Estela Vélez de Maceda conforme a lo establecido en los artículos precedentes" (sic); y,
3. c)ARTÍCULO TERCERO, "la Oficialía Mayor de Gestión Territorial a tiempo de considerar la aprobación de los planos arquitectónicos presentados por la propietaria al margen de cumplir todos los aspectos previstos en la cartilla normativa Centro 6z que no hayan sido modificados por la presente Ordenanza Municipal" (sic [fs. 11 a 15]).

la acción de cumplimiento está configurada como un verdadero proceso constitucional, por las siguientes razones:

1. i)Está configurada procesalmente por la Constitución Política del Estado;
2. ii)Su conocimiento y resolución es de competencia de la justicia constitucional;
3. iii)Tiene como objeto -conforme se verá- garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley y, en tal sentido, protege el principio de legalidad y supremacía constitucional y la seguridad jurídica; y,
4. iv)Tutela de manera indirecta derechos fundamentales y garantías constitucionales..."

"...conforme al texto constitucional, se concluye que el objeto de tutela de esta acción está vinculado a garantizar el cumplimiento de un deber contenido en:

1. a)Normas constitucionales, las cuales, como se ha visto, tienen un valor normativo inmediato y directo y a cuya observancia están obligados los servidores públicos y los particulares (arts. 9.4, 108 numerales 1, 2 y 3 y 410 de la CPE);
2. b)La Ley, entendida no en el sentido formal -como originada en el órgano legislativo- sino material, sin importar la fuente de producción, abarcando, por tanto, a decretos supremos, resoluciones supremas, la legislación departamental y municipal, a cuyo cumplimiento también se obligan los particulares y los servidores públicos (arts. 14.V y 108.1 de la CPE).