Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0080/2026-S3 Sucre, 3 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 69685-2024-140-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución de 6 de noviembre -siendo lo correcto diciembre- de 2024, cursante de fs. 389 vta. a 399, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ramiro Vallejos Villalba contra Claudia Gamarra Hoyos y Luis Esteban Ortíz Flores, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Guido Barrios Arce, Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 8 y 20 de noviembre de 2024, cursantes a fs. 1, 112 a 136 vta. y 199 a 226 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 12 de enero de 2023, la Unidad de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Yacuiba del departamento de Tarija, formuló denuncia en su contra y otros, por la presunta comisión de los delitos de malversación, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; dicha denuncia, se apartó del procedimiento obligatorio previsto en la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción -Ley 974 de 4 de septiembre de 2017- al carecer de un informe final resultante de un proceso administrativo interno donde el procesado -ahora accionante-, hubiere podido presentar sus descargos, en ejercicio de su derecho a la defensa.
Pese a la omisión descrita y basándose únicamente en la información y antecedentes recabados por la parte denunciante, el Ministerio Público activó la persecución penal presentando imputación formal contra el mismo; señalando que, en su condición de ex Alcalde del municipio antes citado, a raíz de las lluvias de diciembre de 2020, que ocasionaron daños considerables en los barrios urbanos Aserradero y Chaqueñito, emitió una Declaratoria de Emergencia a través del Decreto Municipal (DM) 0051/2020 de 8 de diciembre y la Orden de Despacho 704/2020 del mismo mes y año, que autorizó la utilización de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) asignados al programa de mantenimiento de caminos vecinales del área rural, para la adquisición de materiales destinados a la reparación de drenajes pluviales en los barrios urbanos afectados por las lluvias; ambas determinaciones fueron emitidas de manera simultánea, habilitando certificaciones presupuestarias y traspaso de fondos; sin observar que, el desvío de recursos del área rural hacia el área urbana requería previamente la correspondiente modificación presupuestaria de carácter técnico legalmente exigida.
Asimismo consideró que, bajo el manual de organización y funciones y el art. 32 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) -DS 0181 de 28 de junio 2009-; el accionante como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), no realizó una gestión eficiente y transparente desde el inicio hasta la conclusión del proceso de contratación de adquisición de materiales para la reparación de los drenajes pluviales, pues no se realizó ni verificó la conclusión de dichas obras; resultando en que, parte del material adquirido quedó expuesto a la intemperie, consolidando un daño económico al Estado de Bs264 459.- (doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve bolivianos).
Frente a la indefensión generada por la imputación genérica, promovió incidente de actividad procesal defectuosa solicitando la nulidad de la imputación formal, alegando que la misma padecía de defectos absolutos, conforme prevé el art. 169 núm. 3 del Código de Procedimiento Penal (CPP); toda vez que, no consideró las pruebas y proposiciones de diligencias de descargo ofrecidas por los denunciados, referidas a los procesos de contratación, formulando la imputación antes de la presentación de dichas pruebas; asimismo, no existió una adecuada fundamentación y motivación, pues el Ministerio Público únicamente se limitó a realizar una transcripción literal de la denuncia presentada, sin una fundamentación intelectiva propia; vulnerando sus derechos y garantías del debido proceso y derecho a la defensa, por haber incurrido en falta de investigación objetiva e integral, falta de certeza en los indicios probatorios, falta de fundamentación y motivación, pues no existió una correcta descripción de los hechos, adecuación jurídica y prueba que la sustente, para poder asumir una adecuada defensa.
Por otra parte refirió que, al momento de realizar la adecuación típica de los hechos, no se tomó en cuenta lo establecido en el art. 302.4 del CPP, pues en cuanto a los tipos penales impugnados, no explicó cual la relación causal entre la conducta y la pretendida afección; toda vez que, no expuso de manera clara, concreta y circunstanciada en qué consistía la ilicitud penal de las conductas atribuidas, ni realizó un análisis individualizado de los hechos en relación con cada uno de los elementos objetivos y subjetivos que integran los tipos penales imputados, sin demostrar cómo las conductas se adecuaban plenamente a los presupuestos normativos invocados; finalmente, no cumplió con el deber de fundamentar la solicitud de medidas cautelares, siendo el requerimiento fiscal genérico y subjetivo para todos los denunciados y no de manera individualizada, incumpliendo con la carga de la prueba conforme lo previsto en el art. 235 del CPP.
Dicho incidente, fue resuelto por el Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, mediante Auto Interlocutorio 213/2023 de 6 de junio, sin la debida motivación, fundamentación y congruencia; pues sin más justificación estableció que, la imputación formal cumplía con las exigencias previstas en el art. 302 del CPP; sin embargo de manera contraria, reconoció que dicho acto procesal fue una copia de la denuncia y que además en la etapa preliminar se encontraba pendiente la presentación de pruebas de descargo, lo que de hecho implicaba la nulidad de la imputación; finalmente, no respondió a todos los aspectos planteados ni tampoco consideró la defectuosa, arbitraria y discrecional valoración de la prueba que realizó el Ministerio Público.
Ante tal resolución, planteó recurso de apelación incidental, la cual fue resuelta por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a través de Auto de Vista 54/2024 de 10 de mayo; el cual, omitió pronunciarse de forma motivada y fundamentada sobre los agravios expresados, relacionados a la falta de motivación y fundamentación de la imputación formal, la cual se constituyó en una copia literal de la denuncia y sobre la falta de valoración integral de la prueba antes de la presentación de la imputación formal, sin considerar que estos hechos fueron denunciados en el incidente de actividad procesal defectuosa, mismo que debió ser analizado y considerado a momento de emitir el fallo de segunda instancia.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de motivación, fundamentación y congruencia, a la defensa, a la legalidad de actuación, a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 115, 116, 180.I y 225.I de la Constitución Política del Estado (CPE); art. 8.2 inc. b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, art. 14.3 inc. a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga:
- a)Se declare la nulidad del Auto de Vista 54/2024 de 10 de mayo y el Auto Interlocutorio 213/2023 de 6 de junio, y;
- b)Se restituya el derecho y garantía del debido proceso y el derecho de la defensa, desde el estado del proceso en el que se produjo la lesión.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual de 6 de diciembre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 382 a 389, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de sus abogados, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestó que:
- 1)El Juez de Instrucción Penal Segundo del Yacuiba del departamento de Tarija, mediante Auto Interlocutorio 213/2023, -pese a reconocer que la imputación formal fue presentada con anterioridad a la remisión del proceso de contratación-; sostuvo que, dicha imputación se sustentó en otros documentos y criterios, contando -a decir suyo- con una debida motivación y fundamentación, sin tomar en cuenta que aquella documentación era fundamental para poder generar convicción sobre los hechos denunciados;
- 2)En relación al Auto de Vista 54/2024, los Vocales demandados vulneraron el derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación y la defectuosa valoración de la prueba; toda vez que, no realizaron la diferencia entre la denuncia y la imputación formal, previstas en los arts. 285 y 302 del CPP, respectivamente, pues la primera no necesariamente debe ser específica, a diferencia de la imputación formal que debe tener elementos fundamentales que generen convicción de la posible autoría del procesado, acompañado de un análisis intelectivo con una debida motivación, fundamentación y objetividad;
- 3)No obstante de ello, los Vocales demandados, arguyeron la existencia de elementos suficientes para sustentar la imputación formal, tales como la declaración de un procesado y el informe del funcionario policial asignado al caso sobre las notificaciones realizadas, y que si bien constató la copia de la denuncia en la imputación, aquello no constituía una vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa; ya que, se traducía únicamente en la investigación inicial de Ministerio Público; la cual, podía ser ampliada en la etapa preparatoria, sin tomar en cuenta que la Ley prevé requisitos esenciales que deben ser cumplidos a momento de realizar la imputación formal; y,
- 4)En cuanto a la valoración probatoria, no consideró que la imputación formal no puede estar basada únicamente en la prueba presentada por el denunciante; sino que, en proceso preliminar de investigación deben colectarse más elementos de convicción; lo que en el caso presente, era la presentación del proceso de contratación requerida por parte de uno de los coimputados, la cual en base a la comunidad de la prueba sería un elemento definitivo para cambiar el curso de la investigación a favor del accionante, siendo este el acto vulnerador en cuanto a la defectuosa valoración de la prueba.
En uso de la palabra el accionante; señaló que, el perjuicio o daño ocasionado ante la falta de motivación y fundamentación de las resoluciones de primera y segunda instancia, radican en el hecho de que al no haber considerado la falta de objetividad en la presentación de imputación formal, su situación jurídica cambió de investigado a imputado, vulnerando el debido proceso y su derecho a la presunción de inocencia.
I.2.2. Informe de los demandados
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