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TCP

0081/2026-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de marzo de 2026
Resumen del caso

Auto 0081/2026-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0081/2026-RCA Sucre, 9 de marzo de 2026

Expediente: 81883-2026-164-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución Constitucional SCII-CBB.IMP-008/2026 de 9 de febrero, cursante de fs. 71 a 72 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Fernando Rojas Gutiérrez contra Ever Fernando Velarde Morant, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial presentado el 2 de febrero de 2026, cursante de fs. 54 a 65 vta., el accionante manifestó que el 3 de julio de 2025, el Ministerio Público presentó acusación formal contra el ahora accionante Fernando Rojas Gutiérrez, por el delito de abuso sexual con agravante, a denuncia de Katerin Uriona Vargas, siendo identificada como víctima la menor AA, de catorce años de edad. En dicho memorial, se solicitó la realización de una prueba pericial psicológica por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), con el objeto de determinar el estado emocional de la menor, establecer la existencia de daño psicológico y verificar la posibilidad de que haya sido víctima de abuso sexual, esta pericia tenía como finalidad reforzar la teoría fiscal sobre la afectación psicológica derivada de los hechos denunciados, tratándose de un acto técnico pendiente de realización.

La solicitud fue atendida mediante providencia de 16 del indicado mes y año, emitida por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba; en la cual, se tuvo por presentada la prueba ofrecida por el Ministerio Público; asimismo, se dispuso notificar a la víctima, a la denunciante y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Quillacollo, otorgándoles un plazo de diez días para presentar acusación particular, adhesión a la acusación fiscal y ofrecer prueba adicional.

En relación con la prueba pericial psicológica, el Juez demandado dejó constancia de que esta había sido ofrecida dentro del pliego acusatorio; y, en consecuencia, ordenó que la pericia absuelva los puntos propuestos por la Fiscalía, otorgando un plazo de treinta días para su realización, la providencia estableció que la pericia se produjera en juicio oral y que los sujetos procesales contaran con tres días para pronunciarse al respecto. Se dispuso, además, notificar a las partes y al IDIF, asignar un perito de turno y expedir la orden correspondiente por secretaría, encomendando su ejecución a cualquier funcionario judicial con intervención de la Oficina Gestora de Procesos.

En cumplimiento del art. 340.III del Código de Procedimiento Penal (CPP), la autoridad demandada, dispuso que se pusiera a conocimiento del acusado el pliego acusatorio fiscal, las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y la acusación particular, otorgándole diez días para que se pronuncie u ofrezca pruebas de descargo. Mediante memorial de 19 de septiembre de 2025; además, de presentar prueba testifical y documental, ofreció como peritos a: la psicóloga forense del IDIF Gaby Torrico Velásquez o la que designe dicha institución, para realizar la pericia a la presunta víctima; a la psicóloga Nieves Rosmery Camacho Santa Cruz, para efectuar el análisis técnico documental de declaraciones e informes psicológicos; y, a la consultora Roció Lorena Cox Mayorga, para intervenir en el juicio oral. Con todas las facultades legales, esta solicitud fue respondida mediante providencia de 22 del mencionado mes y año, rechazando la pericia psicológica bajo el argumento de que una nueva evaluación implicaría revictimización.

Posteriormente, mediante memorial de 2 de octubre de 2025, planteó recurso de reposición, rebatió todos los puntos de la providencia y señaló que la decisión era restrictiva y desproporcionada, limitando el principio de contradicción, la igualdad de partes y la posibilidad de someter la prueba de cargo a control técnico. Este recurso fue resuelto por Auto de 6 del señalado mes y año, emitido por el mismo Juez demandado, quien rechazó y ratificó la providencia de 22 de septiembre del citado año.

I.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

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