Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0082/2026-RCA Sucre, 9 de marzo de 2026
Expediente: 81920-2026-164-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Potosí
En revisión la Resolución de 7 de enero de 2026, cursante a fs. 223, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Isaac Ayllón Ramos contra Javier López Chipata y Gonzalo René Alcoba Romero; Vocales Permanentes; Edgar José Cortez Albornoz y Jorge Joel Sologuren Andrade, Vocales Suplentes, y Víctor Chura Patzi, todos miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana; Grover Heredia Ordoñez, Vocal Permanente; Limbert Leandro Coca Gómez, Vocal Suplente y Mario Checa Mamani, todos miembros del Tribunal Disciplinario Policial Departamental de Potosí.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 5 de enero de 2026, cursante de fs. 198 a 222 vta., el accionante manifestó que, dentro del proceso disciplinario seguido en su contra, se emitió Resolución Administrativa (RA) 019/2024 de 15 de abril; contra la cual, interpuso recurso de apelación; emitiéndose, en consecuencia, la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 349/2025 de 17 de junio, que resolvió declarar improbado el citado recurso. Ante dicha Resolución, interpuso acción de amparo constitucional, la cual, mediante Resolución 5 de 26 de septiembre de 2025, determinó conceder la tutela solicitada, determinando la nulidad de la RA 019/2024 y de la Resolución del referido tribunal 349/2025, disponiendo se señale nueva audiencia, en las instancias correspondientes y se proceda a la valoración de las pruebas. En cumplimiento a la citada Resolución, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana -ahora demandado-, emitió la RA 704/2025-A de 14 de octubre; sin embargo, incumpliendo lo dispuesto en la Resolución 5, nuevamente resolvió declarar improbado el recurso de apelación. Asimismo señala que, analizado el contenido de lo cuestionado en lo concerniente a la aplicación de la correcta tipificación de la falta grave establecido por el art. 13.18 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011- el tribunal concluyó que, su conducta se subsume al señalado artículo, ya sea por acción directa u omisión, lo que denota que el mencionado Tribunal incurrió en ausencia de fundamentación jurídica y motivación, al no brindar explicación en relación con el agravio postulado; pues, se limitó a validar lo decidido en la RA 019/2024, con base en la transcripción de artículos de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, para seguir sosteniendo la sanción de retiro temporal de dos años de la institución con pedida en la antigüedad y goce de haberes. Alega que, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, tenía la obligación de cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 5 a efectos de absolver el agravio principal -que fue identificado como agravio tercero-, en la cual se denunció la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de valoración razonable de la prueba en relación con la RA 019/2024. No obstante, sostiene que, no existe razonamiento lógico-jurídico para que el indicado Tribunal establezca que algunos de los testigos y pruebas documentales hubieran podido demostrar objetivamente la comisión de la falta disciplinaria establecida en el art. 13.18 de la LRDPB. De igual forma, con relación al cuarto agravio, en la que denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, en el entendido de que la Resolución 019/2024, carecía de motivación y fundamentación de alguna prueba con relación a su persona, en consecuencia, la nueva Resolución 704/2025-A ratifica lo señalado en la RA 349/2025 y el supuesto carácter vinculante de la Resolución 5. En ese sentido, se advierte que, la nueva resolución emitida por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana hoy impugnada, no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, conforme a la esencia de la relevancia constitucional y otros fundamentos que fueron precisados en la Resolución 5, los cuales no fueron cumplidos.
I.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
El accionante considera vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos de valoración razonable de la prueba, motivación, fundamentación y congruencia externa; al juez natural y competente; a los principios de inmediación y taxatividad como elementos del debido proceso por errónea aplicación de la norma; citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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