Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0084/2019-RCA Sucre, 1 de abril de 2019
Expediente 27978-2019-56-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 04 de 11 de febrero de 2019, cursante de fs. 465 a 466, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gladys Rodríguez Balderrama contra David Valda Terán, Hugo Juan Iquise Saca, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal Noveno y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 18 de octubre y 9 de noviembre de 2018, cursantes de fs. 436 a 441 y 444 a 446, la accionante manifiesta que dentro de la demanda de reparación de daños que instauró contra Lucía Veizaga Maldonado, ante el Juez de Sentencia Penal Noveno y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer del departamento de Santa Cruz -ahora codemandado-, donde acreditó su legitimación activa al ser heredera de su finado padre Vidal Rodríguez Heredia, quien fue víctima de estafa y engaño a personas incapaces, por parte de Lucía Veizaga Maldonado, con quien su fallecido padre tenía en copropiedad un inmueble, la demandada aceptó su culpabilidad y la existencia de dolo en el acto de disposición del 50% del inmueble que realizó la víctima, al haberle hecho firmar cuando se encontraba en un estado crítico de salud.
Asevera, que dentro de la referida demanda solicitó que Lucía Veizaga Maldonado, restituya el 40% del derecho propietario sobre el inmueble, porque su fallecido padre junto a la nombrada demandada reconocieron como hijo a un menor que cobijaron, a quien le estaba reservado el 10% del 50% reclamado; por lo que, solicitó que también se indemnice el lucro cesante por concepto de alquileres no percibidos, más los gastos ocasionados por pago de honorarios profesionales a su abogado.
Alega, que el Juez codemandado, mediante Sentencia 407 de 7 de septiembre de 2017, cursante de fs. 373 a 375 vta., declaró probada su demanda, calificando los daños civiles en la suma de Bs63 236.- (sesenta y tres mil doscientos treinta seis bolivianos) por lucro cesante, ordenando a la demandada Lucía Veizaga Maldonado, cancelar dicho monto en el plazo de tres días, pero no ordenó la restitución del 40% del inmueble o el pago de su valor, argumentando que no corresponde porque no tiene ninguna vinculación directa con el hecho ilícito debido a que corresponde a la instancia civil resolver y proceder a la partición de bienes de los herederos, siendo que la demandada aceptó su culpabilidad y que existió engaño en el acto de disposición del 50% del inmueble que realizó la víctima, al haberlo hecho firmar cuando se encontraba en un estado crítico de salud; y lo que demandó fue la restitución de la parte del inmueble de su extinto padre Vidal Rodríguez Heredia, obtenida indebidamente por Lucía Veizaga Maldonado a través de la comisión de los delitos de estafa y engaño a personas incapaces; por Auto de Vista 46 de 16 de febrero de 2018, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandados-, confirmaron en todas sus partes la Sentencia 407, argumentando que en los arts. 91 inc. 1) y 92 del Código Penal (CP); y, 14 y 36 del Código de Procedimiento Penal (CPP), refieren: "...la competencia del juez en la demandada de reparación del daño a efecto de un proceso penal se limita al daño emergente y al lucro cesante..." (sic), que no procede la restitución del 40% del inmueble, porque no se habría demostrado deterioro o destrucción en el tiempo que estuvo a cargo la demandada, entendiendo el daño solo como la destrucción o deterioro material o físico de los objetos.
Considera que, las autoridades demandadas han omitido los criterios de interpretación teleológica y sistemática y no cumplieron los principios constitucionales de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso.
I.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados
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