0084/2021-S1

La accionante a través de su abogado, a tiempo de ratificar el memorial de la acción de amparo constitucional, señaló que:

1. a)La razón de la acción tutelar presentada, es determinar si los actos de investigación de un caso vinculado a violencia familiar o doméstica puede tener una duración alarmante;
2. b)A través del control jurisdiccional, se debe efectuar el control de plazos y de los derechos y garantías de las partes y la víctima;
3. c)En la presente causa, se debate qué norma es aplicable, si el art. 94 de la Ley 348 que otorga ocho días de plazo al Ministerio Público, o el art. 300 del CPP, que otorga veinte días de plazo;
4. d)En las acciones contra mujeres en estado de violencia, ellas no tienen que estar sujetas a consentir o no determinados actos; ya que el Estado debe obrar a su favor en el marco de su protección;
5. e)Desde el 10 de enero al 3 de febrero de 2020, transcurrieron quince días hábiles de investigación; por lo que, correspondía analizar si se aplicaba el plazo previsto en el art. 300 del adjetivo penal o art. 94 de la Ley 348;
6. f)La conminatoria no fue para que el Ministerio Público presente un requerimiento de ampliación, sino para un requerimiento conclusivo de la investigación;
7. g)La autoridad judicial admitió una complementación de diligencias por treinta días en un delito de violencia familiar; a pesar que desde el 10 de enero al 12 de febrero del citado año, transcurrieron veintitrés días hábiles, sobrepasando los ocho días establecidos en el art. 94 de la Ley 348 o los veinte días previstos en el art. 300 del citado Código;
8. h)Existe un notorio incumplimiento de plazos, ya que desde el 12 de febrero al 12 de junio de igual año, han pasado cuarenta y nueve días que esperan que se emita un requerimiento del Ministerio Público, con el riesgo de que la víctima sufra algún otro acto de violencia;
9. i)El Juez cautelar terminó aceptando una ampliación fuera del ordenamiento jurídico procesal, lo que denota una actitud de retardación de justicia;
10. j)Los plazos previstos en los arts. 94 de la Ley 348 y 300 del mencionado Código, son improrrogables; es decir, no pueden ser ampliados por la preclusividad;
11. k)En ningún caso podía darse curso a una ampliación de la investigación presentada fuera del plazo, menos en casos de violencia contra la mujer;
12. l)Nadie pidió llevarle a la cárcel al denunciado, solo quieren lograr que las medidas de protección funcionen, ya que los actos de violencia acontecieron incluso "...el mismo día del amparo constitucional" (sic); y,
13. m)El Auto cuestionado, carece de una motivación coherente y contiene imprecisiones sobre la norma procesal a aplicarse; a pesar de ello, hasta el presente no existe requerimiento conclusivo, así como tampoco conminatoria del Juez, lo que denota que no existe la debida diligencia.

Arnold John Campos Atanacio, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe escrito de 10 de junio de 2020, cursante de fs. 72 a 74, señaló que:

1. 1)El 10 de enero del citado año, se comunicó el inicio de la investigación penal por el delito de violencia familiar o doméstica contra Henry Pablo Cano Gamarra; el 3 de febrero del mismo año, se emitió conminatoria a la autoridad fiscal para que requiera en una de las formas establecidas por el art. 301.I del CPP, lo cual fue comunicado al Fiscal Departamental de Oruro el 4 del citado mes y año. El 12 del mencionado mes y año, la Fiscal de Materia cumplió con dicha determinación; por lo que, a la fecha se espera que el plazo se cumpla para generar una nueva conminatoria;
2. 2)La conminatoria de 3 del referido mes y año, fue emitida de oficio y comunicada formalmente a las partes;
3. 3)Si el formulario de notificaciones no se adjuntó al expediente, fue porque la diligencia se lo realizó de forma virtual de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-;
4. 4)Si la accionante consideraba que la conminatoria fue emitida fuera de plazo, no ejerció en su momento reclamo alguno sino hasta después de haberse emitido la misma; por lo que, existió acto consentido que inviabiliza la presente acción tutelar;
5. 5)En mérito a la referida disposición, la Fiscalía determinó la complementación de diligencias por el lapso de treinta días; que habiendo sido asumida por decreto de 12 del mencionado mes y año, fue recurrida de recurso de reposición por la accionante y resuelta por Auto Interlocutorio 151/2020;
6. 6)Según el recurso de reposición, el art. 300 del citado Código, no era aplicable al caso concreto y de acuerdo al art. 94 de la Ley 348, ninguna mujer debe tener responsabilidad de demostrar judicialmente los hechos de violencia; y que al disponerse la ampliación de la investigación, la Fiscal de Materia hubiese irrumpido esta última disposición; además que la ampliación fue admitida fuera del plazo previsto en las disposiciones legales mencionadas;
7. 7)En el Auto Interlocutorio 151/2020, se indicó que es evidente que en este tipo de delitos debe aplicarse el art. 94 de la Ley 348, en relación a la duración de la etapa preliminar; sin embargo, el art. 301.I del adjetivo penal, es aplicable al caso concreto para que el Fiscal requiera en una de las formas establecidas, lo que habilita a disponer la ampliación del plazo de la investigación preliminar;
8. 8)La norma no prevé razonamiento alguno de cómo sancionar el incumplimiento de una conminatoria; puesto que esta situación no habilita al Juez para que acepte o no el requerimiento fiscal o direccione el contenido de la resolución conclusiva;
9. 9)No es posible incorporar en la presente acción tutelar nuevos elementos de debate que no fueron discutidos o resueltos en su oportunidad; y,
10. 10)Se cumplió con el control jurisdiccional; por lo que, a la fecha se encuentran a la espera del cumplimiento del plazo suspendido por la emergencia sanitaria nacional, para que el Ministerio Público concluya con la investigación.

Henry Pablo Cano Gamarra, en audiencia de garantías, señaló que:

1. i)Acepta los hechos de violencia ocurridos contra la impetrante de tutela;
2. ii)Es evidente que insultó a sus hermanas al ingresar a la audiencia de garantías, esto debido al desprecio que tiene contra ellas y sus padres;
3. iii)Ese sentimiento, no es motivo para que tenga que actuar así; no obstante, acepta sus errores y pide disculpas; y,
4. iv)Espera que pueda agilizarse el proceso; indica además que, no agredirá a la accionante.

La Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro, mediante Resolución 22/2020 de 12 de junio, cursante de fs. 83 a 87 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio 151/2020, y disponiendo que se emita uno nuevo en el plazo de cuarenta y ocho horas, tomando en cuenta los fundamentos de la presente resolución, así como la jurisprudencia aplicable al caso desde una perspectiva de género; bajo los siguientes argumentos:

1. a)La autoridad judicial no observó los tiempos establecidos en la normativa aplicable a hechos generados en delitos de violencia contra la mujer;
2. b)En el Auto Interlocutorio cuestionado, no se advierte precisión clara sobre lo dispuesto en el art. 94 de la Ley 348, respecto a que el Fiscal deberá acortar todos los plazos en la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo;
3. c)Tampoco se observó la jurisprudencia establecida para este tipo de hechos, en relación a que los mismos son perseguibles de oficio y corresponde al Ministerio Público la carga de la prueba;
4. d)Al no tomarse en cuenta los razonamientos emitidos por la jurisprudencia y la SCP 0064/2018-S2 de 15 de marzo, denota que no se asumió un criterio con perspectiva de género;
5. e)La autoridad judicial, debió analizar el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación "...independientemente desde otros aspectos fundamentalmente desde una perspectiva de género, máxime cuando se trata de presuntos delitos de Violencia Familiar..." (sic);
6. f)El criterio emitido por el Juez Cautelar no es claro en relación a la aplicación especial que merece la Ley 348 sobre el desarrollo y conclusión de la investigación preliminar, máxime si desde el 10 de enero de 2020, ya transcurrieron varios días que superan los plazos razonables; por cuanto, inicialmente se pidió treinta días pero hasta la fecha no se tiene el requerimiento Fiscal, siendo deber de la autoridad judicial como contralor de las garantías constitucionales, dar cumplimiento al principio de celeridad y controlar la actuación del Ministerio Público;
7. g)La interpretación de las normas infraconstitucionales corresponde a la jurisdicción ordinaria y no a la constitucional; y,
8. h)Corresponde a la autoridad judicial demandada, emitir un nuevo criterio acorde con la perspectiva de género en el marco de la jurisprudencia constitucional y el principio de celeridad en torno a los plazos observados de incumplidos por parte del Ministerio Público.