Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0084/2026-CA Sucre, 17 de marzo de 2026
Expediente: 82240-2026-165-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: Tarija
La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Carlos Eduardo Brú Cavero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Yacuiba del departamento de Tarija, demandando la inconstitucionalidad del art. 12 del Decreto Supremo (DS) 21137 de 30 de noviembre de 1985; por ser presuntamente contrario a los arts. 13, 109, 232, 233, 284, 287, 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN
I.1. Argumentos jurídicos de la acción
Por memorial presentado el 9 de marzo de 2026, cursante de fs. 21 a 28 vta., remitido a Comisión de Admisión el 10 del mismo mes y año, el accionante expresó los siguientes cargos de inconstitucionalidad de la norma confutada, señalando que: En cuanto al art. 12 del DS 21137, que señala: "(Subsidio de Frontera) Se sustituyen los bonos de frontera, zona o región, con un (Subsidio de Frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentre dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas", este enunciado vulnera el régimen especial establecido en el Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- y la Ley de Municipalidades -Ley 2028 de 28 de octubre de 1999-, la primera establece en el art. 5 que los funcionarios electos no se sujetan al Régimen Laboral de ese Estatuto, no existe una norma que permita a las Autoridades electas -alcaldes y concejales-, de ser beneficiados con el pago de subsidio de frontera, bajo ese contexto no corresponde su cancelación; por su parte la Ley 2028 en el art. 56 establece un régimen especial, que refiere: "I. se establece un régimen especial de retribuciones para los concejales y alcaldes municipales por el carácter electivo y representativo del que están investidos, no inserto en la Ley General del Trabajo, ni en la normativa del funcionario público. Este régimen reconoce solo una remuneración diferenciada acorde con la naturaleza de las responsabilidades del Ejecutivo y del Consejo Municipal respectivo, al que se adjuntaran el derecho al aguinaldo, a los regímenes de seguridad social de corto y largo plazo y los seguros obligatorios. II. Por el carácter especial de los cargos, las personas que los ejerzan no son acreedoras a otras retribuciones, beneficios o emolumentos que los establecidos expresamente en la presente Ley".
Sostiene, que el art. 12 del DS 21137 establece aspectos relacionados a las servidoras y servidores públicos establecidos en los arts. 232 al 240 de la CPE sin que tal decreto tenga relación o concordancia con lo establecido en las leyes 2027 y 2028 o con alguna otra ley nacional que haya regulado el Subsidio de Frontera; siendo así que, el Órgano emisor se arrogó competencias legislativas que corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en el marco del principio de reserva legal. Sin que exista una ley que regule que los concejales Municipales sean beneficiarios del Subsidio de Frontera, afrentando directamente el principio de jerarquía normativa y además generando con su carácter excepcional un tratamiento preferente ante el art. 233 de la Norma Suprema.
Refiere que el art. 12 del DS 21137 viola el principio de jerarquía normativa al no realizar una contextualización clara en cuanto hace a las servidoras y servidores públicos en contradicción al art. 233 de la CPE, con relación a las Leyes 2027 y 2028, asimismo transgrede el principio de supremacía constitucional al colocarse en una aplicación preferente a lo dispuesto en los arts. 232, 233, 284-I, 287-I de la citada Ley Fundamental y finalmente vulnera el principio de reserva legal al reglamentar aspectos inherentes a las servidoras y servidores públicos establecidos en los arts. 232 al 240 de la CPE, cuando tales aspectos deben ser desarrollados únicamente por una ley en sentido formal.
Solicitud de Medida Cautelar
Solicita que se adopten medidas cautelares que se consideren necesarias con la única finalidad de impedir que se produzcan situaciones jurídicas de imposible reparación, una medida cuya finalidad radica en evitar la materialización de un daño irreparable y por consiguiente la garantía del orden constitucional; pues, al conminar a una entidad pública al pago del subsidio de frontera y vacaciones con recursos públicos a una ex autoridad electa y beneficiarse de estos recursos causan una daño irreversible al GAM de Yacuiba
I.2. Petición
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