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TCP

0084/2026-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de marzo de 2026
Resumen del caso

Auto 0084/2026-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0084/2026-RCA Sucre, 10 de marzo de 2026

Expediente: 81954-2026-164-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Oruro

En revisión la Resolución de 6 de febrero de 2026, cursante de fs. 250 a 252, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Armando Bladimir Cayoja Ninaja contra José Gabriel Espinoza Yañez, Ministro de Economía y Finanzas Públicas y Mario Walter Requena Pinto, Director General Ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial presentado el 5 de febrero de 2026, cursante de fs. 218 a 249, el accionante manifestó que, postuló al cargo de Consejero en atención a la convocatoria pública emitida por el Comité Electoral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta "Paulo VI" Responsabilidad Limitada (R.L.); aclara que para el verificativo de la Asamblea, se procedió a cursar invitaciones a las autoridades nacionales como la ASFI, a la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP) y Confederación de Cooperativas de Bolivia (CONCOBOL), esa convocatoria presentaba actos electorales innovadores al sistema de elecciones que se llevaba adelante de forma tradicional en la Cooperativa, como la conducción asumida por el Comité Electoral, quien organizó, elaboró y publicó todas las etapas del proceso desde su inicio hasta su conclusión con la acreditación de los ganadores, nómina en la cual se encontraba como el socio con mayor respaldo sin que hubiera tenido alguna observación, ni impugnación a su postulación por la ASFI; quien -en una actitud permisiva-, le permitió desarrollar sus funciones de manera normal "hasta la fecha", pretendiendo ahora de forma extemporánea y arbitraria, la devolución de dietas por un trabajo efectivamente realizado y avalado por la propia autoridad.

Asimismo, el 23 de mayo de 2024, el Consejo de Vigilancia, en cumplimiento de la instrucción emitida por la ASFI a través de Nota ASFI/DSR III/R-91368 de 18 de mayo, presentó denuncia contra los Consejeros Freddy Marcelo Yucra Arano, Cecilia Elizabeth Ledezma Maldonado y su persona, ante el Tribunal de Honor de la Cooperativa, en la que se observó el periodo de mandato de los tres Consejeros, proceso que concluyó con la Resolución 002/2024 de 26 de agosto, que declaró improbada; contra esa determinación, el Consejo de Vigilancia interpuso recurso de revocatoria, resuelto mediante Resolución 003/2024 de 17 de septiembre, ratificando la resolución de primera instancia; y, al no haberse interpuesto recurso jerárquico quedó ejecutoriado.

La ASFI, pretende forzar un doble juzgamiento emitiendo la Nota de Cargo ASFI/DSR III/R-8512/2025 de 13 de enero, a través del cual se inició un proceso administrativo sancionador por presunto incumplimiento a la normativa por ejercer durante más de dos periodos consecutivos como miembro del Consejo de Administración, sin haber observado el periodo de descanso no menor a tres años, conforme a lo dispuesto en el art. 2 del Reglamento para Cooperativas de Ahorro y Crédito, concordante con los arts. 59 de la Ley de Servicios Financieros -Ley 393 de 21 de agosto de 2013-, 39 del Decreto Supremo (DS) "1995" y 54 del Estatuto Orgánico vigente de la Cooperativa, sin considerar la facultad conferida por el art. 40 de la Ley 393; la cual, debe ser ejercida observando los límites establecidos por la propia norma; dicho, proceso administrativo en primera instancia culminó con la emisión de la Resolución Administrativa (RA) ASFI/105/2025 de 12 de febrero, que dispuso sancionarlo con la suspensión definitiva e inhabilitación para desempeñar cualquier función en el sistema financiero nacional; por lo que, dicha Resolución Administrativa se constituye en un acto ilegal vulnerador a sus derechos y garantías constitucionales al ser emitida en arbitrariedad y exceso en el ejercicio de sus facultades previstas en la Ley 393, desconociendo la normativa del sistema corporativo y transgrediendo la normativa interna de la cooperativa en cuanto a su estructura, organización y forma de elección.

Asimismo, la ASFI se limitó a sancionar solo a su persona por haber asumido tres periodos consecutivos como Presidente del Consejo de Administración, inobservando la normativa que prohíbe tal situación. El 14 de marzo de 2025 interpuso recurso de revocatoria contra la RA ASFI/105/2025, que fue resuelto mediante RA ASFI/305/2025, confirmando parcialmente la decisión. Posteriormente, formalizó recurso jerárquico, que dio lugar a la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 079/2025 de 4 de septiembre, que confirmó totalmente la RA ASFI/305/2025, ratificando y convalidando -a su criterio- el actuar ilegal y arbitrario de la ASFI y vulnerando sus derechos fundamentales y garantías constitucionales al debido proceso, sin ejercer un control adecuado de legalidad y legitimidad de los actos administrativos de la autoridad reguladora, además de desconocer los principios de tipicidad, taxatividad y legalidad.

Finalmente, el proceso administrativo sancionatorio fue llevado a cabo vulnerando el principio de verdad material, al no haberse considerado la participación de otros responsables como el Comité electoral, que convocó a elección y habilitó su candidatura, permitiendo su elección y posterior posesión. Asimismo, señala que dichas personas debieron ser convocadas como terceros interesados, con la finalidad de que puedan explicar las razones de su habilitación y continuidad de sus funciones.

I.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante considera vulnerado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, vinculado al trabajo, al salario justo; y, al principio de legalidad por errónea interpretación y aplicación de la norma, valoración irrazonable de la prueba y los principios de taxatividad, tipicidad y seguridad jurídica; citando al efecto el art. 16.IV, 109.II, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

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