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TCP

0085/2019-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
1 de abril de 2019
Resumen del caso

Auto 0085/2019-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0085/2019-RCA Sucre, 1 de abril de 2019

Expediente: 27990-2019-56-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 02/2019 de 14 de febrero de 2019, cursante de fs. 27 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaime Taborga Jaguer contra Alberto Guzmán Méndez, Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial presentado el 12 de febrero de 2019, cursante de fs. 19 a 25 vta., el accionante señala que dentro del proceso civil de nulidad de contrato seguido por María Marlene Jaguer y José Franz Mazzi Tapia contra su persona, en cuyo proceso el Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Santa Cruz, quien dictó la providencia de 31 de agosto de 2018 ordenando que se proceda al desapoderamiento del inmueble ubicado en la Av. Busch, calle 7, U.V. 56, Mza.22, lote 15 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por lo que se planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación por considerar que dicho decreto carece de motivación y congruencia. El 17 de septiembre de 2018, esa autoridad judicial expidió un Auto por el que rechazó la reposición planteada, pero además tampoco concedió la apelación alternativamente formulada, por lo que tuvo que interponer recurso de compulsa, mismo que fue resuelto por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz mediante Auto de Vista 19 de 12 de octubre de 2018, declarando ilegal dicho recurso. Así, habiendo agotado los medios de impugnación ordinarios, por lo que instauro la presente acción de amparo constitucional.

La resolución contra la que dirige esta acción tutelar es la providencia de 31 de agosto de 2018 en la que se ordenó el desapoderamiento del referido inmueble, la cual vulnera los derechos invocados en la demanda, pero además se tiene que de ella han derivado un conjunto de arbitrariedades e ilegalidades posteriores, como ser el mandamiento de desapoderamiento de 19 de septiembre de 2018 y su ejecución de 9 de octubre del mismo año, sin que se hubieran observado las formalidades de ley y exigencias de rigor.

Señala que dicha providencia, carece de motivación, pues no explica las razones o motivos por los cuales se asumió esa determinación, sin considerar que la motivación de una resolución es la exteriorización de la razón de la decisión e implica por tanto, una explicación y argumentación de lo que se resuelve en la misma, permitiendo que en su caso, las partes puedan exigir un adecuado control de las resoluciones a través de los recursos ordinarios previstos en la ley, de forma que un tribunal superior pueda verificar la correcta aplicación del derecho, lo que en este caso no ocurrió.

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