Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0085/2019-S2 Sucre, 5 de abril de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 25023-2018-51-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 215/2018 de 28 de abril -siendo lo correcto 27 de julio-, cursante de fs. 634 a 645, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Carolina Cortez Alanoca y María José Guillén Ortúzar en representación legal de Milton Claros Hinojosa, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda contra José Antonio Revilla Martínez, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berríos Albizu, Edwin Aguayo Arando, Olvis Egüez Oliva, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán, Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 14, 19 y 27 de junio de 2018, cursantes de fs. 233 a 245, 248 a 249; y, 250 a 255 vta., el accionante a través de sus representantes expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Por Resolución Administrativa Regulatoria 2008/2996 de 31 de diciembre de 2008, notificada el 7 de enero de 2009, la entonces Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL), dispuso notificar a la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Limitada (COTEL LA PAZ Ltda.), con los cargos por supuestas infracciones contractuales por el incumplimiento de las Metas del Servicio Local de Telecomunicaciones, Tiempo Máximo de espera para Conexión, Corrección de Fallas en Área de Servicio Local (ASL), Tiempo de Congestión de Rutas Finales y Tiempo de respuesta del Operador.
Posteriormente, mediante Resolución Administrativa Regulatoria TL 0969/2010 de 23 de noviembre, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) dispuso declarar probados los cargos formulados contra COTEL LA PAZ Ltda. por:
- a)El incumplimiento en el logro de la Meta de Calidad "Tiempo Máximo de Espera" para Conexión del Contrato de Concesión para el Servicio Local de Telecomunicación, con una multa de Bs3 040 000.- (Tres millones cuarenta mil bolivianos);
- b)El incumplimiento en el logro de la Meta de Calidad "Corrección de Fallas ASL en 48 horas" del Contrato de Concesión para el Servicio Local de Telecomunicaciones, con una multa de Bs586 128.- (Quinientos ochenta y seis mil ciento veintiocho bolivianos);
- c)El incumplimiento en el logro de la Meta de Calidad "Tiempo de Congestión en Rutas Finales", con una multa de Bs100 000.- (Cien mil bolivianos); y,
- d)El incumplimiento en el logro de la Meta de Calidad "Tiempo de Respuesta en el Operador" del Contrato de Concesión, sin imposición de multas, por cuanto el citado contrato no determina con claridad la metodología para la aplicación de la sanción.
Contra dicho fallo la citada Cooperativa interpuso recurso de revocatoria, el cual fue rechazado mediante Resolución Administrativa Regulatoria TL 0211/2011 de 11 de marzo; y una vez planteado el recurso jerárquico, fue resuelto por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, por Resolución Ministerial (RM) 018 de 21 de enero de 2013, rechazando dicho recurso; y en consecuencia, confirmando la Resolución Administrativa Regulatoria TL 0211/2011.
Agotada la vía administrativa, el 14 de mayo de 2013, COTEL LA PAZ Ltda. presentó demanda contencioso administrativa contra la RM 018, que fue resuelta por los Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a través la Sentencia 363/2016 de 13 de julio, declarando probada la demanda.
Denuncia que la Sentencia 363/2016, carece de sustento legal; toda vez que, no cita ninguna norma que respalde la determinación asumida que el plazo para la prescripción es de dos años, pero concluye señalando "...por lo que además de la normativa glosada precedentemente, que establece que el plazo para la prescripción es de dos años..." (sic); sin tener una glosa, listado o mención de la normativa a la que supuestamente hace referencia y emite una conclusión sin indicar cuál es la disposición aplicada al caso concreto y cómo es que los hechos del caso se subsumen a éstas, menos hace referencia a los criterios de aplicación normativa desarrollados tanto por la ATT como por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda que aluden que la norma aplicable al caso es el art. 39 del Reglamento de Sanciones y Procedimiento Especiales por Infracciones al Marco Jurídico Regulatorio del Sector de Telecomunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo (DS) 25950 de 20 de octubre, que establece el plazo de prescripción de cinco años.
La falta de aplicación normativa y de sustento legal también queda demostrada en el segundo párrafo del análisis, ya que éste sólo hace alusión a la Sentencia 023/2013 de 11 de marzo, como supuesta jurisprudencia, la cual fue superada con otras Sentencia posteriores del mismo Tribunal Supremo de Justicia referidas a casos similares, en las Sentencias 202/2013 de 3 de junio y 23/2015 de 23 de febrero; sin embargo, usó como base una Sentencia de un caso anterior, sin considerar que para el sector de telecomunicaciones específicamente ya se determinó que no es lo mismo un incumplimiento de una obligación contractual y una infracción administrativa, por lo que, no es aplicable a dichos casos las previsiones de otra norma que no sea la específica para este sector, contenida en el Reglamento aprobado por DS 25950, vulnerando así la garantía del debido proceso en lo relativo al derecho de una resolución congruente y motivada, exponiendo las razones que den certeza de que el caso no podía haber sido resuelto de una forma distinta.
La citada Sentencia hace alusión al principio de favorabilidad, sin señalar cuál es la disposición que establecería una situación más favorable para el administrado, en el sector de telecomunicaciones, señalando únicamente el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE) como fundamento, lo cual carece de lógica y aplicación jurídica; toda vez que, este artículo no determina ningún plazo de prescripción y la sola mención no constituye fundamento ni motivación suficiente para la aplicación de dicho principio.
La Sentencia 363/2016, tampoco emite instrucción alguna para ninguna de las autoridades administrativas respecto al caso concreto, dejando en completa indefensión e incertidumbre al Estado respecto a la multa impuesta por la ATT en la Resolución Administrativa Regulatoria TL 0969/2010, la cual está vigente y es ejecutable; toda vez que, sólo se revocó la RM 018, lo cual deriva en la lesión del debido proceso en la vertiente de derecho a la tutela judicial efectiva.
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