Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0085/2026-O Sucre, 11 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 50001-2022-101-AAC Departamento: Chuquisaca
En la queja por incumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ana Marcela Díaz Díaz contra Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la queja
Por memoriales presentados el 25 y 28 de agosto de 2025, cursantes de fs. 419 a 425 vta.; y, 531 y vta., Walter Isidro Arizaga Cervantes, en su calidad de Rector de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSFXCH), -tercero interesado y ahora activante de queja por incumplimiento-, denunció el incumplimiento y sobrecumplimiento de la , toda vez que, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia a través del , se pronunció sobre los agravios de forma y no de fondo del recurso de casación formulado por la Universidad, manifestando en relación a la respuesta del recurso de casación como si fuera el recurso mismo, sin considerar los seis agravios de fondo formulados en esa oportunidad.
Así, el no consideró que la demandante del proceso laboral Ana María Díaz Díaz, podía interponer recursos administrativos para reclamar la suspensión del Memorándum 064 de 1 de noviembre de 2018, mediante el cual se le otorgó ítem administrativo en el cargo de Encargada de Redacción. La suspensión del referido Memorándum, dispuesta por Resolución Rectoral 0927/2018 de 4 de diciembre, no se trató de una medida definitiva, prueba de ello es que la antes nombrada continuó trabajando al tener un contrato en vigencia que concluía el 31 de diciembre de 2018, es decir, el procedimiento administrativo de suspensión estaba sujeto a revisión específica y por supuesto a ser impugnado; sin embargo, la trabajadora, no obstante de conocer dicha Resolución, tomó una actitud pasiva sin presentar reclamo alguno, aceptando esa situación, por lo que continuó trabajando bajo las condiciones de un anterior contrato, el cual como se tiene dicho vencía el 31 de ese mes y año, implicando el consentimiento de ese acto aceptando continuar con el contrato de trabajo. El hecho de que la Universidad no haya procedido a analizar la suspensión de los ítems otorgados caso por caso, conforme se disponía en la Resolución Rectoral 0927/2018, no puede ser motivo para aceptar la demanda de reincorporación, porque no se demostró que esa Resolución sea ilegal; sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, considera un motivo para dar la razón a la demandante, indicando incluso que independientemente de los motivos que llevaron a emitir la citada Resolución Rectoral, debe considerarse la falta de análisis de los memorándums, es decir, están suponiendo que de haberse analizado esos memorándums se hubiera determinado que no eran correctos, por tanto, correspondería la reincorporación.
También se indica que '"dejar en suspenso no significa dejar sin validez el ítem otorgado"' (sic), lo que quiere decir que el mismo Tribunal interpreta que existe un acto pendiente, en consecuencia, no podía definirse la reincorporación en esas condiciones, por ello se justifica que la Universidad haya defendido los efectos de los contratos a plazo fijo, por tanto, la autoridad judicial no puede a nombre de la sana crítica, valorar algo que no ha concluido, y que está en suspensión. Tampoco es evidente que la Universidad esté simulando algún acto, pues su posición de defensa desde el inicio del conflicto fue que la desvinculación de la trabajadora, tenía una causa justa, siendo esta la culminación del tiempo pactado en los contratos.
El , no tomó en cuenta que la demandante, presentó la solicitud de reincorporación el 24 de abril de 2019, es decir extemporáneamente, transcurriendo más de tres meses de la extinción del contrato a plazo suscitada el 31 de diciembre de 2018; y más de cuatro meses si se considera el criterio del Tribunal Supremo de Justicia, de que el problema se suscitó por la emisión de la Resolución Rectoral 0927/2018.
Mostrando 11 de 53 parrafos.