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TCP

0086/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
3 de abril de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0086/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0086/2019-S1 Sucre, 3 de abril de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 24985-2018-50-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 05/2018 de 1 de agosto, cursante de fs. 184 a 189 vta; pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oswaldo Fong Roca, en representación legal de Rafael Rojas Antelo contra Fidel Marcos Tordoya Rivas y Antonio Campero Segovia; y, Ricardo Tórrez Echalar y Carlos Alberto Eguez Añez, ex y actuales Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de mayo de 2018, cursante de fs. 64 a 77 vta. el accionante a través de su representante legal, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante memorial de 8 de mayo de 2015, inició proceso contencioso administrativo, demandando la resolución parcial del "Contrato de Provisión de 500 toneladas de Cemento Asfáltico 85/100 a Granel", suscrito con el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Tarija, con los siguientes argumentos:

La entidad contratante -ahora tercera interesada- a la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional no pagó las setenta y nueve toneladas de cemento asfáltico, que fueron entregadas el 2, 15 y 18 de marzo de 2011, que ascienden al monto de Bs647 563,50.- (seiscientos cuarenta y siete mil quinientos sesenta y tres con 50/100 bolivianos); además que, la indicada entidad ejecutó de manera anticipada la boleta bancaria de garantía de cumplimiento de contrato y la póliza de correcta inversión de anticipo, ocasionándole serios daños y perjuicios.

Por otro parte, la razón que sustenta la demanda de resolución de contrato, se funda en la imposibilidad sobreviniente para seguir entregando el cemento asfáltico, debido a que la empresa BOART Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) constituida en representante en Bolivia de la petrolera PETROBAS Sociedad Anónima (S.A.) comunicó que la planta de asfalto ubicado en la localidad Rosario-San Lorenzo fue transferida a otra empresa. Situación ante la cual, como proveedor responsable, propuso a la entidad contratante completar el saldo de cemento asfáltico con la provisión de la empresa petrolera "ASFALCHILE", ofrecimiento que fue rechazado mediante Nota de 26 de mayo de 2011, con el argumento que, no se acepta el cambio de origen argentino al chileno, pues se prevé más retrasos además de posibles observaciones por parte de la Contraloría General del Estado; pese a que el Documento Base de Contratación (DBC) no refiere nada acerca del origen del producto a entregarse, simplemente hace referencia al cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.

En consideración a los hechos descritos precedentemente, comunicó a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del GAM de Tarija la intención de resolver el contrato por caso fortuito, conforme previenen las cláusulas décima séptima y décima novena núm. 19.2.3 del "Contrato de Provisión de 500 toneladas de Cemento Asfáltico 85/100 a Granel", conforme consta en la Escritura Pública 70/2010 de 22 de noviembre, al constituirse la circunstancia descrita, en una causal sobreviniente imprevista en el contrato y que no es atribuible a la empresa a la cual representa.

Manifestó que, el 23 de julio de 2011, pidió por escrito la renovación de la garantía de cumplimiento de contrato; sin embargo, el Banco Mercantil Santa Cruz, mediante Nota de 27 de igual mes y año, le comunicó que la entidad contratante el 26 de similar mes y año, solicitó el cobro de las boletas bancarias de cumplimiento de contrato por haberse resuelto el mismo; pese a que se dejó establecido que la carta de intención de resolución de contrato por parte de la entidad contratante no contó con la intervención notarial, exigida tanto por el art. 570 del Código Civil (CC) como por la cláusula décima novena del "Contrato de Provisión de 500 toneladas de Cemento Asfáltico 85/100 a Granel"; consiguientemente, el acto administrativo por el cual la MAE de la indicada entidad contratante dispuso la resolución del contrato es inexistente; y, no obstante la ilegal ejecución de la boleta de cumplimiento de contrato, esta se cobró antes del vencimiento del plazo establecido en la cláusula décima novena del referido Contrato; por cuanto, el 27 del citado mes y año, se renovó la garantía de cumplimiento de contrato mediante boleta bancaria 1000061801 emitida por el mencionado Banco; sin embargo de aquello, ejecutó y cobró la boleta de cumplimiento de contrato por Bs295 750.- (doscientos noventa y cinco mil setecientos cincuenta bolivianos) y el 13 de agosto de igual año, ejecutó la póliza de correcta inversión de anticipo por Bs255 400.- (doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos bolivianos); sin considerar los montos impagos por la entrega parcial del cemento asfáltico, conforme previene la cláusula quinta del aludido Contrato. Hechos que le causaron enormes daños y perjuicios.

Concluido el proceso contencioso administrativo, la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dictó Sentencia 01/2016 de 2 de diciembre, declarando probada en parte la demanda; a cuyo efecto, por memorial de 10 de febrero de 2017, interpuso recurso de casación en el fondo, exponiendo los siguientes cuatro puntos de agravio:

Primero, la existencia real y probada del caso fortuito para demandar la resolución del contrato; por cuanto, la Sentencia impugnada no valoró la nota que fue recibida por el supervisor de obras del GAM de Tarija el 21 de marzo de 2011, por la que, se comunicó a la entidad contratante, la venta de la planta de asfalto de PETROBAS S.A. a fines de marzo, solicitando al efecto, la cancelación del pago inmediato de siete cisternas, a fin de cumplir el cronograma de entrega; sin embargo de ello, la indicada entidad contratante no asumió ninguna acción de contingencia ni procedió al pago solicitado. Situación que también se puso en conocimiento del Oficial Mayor Técnico el 22 de igual mes y año.

Segundo, con relación a la resolución del contrato por causales atribuibles a la entidad contratante; la entidad demandada aceptó como fecha de recepción real y válida de las tres cisternas el 3 de mayo de 2011, mismas que fueron entregadas el 2, 15 y 18 de marzo de similar año; sin embargo, transcurrió más de cinco años sin que el GAM de Tarija cancele por su valor, siendo que las referidas cisternas fueron efectivamente entregadas y recepcionadas; tampoco es evidente que la falta de pago de las 79.83 toneladas por parte de la entidad contratante se deba a la aplicación de la cláusula décima novena numeral 19.2.4 del "Contrato de Provisión de 500 toneladas de Cemento Asfáltico 85/100 a Granel"; ni dicho Contrato ni el DBC, disponen que se considerará como válidamente recepcionado el cemento asfáltico, una vez que se entregue el informe de control de calidad; aseveración que no tiene ningún fundamento contractual ni legal, siendo más una interpretación unilateral de la entidad contratante; razón por la cual, una vez que se cumplió el plazo de sesenta días de entregado el asfalto y sin que se proceda a su cancelación se solicitó la resolución de contrato, demandándose judicialmente esa resolución; empero, en la Sentencia recurrida no se consideró ni valoró esos hechos ni la prueba producida.

Tercero, la entidad contratante no cumplió la cláusula novena que determina que mediante carta notariada se dará aviso escrito a la otra parte, de su intención de resolver el contrato, estableciendo claramente la causal que aduce; por cuanto, el Oficio DESP HAM CITE 0771/2011 -no señala fecha- de intención de resolución de contrato entregado el 12 de julio de 2011, que no fue debida ni legalmente diligenciado por el Notario de Gobierno, tampoco cumple lo establecido por el art. 570 del CC, que dispone que para la resolución de los contratos se exige la intervención del notario de fe pública para el cumplimiento de la diligencia notarial; toda vez que, simplemente existe un sello que refiere: "Intervine Doy Fe" y consigna la firma y sello del Notario de Gobierno; empero, no hay constancia escrita que haga fe pública de lugar, domicilio, día, hora, año, personas que intervienen, testigos la relación exacta de que documentación se está notificando o entregando; es decir, no existe formal y solemnemente la diligencia notarial. Tampoco se evidencia en obrados, el instrumento administrativo plasmado en una resolución municipal suscrita por la MAE de la entidad, por la que se plasme la intención de resolución del contrato; pues, si bien "el oficio de fs. 312" refiere que hace llegar la resolución del mismo, el mencionado documento nunca le fue entregado o notificado ya que no existió; hecho que se puede evidenciar de la declaración confesoria de la MAE, quien señaló que se emitió Resolución Administrativa, empero, no recuerda el número, así como de la declaración testifical de Omar Vargas Fernández, Notario de Gobierno. Finalmente, se tiene que, el Oficio DESP HAM CITE 0883/2011 -no refiere fecha-, nunca le fue entregado, como se colige de la representación notarial de 4 de agosto de 2011, en la que se reconoce que no fue encontrado para su notificación personal.

Cuarto, con relación a la ejecución de la boleta de garantía de cumplimiento de contrato; se tiene que, al no existir la resolución de contrato legalmente constituida, la ejecución de la garantía es ilegal, porque simplemente el contrato no fue resuelto y en ejecución de sentencia se deberá proceder a la restitución del monto injustamente ejecutado más daños y perjuicios.

Así también, manifestó que la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en el , que constituye el acto vulneratorio de los derechos demandados a través de esta acción tutelar, señaló en relación al primer agravio que, para resolver dicha controversia, analizó las Notas de 14 de abril y 18 de mayo ambas de 2011, por las que la Empresa Unipersonal CYNMART (de la cual su persona es representante legal) hizo conocer al GAM de Tarija que la empresa BOART S.R.L. informó a CYNMART que a fines de marzo se concretó la venta de la referida refinería de asfalto, ubicada en "San Lorenzo-Rosario", motivo por el cual, no comercializaría más ningún producto asfáltico; sin embargo de ello, aludiendo la cláusula décima séptima del "Contrato de Provisión de 500 toneladas de Cemento Asfáltico 85/100 a Granel", señalaron que si bien no se pudo prever la venta de la empresa PETROBRAS S.A., se tenía la obligación de comunicar dicho imprevisto en el plazo de cinco días y no extemporáneamente, razón por la cual, no se puede alegar fuerza mayor o caso fortuito, omitiendo considerar que ante la contingencia de la imposibilidad de seguir proveyendo cemento asfáltico de PETROBRAS S.A., a fin de cumplir con el contrato se ofreció en tres oportunidades proveer el restante de cemento asfáltico de una empresa chilena con las mismas características, ofrecimiento que fue rechazado por el GAM de Tarija con el argumento que podía ser observado este hecho por la Contraloría General del Estado y no así por alguna cláusula prohibitiva o por la ley. Tampoco consideraron que ante la negativa de que se concluya la provisión de cemento asfáltico y la imposibilidad de adquirir el producto de PETROBRAS S.A., el contrato se volvió imposible de cumplir, debido a una causa que no pudo ser previsible por el proveedor, ni provocada por él.

Manifestó que, en relación al segundo agravio, relativo a la defectuosa interpretación y aplicación de la cláusula décima séptima del "Contrato de Provisión de 500 toneladas de Cemento Asfáltico 85/100 a Granel", que conforme a su primer párrafo determina la responsabilidad del proveedor en caso de mora durante la vigencia del contrato y de donde se establece que los cinco días para recabar constancia del caso fortuito o fuerza mayor en el proceso de adquisición prevista en el tercer párrafo de la referida cláusula es para determinar la responsabilidad por mora en el cumplimiento del contrato, que está regulado por la cláusula novena del indicado Contrato, aspecto que no fue considerado ni resuelto por las autoridades ahora demandadas a tiempo de emitir el Auto Supremo observado. Sin embargo, el referido Auto Supremo reconoció que el proveedor hizo entrega de 79.83 toneladas de cemento asfáltico a la entidad contratante, el 2, 15 y 18 de marzo de 2011, pero contradictoriamente señaló que el proveedor no cumplió con la entrega efectiva, condición estipulada en las cláusulas tercera y trigésima tercera del aludido Contrato, porque entiende que el plazo del contrato venció el 5 de marzo del citado año; advirtiéndose de ello, que las autoridades ahora demandadas, no resolvieron este motivo de casación, toda vez que, se cuestionó el hecho de que hasta el momento de la interposición de la demanda contenciosa, e inclusive a la presentación de la acción de amparo constitucional, la entidad demandada no cumplió con el pago parcial por la entrega de las 79.83 toneladas de cemento asfáltico, recibidas sin observación; razón por la cual y conforme lo establecido en la cláusula décima novena 19.2.2. inc. c) del mencionado Contrato, se demandó en la vía judicial la resolución del mismo; en el entendido que, esa situación no tiene nada que ver con la entrega del cemento asfáltico después de vencido el plazo del contrato, pues para ello están las multas previstas en las cláusulas décima séptima, vigésima y vigésima tercera del aludido Contrato.

Con relación al tercer agravio denunciado en el recurso de casación, relativo a la inexistencia de resolución extrajudicial -administrativa- respecto a la resolución de contrato por parte de la entidad contratante; el , señaló que, la ejecución de la boleta de garantía de cumplimiento del contrato se dio cuando el contrato se encontraba resuelto, hecho no impugnado en la vía correspondiente; razón por la cual, el Tribunal Supremo de Justicia considera que no amerita pronunciamiento alguno; aseveración que demuestra inobjetablemente la falta de pronunciamiento con relación a este motivo de recurso.

Así también, alegó que la relevancia del tercer motivo del recurso está íntimamente relacionada con el segundo; por cuanto, si fuera evidente que el "Contrato de Provisión de 500 toneladas de Cemento Asfáltico 85/100 a Granel" suscrito entre el GAM de Tarija con la proveedora Empresa Unipersonal CYNMART representada por su persona hubiera sido resuelto por la entidad contratante, conforme señala la cláusula décima novena del citado Contrato; es decir, previa comunicación notariada, producida la misma, la entidad tenía la obligación de elaborar la liquidación final a objeto de establecer los montos reembolsables al proveedor por concepto de adquisición satisfactoriamente efectuada, y, en base a ello, recién se podía ejecutar y cobrar la garantía de cumplimiento de contrato. En el presente caso, se evidencia de la Sentencia 01/2016 y del , que no existe ninguna resolución de contrato por parte de la entidad contratante, pues simplemente hizo conocer al proveedor la intención de resolución de contrato, que resulta el paso inicial; empero, se cobró ilegalmente la boleta de garantía de cumplimiento sin previa resolución de contrato y liquidación final, prueba inobjetable y contundente de ello, es que a la fecha no se pagó las 79.83 toneladas de cemento asfáltico entregadas y recibidas a satisfacción de la entidad, razón por la que, en la Sentencia se dispuso su pago. Circunstancias que obligaban a las autoridades ahora demandadas a pronunciarse respecto a la inexistencia del documento por el cual se habría resuelto el contrato o en su defecto, de haber existido este, el hecho de que no fue comunicado al proveedor a fin de que ejerza su derecho a la defensa.

Finalmente, en relación al cuarto motivo de agravio, referido a los daños y perjuicios ocasionados, el Auto de Supremo 179/2017, no emite pronunciamiento alguno.

Evidenciándose, en consecuencia de lo descrito precedentemente que, el , tampoco se pronuncia, ni resuelve ninguno de los cuatro agravios denunciados; por cuanto, los dos primeros referidos a las causas de resolución del contrato no fueron considerados en todos los aspectos expuestos como fundamentos para su consideración en dicho Auto Supremo, como la falta de pago de las 79.83 toneladas de cemento asfáltico y la fuerza mayor sobreviniente suscitada a raíz de que la proveedora PETROBRAS S.A. transfirió la planta de elaboración de dicho producto a un tercero, y que la propuesta de completar la provisión de otra proveedora fue rechazada; así también, en relación a los otros dos agravios, las autoridades ahora demandadas apenas aluden uno sin resolverlo y el otro ni siquiera lo mencionan, lesionando de esa manera los derechos denunciados en la acción de defensa; concluyéndose que, la falta de consideración y resolución de todos los aspectos expuestos en dos de los cuatro motivos de recurso, lesiona el art. 219.4 del Código Procesal Civil (CPC).

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