0086/2022-S3

El accionante a través de su abogada en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que:

1. a)Fue contratado de manera verbal a mediados de diciembre de 2019 y el 18 de mayo de 2020 le comunicaron que pasaba a formar parte de los funcionarios de planta, convirtiéndose su relación laboral en indefinida; ya que, tampoco se suscribió un contrato escrito;
2. b)El 10 de agosto de dicho año, la empresa ahora accionada prescindió de sus servicios alegando que su persona se encontraba en un término de prueba; empero, tal situación no es evidente, puesto que la normativa laboral no reconoce términos de prueba posteriores a ciclos de trabajo que fueron iniciados bajo un contrato verbal conforme a lo establecido por los arts. 5 y 6 de la Ley General del Trabajo (LGT); y,
3. c)Frente al despido injustificado e ilegal y arbitrario , actuó conforme prevé el Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, obteniendo en consecuencia una conminatoria de reincorporación laboral, mediante la cual se constató que el despido fue ilegal e injustificado; por lo que, la empresa ahora accionada vulneró sus derechos al trabajo, a la estabilidad y continuidad laboral; en consecuencia, solicita se conceda la tutela.

Evelyn Torrez Monasterio, Administradora Regional -Cochabamba- de Industrias Venado S.A., a través de su abogado en audiencia, manifestó que:

1. 1)Lo que se busca con esta acción de amparo constitucional es que simplemente se ejecute la Conminatoria MTEPS-JDT CO-0113/2020 de reincorporación laboral, contra la cual se interpuso recurso de revocatoria; puesto que, la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social emitió la referida conminatoria sin considerar todos los elementos probatorios, ya que se logró demostrar que el accionante no estableció su relación laboral desde diciembre de "...2020, cuya verdadera relación estaría inmersa mediante el memorándums de agradecimiento de servicios..." (sic), las papeletas de pago, planillas de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y las planillas de pago por las cuales se puede advertir que el accionante inició dicha relación laboral el 18 de mayo de 2020, siendo ese el motivo para no dar cumplimiento a la citada Conminatoria;
2. 2)Efectivamente existió una relación laboral basada en un contrato verbal, por el cual se presume un contrato indefinido; sin embargo, no se consideró que el art. 3 de la LGT establece un periodo de prueba para consolidar una relación laboral, el cual no debe exceder los noventa días; en el caso concreto dicho periodo de prueba duró ochenta y cinco días, y considerando que el accionante no tuvo un desempeño satisfactorio, decidieron agradecer sus servicios;
3. 3)La referida Jefatura omitió valorar las pruebas presentadas, las cuales desvirtúan el hecho de que el accionante ejerció funciones desde diciembre de 2019; entre las mencionadas pruebas, se presentó una certificación de trabajo emitida por Nirvay María Diaz, Gerente Propietaria del Servicio de Transporte y Distribución "NH" para quien el accionante trabajó como estibador el 27, 28, 29 y 30 de abril de 2020, al igual que el 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de mayo de igual año; en consecuencia, la aseveración de que el accionante trabajó en Industrias Venado S.A. desde diciembre de 2019 resulta incoherente, ya que se entendería que hubo una interrupción o que trabajó en ambas empresas al mismo tiempo; de igual manera se adjuntaron planillas de pago y comprobante de una transferencia bancaria en favor del accionante por parte de la empresa "NH"; por lo que, se vulneró el principio de lealtad procesal; y,
4. 4)La Conminatoria de reincorporación laboral adolece del principio de razonabilidad, por lo tanto no puede ser ejecutable, ya que existe prueba contradictoria que fue omitida por la indicada Jefatura; en consecuencia, se encuentra frente a hechos controvertidos, en los que la acción de amparo constitucional no tiene alcance; en consecuencia, de conformidad con el principio de verdad material y a lo previsto por los arts. 13 de la indicada Ley y 1 del DS 0110 de 1 de mayo de 2009, solicita se deniegue la tutela, ya que no se vulneró el derecho a la estabilidad laboral y como tampoco a la inamovilidad laboral.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 012/"2020" de 27 de enero de 2021, cursante de fs. 57 a 62, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)El accionante tiene demostrado que previo a acudir a la jurisdicción constitucional acudió al ámbito administrativo; es decir, a la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, denunciando su despido injustificado por parte de la empresa ahora accionada; en ese entendido, dicha Jefatura emitió la Conminatoria MTEPS-JDT CO-0113/2020, disponiendo la reincorporación del accionante a su fuente laboral, al último cargo que venía desempeñando, así como el pago de salarios devengados, subsidios familiares y demás derechos que le corresponda hasta el día que se haga efectiva la reincorporación, otorgando a la empresa hoy accionada tres días para su cumplimiento;
2. ii)En audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional, ambas partes manifestaron que la referida Jefatura, determinó un cuarto intermedio para el 28 de septiembre de 2020, fecha en la que la empresa ahora accionada presentó toda la documentación requerida que vendría a desvirtuar las alegaciones vertidas por el trabajador -accionante-; sin embargo, del análisis efectuado a la citada Conminatoria se advierte que no se hace constar todos esos aspectos y elementos probatorios aportados, lo cual hace entrever a este Tribunal que evidentemente no se efectuó un análisis y valoración de estos elementos probatorios presentados en audiencia; y,
3. iii)Si bien las conminatorias de reincorporación son de cumplimiento obligatorio y tienen un carácter provisional; sin embargo, se debe cumplir con lo establecido en la SCP 0698/2018-S1 de 30 de octubre, la cual refiere que: "En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su labor de velar por el respeto de los derechos de toda persona, a efectos de conceder o denegar la tutela en los casos en que se denuncie el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, debe analizar todos los aspectos inherentes al caso que le permitan concluir en una decisión razonable, sin que ello implique ingresar al fondo de la problemática, determinando cuestiones que por su naturaleza, deben ser resueltas en la vía laboral ordinaria; sin dejar de mencionar además, que la tutela alegada por este Tribunal tiene carácter provisional por cuanto, tanto empleador como trabajador pueden concurrir ante la judicatura laboral a efectos de que sea la autoridad competente quien a través de un contradictorio, defina el fondo del problema laboral"; en consecuencia, se advierte que la indicada Conminatoria no se encuentra con la debida fundamentación y motivación que sustente la determinación de disponer la reincorporación laboral del accionante.