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TCP

0087/2019-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
3 de mayo de 2019
Resumen del caso

Auto 0087/2019-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0087/2019-CA Sucre, 3 de mayo de 2019

Expediente: 28492-2019-57-CCJ Conflicto de competencias jurisdiccionales Departamento: La Paz

El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Juan Ramos Solíz, Juez Público Civil y Comercial de Partido, de Trabajo, Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Coroico; y Marcial Palabra Mamani, Secretario General, Julio Aliaga Alejo, Secretario de Actas, Mariano Yujra, Secretario de Viabilidad, todos de la Comunidad Auquisamaña; y, Benito Mamani Machaca, Secretario General de la Central Coripata, todos de la provincia Nor Yungas del departamento de La Paz.

I. SÍNTESIS DEL CONFLICTO

I.1. Contenido de la solicitud

Mediante Resolución Definitiva 001/2019 de 31 de marzo, cursante de fs. 198 a 201 vta., el Directorio del Sindicato Agrario Campesino y bases en pleno de la comunidad Auquisamaña, afiliada a la Central Agraria Campesina de Coripata y a la Federación Ancestral Milenaria de la hoja de coca del mismo municipio, del departamento de La Paz, dictada según mencionan a efectos de resolver el conflicto de tierras ocasionado por Fernando Mayta Laura, caso que conocen desde el año 2016, y en Asamblea, luego de señalar los antecedentes ocurridos, llegaron a determinar los acuerdos asumidos en los numerales del PRIMERO al NOVENO, con lo que consideran resolvieron la controversia suscitada en la "Familia Mayta"; Resolución que ponen a conocimiento del Juez Público Civil y Comercial de Partido, Trabajo, Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Coroico, y al mismo tiempo le solicitan se inhiba de conocer la demanda penal entre Fernando Mayta y María Eugenia Mayta y contra otros afiliados, además de pedirle cierre el caso, señalando que esa determinación sería asumida conforme a lo establecido por la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la Constitución Política del estado; y, por ello debe remitir a la instancia constitucional.

I.2. Resolución de la autoridad jurisdiccional ordinaria

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