Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0087/2026-RCA Sucre, 10 de marzo de 2026
Expediente: 82003-2026-165-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución de 13 de febrero de 2026, cursante de fs. 351 a 352, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Telésforo Espinoza Tenorio, Romualdo Loza Tola y Mario Loza Antonio contra Víctor Hugo Claure Hinojoza y Roció Vásquez Nosa, Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 5 de febrero de 2026, cursante de fs. 194 a 209, la parte accionante refiere que, la Jueza Agroambiental de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, emitió la Sentencia 08/2024 de 3 de septiembre, declarando improbada la demanda de desalojo por avasallamiento incoada contra sus personas, por Ronald Meneses Flores -tercero interesado- en representación del Sindicato Agrario "Rio Bateón"; al no haber prosperado su pretensión, el entonces demandante impugnó la Sentencia referida e interpuso recurso de casación; como resultado de dicho trámite procesal, se emitió la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 107/2024 de 14 de noviembre, por la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, ordenado la nulidad de obrados hasta el momento procesal de la emisión de Sentencia.
En cumplimiento de dicha determinación, la Jueza a quo, a través de la Sentencia 01/2025 de 16 de enero, declaró improbada nuevamente la pretensión del demandante; a cuya consecuencia, el prenombrado recurrió en casación; emitiéndose por la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental, el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 97/2025 de 11 de julio, casando la Sentencia recurrida y declarando probada la demanda principal, ordenando el desalojo voluntario de los demandados, otorgando un plazo de noventa y seis horas, bajo alternativa de ocupar el auxilio de la fuerza pública para ejecutar lo ordenado.
Refieren que, el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 97/2025, emitido por la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental, les fue notificado el 24 de julio de 2025; dicha resolución, contiene una serie de lesiones a sus derechos fundamentales; por lo que, determinaron plantear una acción de amparo constitucional, siendo efectuada el 23 de enero de 2026 y sorteada al Juez Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba -constituido en Juez de garantías-, quien emitió la Resolución Constitucional de 26 de enero de 2026, observando la misma y otorgando el plazo de tres días para que sea subsanada; en su condición de accionantes, mediante memorial presentado el 30 de enero de 2026; el Juez de garantías, mediante Auto de 3 de febrero de 2026, no dio curso a la subsanación efectuada y determinó tener por no presentada la acción de amparo constitucional.
Hace referencia a la , respecto al principio de inmediatez, señalando que este determina el razonamiento conforme al cual la interposición de un recurso constitucional interrumpe el plazo de la inmediatez, similar razonamiento se expuso en la , habiendo referido en otras Sentencias Constitucionales; por lo expuesto, concluye que la interposición de la presente acción de amparo constitucional, efectuada el 22 de enero de 2026, se realizó dentro del plazo de inmediatez.
Finalmente, expresan que el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 97/2025 de 11 de julio, emitido por la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental -hoy demandada-, estiman que:
- a)Es un fallo ultra petita;
- b)Excedieron en sus competencias los Magistrados demandados;
- c)Determinaron ampliar incorrectamente el alcance temporal de la normativa que rige a la materia agroambiental;
- d)Revalorizaron prueba producida en juicio; y,
- e)Se valoró de forma incorrecta la prueba del proceso.
I.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados
Consideran vulnerado su derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación suficiente y valoración racional de la prueba, a la defensa, a la presunción de inocencia; y, al principio de legalidad; citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.3. Petitorio
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