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TCP

0087/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
3 de febrero de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0087/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0087/2026-S1 Sucre, 3 de febrero de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 66497-2024-133-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 071/2024 de 12 de agosto, cursante de fs. 307 a 316 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Enrique Eduardo Molina Mitru y Sandra Romero Pantoja en representación legal de la empresa "MOLINA & ÁVILA CONSTRUCCIONES" Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) "MOLAVI S.R.L." contra Jorge Ahmed Julio Alé; Marcos Ramiro Miranda Guerrero y Ernesto Félix Mur; Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -el último Vocal suplente de la Sala Penal Segunda del mencionado Tribunal-; y, Arturo López Leyton, Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del indicado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante, por memorial presentado el 8 de agosto de 2024, cursantes de fs. 211 a 244, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como consecuencia de la resolución del Contrato Administrativo de Obra correspondiente al proyecto "'Construcción camino Zapaterambia Itaguazuti"', realizada por la Entidad Contratante -Servicio Departamental de Caminos (SEDECA)-, en aplicación de las causales previstas en la Cláusula Vigésima Primera, numeral 21.3, referidas a la resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o vayan contra los intereses del Estado, se evidencia que dicha decisión fue adoptada a pesar de la reiterada insistencia de la entonces Contratista, la Asociación Accidental "El Dorado", de dar cumplimiento al procedimiento contractual de cierre del proyecto; empero, dicha Entidad Contratante, actuando bajo delegación conferida por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija -ahora tercero interesado-, procedió a elaborar de manera unilateral la planilla de cierre, sobre la cual instruyó la ejecución de las garantías de Correcta Inversión de Anticipo, acto que fue oportunamente observado por el Contratista, quien advirtió de manera reiterada a las Entidades Financieras emisoras de las referidas garantías acerca de la ilegalidad e improcedencia jurídica de la orden de ejecución. En ese contexto, el Banco BISA Sociedad Anónima (S.A.) -hoy tercero interesado- en mérito a las observaciones formuladas, rechazó la solicitud de ejecución. Sin embargo, el Banco Nacional de Bolivia S.A. (BNB) ahora tercero interesado, desatendiendo las reiteradas solicitudes a evitar un pago indebido, procedió a efectivizar el pago; por lo que, el Contratista se vio obligado a iniciar Proceso Contencioso Administrativo en contra dicha Entidad Contratante, como consecuencia directa de la instrucción abusiva e ilegal de ejecución de las garantías de Correcta Inversión de Anticipo y en diligencia preliminar, se logró que la autoridad jurisdiccional competente disponga la medida cautelar de prohibición de innovar respecto de las garantías contractuales de Correcta Inversión de Anticipo, medida que fue oportunamente ordenada por el Tribunal que posteriormente conoció y tramitó el referido proceso contencioso administrativo. Como consecuencia de la ejecución de dichas garantías, el BNB S.A., hoy tercero interesado, en una actuación posterior, inició proceso ejecutivo de repetición y cobro por los montos que hubieran sido pagados de igual manera cabe enfatizar que, dentro del Proceso Contencioso Administrativo, se emitió Sentencia que a la fecha se encuentra ejecutoriada, y presentada en grado de apelación dentro del proceso ejecutivo. Asimismo, de los antecedentes se tiene al Contrato Administrativo de Obra y Proceso Contencioso Emergente del mismo, en la que la Asociación Accidental "El Dorado", de la cual forma parte la empresa MOLAVI S.R.L., suscribió la Minuta de Contrato 38/2008, de ejecución del proyecto denominado "Construcción camino Zapaterambia Itaguazuti", con el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, que fue resuelto por la Entidad Contratante, y comunicada al Contratista mediante Carta Notariada de 25 de octubre de 2012. La resolución unilateral del Contrato Administrativo de Obra, constituye la única modalidad de resolución unilateral que permite al Estado o sus instituciones a resolver un contrato de manera unilateral sin que exista imputabilidad de incumplimiento que dé lugar al resarcimiento de daños y perjuicios y desde el momento en que se produjo la resolución unilateral por parte de la entonces Gobernación, la empresa como Contratista reclamó de manera reiterada el cumplimiento estricto de las disposiciones contractuales aplicables a la resolución del contrato, exigiendo que se observe el procedimiento previsto en la Cláusula Vigésima Primera, numerales 21.3 y 21.4. Ahora bien el Control y Monitoreo ingresó a la obra y efectuó la medición de los trabajos efectivamente ejecutados, los resultados de dicha medición nunca fueron informados ni puestos en conocimiento de La Entidad Contratante, incumpliéndose de manera flagrante el procedimiento contractual, dicha instancia técnica procedió a elaborar de manera indebida, ilegal, arbitraria y unilateral un denominado "Informe de Cierre", de junio de 2016, al cual se adjuntó una supuesta "Planilla de Liquidación Final", la cual carece de participación, del Contratista por lo cual no cuenta con su firma, e incorpora montos arbitrarios, resultantes de descuentos, omisiones y criterios subjetivos, ajenos al marco contractual y carentes de respaldo técnico y jurídico para elaborar unilateralmente la Planilla o Certificado Final; puesto que, conforme a lo pactado contractualmente, es el Contratista quien debe preparar dicho documento, exclusivamente sobre la base de la Planilla de Medición Final; en consecuencia, el procedimiento seguido por la Entidad Pública Contratante resulta manifiestamente nulo, que motivo a instaurar un Proceso Contencioso Administrativo ante la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, proceso que a la fecha se encuentra concluido con sentencia favorable y encontrándose actualmente en fase de ejecución. Asimismo en el Contrato de Emisión de Boletas Bancarias de Garantía y Proceso Ejecutivo Emergente del mismo, la empresa MOLAVI S.R.L., conjuntamente con sus representantes legales -accionantes-, suscribieron con el BNB S.A, ahora tercero interesado un Contrato de Fianza Bancaria bajo Línea de Crédito, en mérito al cual se emitió la Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo 10701117/17, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, hoy tercero interesado, por la suma de Bs3 096 500.- (tres millones noventa y seis mil quinientos bolivianos), por cuenta de la Asociación Accidental "El Dorado". Dicho instrumento de garantía contractual fue emitido el 20 de junio de 2017, con vigencia hasta el 11 de mayo de 2018, y tuvo como finalidad garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato Administrativo de Obra anteriormente descrito. De manera paralela a la sustanciación del proceso contencioso administrativo referido en el apartado precedente, el referido Banco inició proceso ejecutivo de repetición de sumas de dinero contra la empresa MOLAVI S.R.L., con el objeto de recuperar los montos desembolsados como consecuencia del cobro indebido de las garantías contractuales efectuado por el citado Gobierno Autónomo Departamental, dentro del marco del referido contrato administrativo de obra. En ese contexto, dicha empresa advirtió de manera reiterada al BNB S.A. ahora tercero interesado que la solicitud de ejecución de la boleta de garantía formulada por la Entidad Contratante resultaba contractual y jurídicamente ilegal; puesto que, no correspondía imponer al Contratista el cobro de las garantías contractuales de Correcta Inversión de Anticipo; asimismo, el BNB S.A. hoy tercero interesado procedió a efectivizar el pago ilegal e indebido y conforme a las disposiciones del Contrato Administrativo de Obra, la Planilla o Certificado Final de Cierre debía ser elaborada por el Contratista, y no por la instancia de Control y Monitoreo. Dicha Planilla de Cierre incorporada en el Informe 01/2016 carece de participación, conocimiento y consentimiento del Contratista, resultando ilegal, unilateral, impuesta y abusiva. Asimismo, al incumplir la obligación legal prevista por el art. 916 del Código de Comercio (CC), el BNB S.A., actuó también de manera ilegal e indebida al dar curso al pago de una garantía cuya ejecución había sido ilegalmente requerida por la Entidad Contratante; ya que, el incumplimiento del deber legal impuesto por el art. 916 del CC inviabiliza la legalidad de la ejecución de la garantía y, por consiguiente, invalida el derecho de repetición pretendido. Debe añadirse que el BNB S.A. ahora tercero interesado tenía pleno y oportuno conocimiento de que la referida empresa, en su calidad de integrante de la Asociación Accidental "El Dorado", había interpuesto demanda contencioso administrativa por Solución de Controversias en Contrato Administrativo de Obra, solicitando la declaratoria de ilegalidad del procedimiento de cobro de las garantías contractuales; así como, la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, radicada ante la Sala Social, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en contra del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, precisamente, en ese proceso contencioso se cuestionó de manera directa el procedimiento ilegal de cobro de todas las garantías contractuales, encontrándose entre ellas la Boleta Bancaria 10701117/17, que fue indebidamente ejecutada y pagada bajo un marco de manifiesta ilegalidad y arbitrariedad, a solicitud de dicho Gobierno Autónomo Departamental y en contra de la voluntad expresa de la empresa MOLAVI S.R.L. No obstante, ese conocimiento previo y expreso, el BNB S.A procedió indebida e ilegalmente a efectivizar el pago de la referida Boleta de Garantía por la suma de Bs3 096 500.-, dicho pago fue oportunamente impugnado por esa empresa dentro del proceso ejecutivo, mediante la interposición de excepción como medio de defensa, con el objeto de repeler la pretensión de cobro por repetición de un pago indebido, efectuada por la entidad ejecutante.

Debe precisarse que la ejecución de la fianza bancaria se encuentra regulada por el Código de Comercio -arts. 902 y ss.; y, 1447 y ss.- y, de manera supletoria, por el Código Civil -arts. 916 y ss.-. De ello se desprende que la entidad bancaria no se encontraba jurídicamente constreñida a efectuar un pago incondicional e inmediato; ya que, estaba obligada a verificar la concurrencia de los presupuestos legales y contractuales que habilitaran la ejecución válida de la garantía. En el caso concreto, conforme a la Cláusula Segunda del Contrato Administrativo de Obra, las garantías contractuales se rigen por lo dispuesto en el Decreto Supremo (DS) 29190, art. 38 inc. d). A su vez, el Documento Base de Contratación, Primera Parte, sub numeral 8.4. En consecuencia, la Cláusula Vigésima Primera del Contrato Administrativo de Obra define de manera expresa y taxativa el procedimiento aplicable para la ejecución de las garantías, el cual fue incumplido tanto por la Entidad Beneficiaria de la garantía como por la Institución Financiera emisora; además, la obligación que pretende hacerse valer no es exigible, al producirse un incumplimiento evidente del art. 916 del Código Civil (CC).

Concluido el trámite procesal de la acción ejecutiva, se dictó el fallo de fondo que cursa en el acta de audiencia de 13 de noviembre de 2019, materializado en la denominada Sentencia "Ejecutiva Definitiva N° /2019", mediante la cual se ratificó la sentencia inicial y se rechazó la excepción de falta de fuerza ejecutiva. Contra dicha determinación, formularon recurso de apelación en noviembre de 2019, radicando el proceso ante la Sala Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitiéndose el Auto de Vista -148/2023 de 22 de septiembre-; sin embargo, la emisión y notificación de dicho Auto de Vista se produjo en circunstancias anómalas y altamente irregulares, posteriormente, el 15 de noviembre de 2023, presentaron memorial adjuntando prueba documental, consistente en la Sentencia ejecutoriada y el Auto de Vista dictados dentro del Proceso Contencioso Administrativo seguido contra el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, ahora tercero interesado. Dichas resoluciones, con calidad de cosa juzgada, declararon la nulidad de la ejecución de las garantías contractuales, entre ellas la Boleta de Garantía objeto del proceso ejecutivo en trámite, en ese memorial se solicitó de manera expresa que el Tribunal de alzada revoque la sentencia apelada, extremo jurídicamente viable; puesto que, hasta ese momento el Auto de Vista no fue emitido ni notificado; No obstante, el 8 de febrero de 2024, se les notificó con el Auto de Vista 148/2023 y un decreto recaída al memorial presentado el 16 de noviembre de 2023, tal circunstancia resulta abiertamente contradictoria e inexplicable; puesto que, ese Auto de Vista, debió ser notificado oportunamente. De igual manera, si en noviembre de 2023 ya existía dicho Auto de Vista, carece de lógica jurídica que no se procedió a su inmediata notificación; Es incontrovertible que, no fue emitido válidamente el decreto de 16 de noviembre de igual mes y año, en ese momento con dicho Auto de Vista aún no fue notificado, circunstancia que constaba en el propio expediente; por lo que, los Vocales firmantes se encontraban plenamente habilitados para reconsiderar o modificar el contenido del referido Auto de Vista, dando cumplimiento a lo previsto por el art. 400.III del Código Procesal Civil (CPC). Ello resultaba aún mas imperativo al haberse puesto en su conocimiento una Sentencia ejecutoriada -03/2022- y un Auto Supremo de Casación -370/2022- emitidos en el proceso contencioso administrativo, que declararon la nulidad de la ejecución de las garantías contractuales y de la Planilla de Cierre elaborada unilateralmente por la Entidad Contratante, fundamento exclusivo del proceso ejecutivo; y, Sin embargo, lo que se advierte es que recién en febrero de 2024, mes en el cual se practicaron las notificaciones, se hubiesen emitido en realidad ambos decisorios judiciales, aparentando una fecha anterior, sin advertir o soslayando las evidentes incongruencias temporales que delatan dicha irregularidad. Ante esos hechos, y una vez notificados, presentaron el 9 de igual mes y año, memorial solicitando aclaración, complementación y enmienda, dicho memorial fue resuelto mediante el Auto Interlocutorio 23/2024 de 1 de marzo, emitido por los Vocales hoy accionados. Luego de efectuada la notificación al día siguiente el expediente fue devuelto al juzgado de origen. En ese contexto, se dirigieron al Juez hoy coaccionado mediante memorial de 1 de abril de ese año, interponiendo incidente de nulidad de obrados y extinción del proceso, ese incidente fue sustentado en que la prueba documental adjuntada en segunda instancia acredita de manera inequívoca, mediante sentencia judicial ejecutoriada y, por ende, con valor de cosa juzgada material, inmodificable e irrefragable, que la Sala Social, de Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a través de la "Sentencia" 03/2022 de 10 de enero, posteriormente confirmada de manera íntegra y definitiva por el . En consecuencia, la ejecución de las boletas de correcta inversión de anticipo promovida por la entidad contratante -Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija- hoy tercero interesados, ya fue expresamente dejada sin efecto legal por una sentencia ejecutoriada, lo que determina que la acción ejecutiva carezca de sustento jurídico actual y deba inexorablemente someterse al efecto primario de su extinción. En tal sentido, con relación al art. 115.I de la CPE, se desprende que la tutela judicial efectiva no se limita al acceso formal a la justicia, sino que impone a los operadores jurisdiccionales el deber de garantizar una protección real y eficaz de los derechos e intereses legítimos, especialmente cuando éstos ya fueron definidos. En ese marco, resulta plenamente aplicable la doctrina de la sustracción de materia, entendida como una forma extraordinaria de extinción del proceso. Lo expuesto permite concluir que se configuró un proceder abusivo, arbitrario, ilegal e indebido, y por tanto jurídicamente inaceptable, por parte de la entidad beneficiaria de la Boleta de Garantía objeto de análisis, esto es, el Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija. En efecto, al incumplir la obligación expresa que le impone el art. 916 del CC, dicha entidad promovió de manera ilegítima la ejecución de la garantía. En ese mismo sentido, la entidad ejecutante, BNB S.A. hoy tercero interesado, incurrió igualmente en una actuación ilegal e indebida, al dar curso y efectivizado el pago de la garantía a requerimiento irregular de la Entidad Contratante -GADT- sin observar los presupuestos legales exigidos para tal efecto. A lo anterior debe añadirse que, con anterioridad a la notificación con el Auto de Vista dictado en mérito a su recurso de apelación, la Sala Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, fue puesta en conocimiento formal de la existencia de la Sentencia ejecutoriada emitida dentro del proceso contencioso. No obstante ello, bajo el argumento de que el Auto de Vista ya habría sido pronunciado, dicha Sala Civil se limitó a señalar que las partes debían atenerse a su contenido. Sin embargo, resulta necesario puntualizar que dicho decisorio no fue notificado ni había salido de despacho al momento de que el Tribunal de alzada tomó conocimiento de nuestra alegación relativa a la existencia de una sentencia ejecutoriada que anuló la ejecución de garantías contractuales; empero, en un acto irregular y no exento de responsabilidad jurisdiccional, la Sala optó por una conducta meramente formalista, omitiendo toda consideración sobre un elemento jurídico determinante para la resolución de la causa. Más aún, una vez notificados simultáneamente tanto con el Auto de Vista como con la resolución mediante la cual se rechazó asumir conocimiento de la sentencia ejecutoriada del proceso contencioso, se dispuso de manera inmediata la devolución de obrados al juzgado de origen, impidiendo materialmente a esta parte cuestionar y objetar oportunamente dicha actuación del Tribunal de alzada. Tal proceder resulta abiertamente contrario al principio procesal y constitucional de Verdad Material, que debía primar por sobre cualquier formalismo, y cuya vulneración constituye uno de los fundamentos esenciales de la presente acción constitucional. En ese contexto, y a pesar de todo el marco fáctico y jurídico ampliamente fundamentado tanto en forma como en fondo, el 17 de abril de 2024, el Juez ahora coaccionado mediante "auto interlocutorio s/N°" y sustentándose en argumentos insustanciales e irrelevantes, apartándose del deber constitucional de observancia de los principios de Verdad Material y Legalidad, resolvió rechazar el incidente de nulidad de obrados y extinción del proceso, planteado en aplicación de la doctrina de la sustracción de materia, declarando el mismo improbado. En ese contexto, y como último recurso procesal idóneo y oportunamente disponible, plantearon recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio de 17 de abril de 2024., exponiendo y fundamentando su viabilidad jurídica en la actuación incorrecta e ilegal del juzgador por vulneración del principio constitucional de Verdad Material; así como, del incumplimiento de los principios constitucionales de Verdad Material y Congruencia de las decisiones judiciales. En síntesis, y a los efectos de precisar el alcance del recurso de reposición interpuesto, se dejó claramente establecido que el incidente de nulidad planteado no se confunde ni se equipara con la excepción de falta de fuerza ejecutiva opuesta con anterioridad en la causa. En efecto, el ; así como, la declaratoria de ejecutoria de la Sentencia emitida en el proceso contencioso, otorgan al proceso ejecutivo una nueva realidad material y una nueva situación jurídica, que no requiere transitar nuevamente por recursos o procesos de conocimiento; ya que, despareció la base jurídica que daba sustento a la pretensión ejecutiva. Ello determina la extinción inmediata del proceso, en tanto resulta constitucionalmente inadmisible la prosecución de un proceso judicial sin materia justiciable, por efecto de la sustracción de la causa petendio o materia justiciable. Asimismo, el 14 de mayo de 2024, presentaron memorial mediante el cual; además, de observar la planilla de costas que se venía tramitando, refutó expresamente el argumento del Juzgador en sentido de que no sería aplicable al caso el decisorio judicial emitido en el proceso contencioso, bajo el pretexto de que éste se hubiese sustanciado en sede administrativa. Al respecto, se precisó que el proceso contencioso administrativo es, por naturaleza, un proceso de conocimiento tramitado en sede jurisdiccional administrativa, y que en ambas causas se examina el mismo objeto jurídico, cual es la legalidad de la ejecución de las Boletas Bancarias de Garantía emitidas por el BNB S.A. hoy tercero interesado posteriormente ejecutadas y cobradas por la entidad beneficiaria. En refutación directa al criterio asumido por el Juzgador, y tratándose de una cuestión planteada en vía incidental, se alegó la aplicabilidad art. 400.III del CPC.

Se expuso que la claridad, precisión y pertinencia de dicha disposición normativa resultaban suficientes para cerrar el debate jurídico pendiente, si se la aplicaba correctamente al caso concreto; por lo que, se solicitó expresamente su consideración al momento de resolver el recurso interpuesto. No obstante ello, el Juzgador, mediante Auto Interlocutorio de 15 de mayo de 2024, resolvió declarar SIN LUGAR el planteamiento efectuado y conceder la apelación alternativa interpuesta. Si bien dicho recurso continúa su trámite, ello no constituye causal de inviabilidad de la presente acción de amparo constitucional, conforme se desarrollará más adelante. Desde ya, corresponde advertir que existe un riesgo cierto e inminente de daño patrimonial irreparable; De no mediar la presente acción tutelar como mecanismo de freno oportuno a dicho proceder, los bienes de propiedad de esta parte podrían ser irreversiblemente transferidos a terceros, mientras se sustancia, en todas sus instancias, el eventual proceso ordinario de revisión de lo resuelto en el proceso ejecutivo cuestionado. Finalmente, corresponde dejar constancia de que, respecto al memorial de 14 del mismo mes y año -en una conducta similar a la asumida por los Vocales hoy accionados- optó por eludir todo pronunciamiento de fondo, limitándose a emitir un simple decreto. Al sostener que el recurso de reposición ya hubiese sido resuelto y las partes debían estarse a lo dispuesto, el Juzgador de primera instancia cerró de manera definitiva toda posibilidad real y efectiva de revisión de su decisión, desconociendo los alcances y exigencias de los principios constitucionales de Verdad Material y Legalidad, que obligan a las autoridades jurisdiccionales a examinar integralmente los argumentos y elementos jurídicos relevantes puestos a su conocimiento. En ese entendido al clausurarse indebidamente todo mecanismo idóneo de tutela judicial dentro de la jurisdicción ordinaria, queda plenamente habilitada la jurisdicción constitucional, en virtud de lo dispuesto por el art. 32.II. del CPCo, la acción de amparo constitucional se interpuso ante la Sala Constitucional de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por ser competente territorialmente. La acción de defensa se fundamenta en la doctrina constitucional que reconoce la procedencia del amparo frente a resoluciones judiciales que, por su falta de motivación, incongruencia o arbitrariedad, vulneran derechos fundamentales.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

La parte accionante accionante denuncia la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la igualdad ante la ley, a la propiedad privada, así como los principios de seguridad jurídica, verdad material y de legalidad; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 56 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).; 8 , 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 14.2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

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