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TCP

0088/2019-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
3 de mayo de 2019
Resumen del caso

Auto 0088/2019-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0088/2019-CA Sucre, 3 de mayo de 2019

Expediente: 28515-2019-58-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: Chuquisaca

La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Horacio Poppe Inch, Diputado Titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional por el departamento de Chuquisaca, demandando la inconstitucionalidad por omisión normativa del art. 224 inc. c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), por ser presuntamente contrario a los arts. 14 y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN

I.1. Argumentos jurídicos de la acción

Por memorial presentado el 17 de abril de 2019, cursante de fs. 4 a 8, el accionante refiere, que el art. 120.I de la CPE y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, protegen el derecho a ser oído por un juez o tribunal competente e imparcial.

Asimismo, la , siguiendo el precedente establecido en la , refiere que el juez imparcial se encuentra exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva a momento de tomar una decisión para emitir la resolución; de igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) generó también importantes estándares en cuanto a la garantía de imparcialidad judicial; así, en los casos: Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, se estableció que el debido proceso tiene como uno de sus presupuestos fundamentales la aproximación imparcial del juez a los hechos.

En ese sentido -añade-, la imparcialidad establecida en el art. 120.I de la CPE tiene un fin legítimo y claro, asegurar la objetividad de las autoridades jurisdiccionales y que éstas puedan emitir sus decisiones absueltas de prejuicios o injerencias contrarios a los derechos consagrados en el bloque de constitucionalidad, evitando se perjudique arbitraria e indebidamente a una parte procesal en beneficio indebido de otra. Entonces, la figura de la recusación es una garantía para las partes procesales, ya que determina criterios y directrices para que en casos concretos una autoridad judicial pueda apartarse del conocimiento de una causa, si existiera una duda sobre su imparcialidad y objetividad. En ese contexto, el art. 224 inc. c) del CFPF, estipula que es una causal de excusa y recusación el: "...tener relación de compadre, padrino o ahijado, proveniente de la amistad, matrimonio o bautizo con alguna de las partes", e incurre en una omisión inconstitucional por no incluir la frase "o sus abogados". Además, esta omisión normativa solo se presenta en el Código señalado y no así en materia procesal, civil u otras ramas; esta omisión -refiere- transgrede la garantía e imparcialidad judicial; toda vez que, al no incluir a los abogados en las causales de excusa y recusación, es contraria a la objetividad que persiguen estas instituciones, porque los prejuicios o injerencias contrarias a la objetividad, no solo pueden devenir de las partes sino también de sus abogados, en circunstancias en las que los mismos mantengan con la autoridad jurisdiccional, relaciones íntimas de amistad o de parentesco espiritual por matrimonio o bautizo.

Añade que, en armonía con lo hasta aquí argumentado, la CIDH, ha desarrollado también la imparcialidad objetiva, a cuyo efecto, los Estados deben ofrecer garantías suficientes de índole objetiva, que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad; por lo que, sin duda la omisión del art. 224 inc. c) del CFPF, que omite la frase: "o sus abogados", es inconstitucional por ser contraria a la garantía de imparcialidad en su dimensión objetiva, omisión que además, solo se da en materia familiar, ya que los abogados están incluidos en estas causales de excusa y recusación en el proceso civil y otras materias; aspecto que no ofrece garantías suficientes a nivel normativo a efectos de desterrar toda duda al justiciable o la comunidad, respecto de la ausencia de imparcialidad; máxime cuando los prejuicios injerencias o influencias contrarias a la objetividad, no solo devienen de las partes, pudiendo también ser atribuibles a los abogados.

Asimismo, la omisión normativa en la que incurre el artículo impugnado respecto a la frase: "o sus abogados", es inconstitucional por afectar la garantía de igualdad consagrada en los arts. 14 de la CPE y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por dos razones:

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