Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0088/2019-S1 Sucre, 3 de abril de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 25127-2018-51-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 21 de 3 de agosto de 2018, cursante de fs. 118 vta. a 121, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lilian Salazar Salazar contra Sergio Abrahan Imana Canedo y Christian Eduardo Monje, Director Departamental a.i. y Secretario General, respectivamente, del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 26 de julio de 2018, cursante de fs. 12 a 16 vta., la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Debido a un error cometido por el INRA -que fue inadvertido- en la mensura de su predio "Los Tajibos", fueron asignadas al predio "Los Tajibos I" 29 ha de terreno, alambradas y trabajadas desde 1998, tanto por su persona como por su extinto esposo, que es colindante a lado sur de su propiedad; ante ello, en dos oportunidades solicitó por escrito a la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz, fotocopias simples de la carpeta de saneamiento del predio "Los Tajibos I", recibiendo en ambas respuesta negativa al pedido, bajo el argumento de falta de acreditación de interés legal, en un entendimiento restringido y erróneo de ese concepto, y en desconocimiento del valor legal de la documentación presentada, contrariando la normativa administrativa aprobada por el Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007, vulnerando sus derechos constitucionales.
Así, después de defenderse mediante acción de amparo constitucional de un pretendido desapoderamiento por el Juez Agroambiental de Camiri del departamento de Santa Cruz, se propuso conocer las razones por las cuales el INRA asignó las 29 ha de su propiedad reclamadas a la propietaria del predio "Los Tajibos I", y eventualmente activar una demanda de nulidad de Título Ejecutorial del citado predio, por lo cual, se apersonó al INRA del citado departamento en dos oportunidades:
- a)La primera fue el 22 de febrero de "2016" -siendo lo correcto 2018-, mereciendo Informe Legal DDSC-ARCH-INF 204/2018 de 27 de marzo, evacuado por funcionarios del INRA Santa Cruz, por el cual se concluyó: "que no corresponde dar curso a la presente solicitud por falta de acreditación de interés legal de conformidad a lo establecido en el artículo 62 del DS. Nº 29215" (sic), ocasión en la cual expuso el problema judicial, acompañando copia simple de la demanda; y,
- b)La segunda, presentó escrito el 11 de abril de igual año, por el cual reiteró el pedido de fotocopias de la carpeta de saneamiento del predio "Los Tajibos I", generándose el Informe Legal DDSC-ARCH-INF. 337/2018 de 3 de mayo, que concluyó señalando que "NO corresponde a la emisión de copias simples a la falta de acreditación de Interés Legal a lo establecido por los arts. 13 y 61 del DS. N°29215" (sic), a pesar que al memorial estaban arrimadas copias legalizadas del Auto Nacional Agroambiental S1a 88/2016 de 1 de diciembre, así como de la Sentencia 01/2018 de 4 de enero, que le concede tutela judicial ante un forzado y arbitrario desalojo pedido por la propietaria de "Los Tajibos I", y copia del plano del predio "Los Tajibos" con imágenes satelitales que evidencian el área en conflicto. Documental idónea que acredita de forma fehaciente su interés legal en el pedido y que fue rechazado por las autoridades demandadas.
La negación al pedido de fotocopias simples de la carpeta de saneamiento del predio "Los Tajibos I" de propiedad de Mary Gutiérrez Zambrana, ubicado en el cantón Lagunillas, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, con el argumento de que no acreditó interés legal, constituye un acto que vulnera su derecho de acceso a la información y documentación, restringiendo asimismo su derecho a la defensa; toda vez que, la única forma de defender las 29 ha de su unidad productiva, que fueron tituladas por el INRA para el predio vecino, es mediante una acción judicial de nulidad de Título Ejecutorial, la cual no puede activar sin conocimiento de los fundamentos técnico jurídicos que llevaron al INRA a tomar esa decisión; es decir, que además de vulnerarse su derecho constitucional de acceso a la información, se está restringiendo su derecho a la defensa puesto que no dispone de la información básica para activar la referida acción judicial ante el Tribunal Agroambiental.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos de acceso a la información y a la defensa, asimismo a los principios de "publicidad" y "transparencia", citando al efecto los arts. 21.6 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
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