0088/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0088/2022-S1 Sucre, 18 de abril de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de protección de privacidad

Expediente: 31713-2019-64-APP Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 144/2021 de 14 de julio, cursante de fs. 134 a 137 vta., pronunciada dentro de la acción de protección a la privacidad interpuesta por Jeannete Alfaro Moldiz en representación legal de Franco Alejandro Albarracín Vallejos contra Carlos Romero Bonifaz, ex Ministro de Gobierno y Máximo Jhonny Aguilera Montecinos, Comandante General de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 1 y 21 de octubre de 2019, cursantes de fs. 37 a 40 vta. y fs. 45, respectivamente, la representante legal del accionante manifiesta los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 25 de noviembre de 2014, cuando se encontraba en inmediaciones de la calle Mercado de la ciudad de La Paz, fue interceptado por una Agente de Tránsito quien pretendió imponerle una infracción y ante una conversación poco fraterna, se apersonaron a oficinas de Tránsito de la ciudad de La Paz, donde aclarados los hechos, se llegó a un acuerdo sobre la supuesta infracción cometida, se procedió a la devolución de las llaves del vehículo y se retiró sin registro de ningún incidente o agresión.

Meses después, cuando pretendía acceder a su registro de antecedentes para la realización de trámites, por un error involuntario de la Dirección Departamental de Tránsito de La Paz, esta fue emitida "con antecedentes" por supuesto atropello a peatón, por lo que a su requerimiento dicha institución emitió en el mes de febrero, la Resolución Administrativa "007/2015 de 24 de febrero de 2016" (sic), ordenando se subsane la equivocación, emitiéndose un certificado con el registro de "sin antecedentes" (sic), aclarando que "...la cancelación de antecedentes significa únicamente, la no consignación del antecedente registrado en el certificado de antecedentes, subsistiendo el registro en la ficha Kárdex del conductor del archivo electrónico, toda vez que se constituye en una fuente auxiliar con fines estadísticos y de información, conforme el art. 387 del Reglamento al Código de Tránsito" (sic).

Posteriormente, durante una protesta sucedida el 21 de febrero de 2018, en calidad de defensor de derechos humanos, en puertas de la oficina de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos fue víctima del disparo de un proyectil de gas proveniente de un efectivo policial, que le provocó una incapacidad de seis días, conforme el certificado médico forense que se le extendió, hecho que fue registrado en un video difundido en redes sociales a nivel nacional.

Sostiene que en lugar de realizarse los actos investigativos, para identificar al responsable, el 23 del mismo mes y año, el Ministro de Gobierno demandado y el ex Comandante de la Policía Boliviana, Faustino Mendoza, en conferencia de prensa a la que convocaron, afirmaron que años atrás había incurrido en un delito, refiriéndose al hecho de tránsito en el que había atropellado a una Cabo de la Policía, extrayendo esta información de registros de la Unidad de Tránsito de la Policía Boliviana, en la que se guardó de forma errónea, solo para datos estadísticos, pero fue difundida por todos los medios nacionales, sin ningún fundamento y sin que una autoridad jurisdiccional competente hubiere emitido sentencia que demuestre su culpabilidad ante este supuesto hecho, por lo que las declaraciones vertidas con alta cobertura de los medios, no guardan relación ni demuestran la verdad de lo sucedido.

A efecto de cumplir con los requisitos formales exigidos para lograr la restitución de su derecho vulnerado, el 10 de agosto de 2018, presentó una carta al Director Departamental de Tránsito de La Paz, pidiendo "...elijación total de Registro de Antecedentes" (sic), que reiteró el 17 del mismo mes y año, ante la falta de respuesta, decidió presentar, el 22 de igual mes y año, su solicitud ante el Comandante General de la Policía Boliviana, respecto a la eliminación total de antecedentes policiales, petición con la que acudió, en la misma fecha, ante el Ministerio de Gobierno, quien rechazó su requerimiento a través del CITE MG-DGAJ 1694/2018, cumpliendo así con el principio de subsidiariedad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la privacidad, honra, honor, propia imagen y dignidad citando al efecto los arts. 21.2 de la Constitución Política del Estado (CPE); 11 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

I.2. Trámite en el Tribunal Constitucional Plurinacional

I.2.1. Rechazo de la acción de amparo constitucional

Mediante Resolución 0113/2019 de 22 de octubre, cursante de fs. 46 a 47 vta., la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, declaró la improcedencia de la presente acción de defensa; por incumplimiento a lo ordenado por decreto de 2 de octubre de 2019, cursante a fs. 41 y vta., a objeto que el ahora accionante en el plazo de tres días adjunte poder especial y suficiente conforme lo exigido por la SCP 1022/2017-S1 de 11 de septiembre; readecue su demanda, identificando y estableciendo de forma correcta la legitimación pasiva, de acuerdo con el art. 59 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, señale su petitorio en el marco de lo previsto por el art. 63 de la misma disposición legal.

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional

Como consecuencia de la impugnación interpuesta por el solicitante de tutela contra la Resolución 0113/2019; la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional emitió el AC 0362/2019-RCA de 2 de diciembre; por el cual, se dispuso la revocatoria de la citada Resolución disponiendo que el Tribunal de garantías otorgue el plazo de tres días conforme al art. 30.I.1 del CPCo, a efecto que el impetrante de tutela a través de su mandante, subsane el requisito referido a señalar el nombre y domicilio contra quien o quienes dirige la acción para finalmente dictarse el Auto de 1 de junio de 2021 que admitió la presente acción tutelar.

I.3. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

En la audiencia pública efectuada el 14 de julio de 2021, según consta en acta cursante de fs. 130 a 133 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción

Ante las aclaraciones solicitadas por el Tribunal de garantías, refirió que el objeto de la presente acción tutelar es la eliminación de la información consignada en el kárdex del conductor que únicamente tenía por objeto fines estadísticos por lo que debió ser resguardada y no divulgada por las autoridades hoy accionadas en conferencia pública y la cuenta oficial de Twitter de la Policía Boliviana, como ocurrió en su caso, máxime si se toma en cuenta que su persona carece de antecedentes conforme se tiene de la corrección efectuada por la misma entidad de tránsito realizada mediante la Resolución Administrativa de la Dirección Departamental de Transito, Transportes y Seguridad, vía de la ciudad de La Paz "007/2015 de 24 de febrero de 2016".

I.3.2. Informes de las autoridades demandadas

I.3.3. Resolución

Ante lo cual, el Tribunal de garantías mediante Resolución de 20 de julio de 2021, cursante a fs. 141 declaró "no ha lugar" dicha petición bajo el fundamento establecido en el art. 58 del CPCo, relacionado con los antecedentes y los argumentos expuestos tanto por la parte accionante y autoridades accionadas, se verificó la falta de legitimación pasiva de las autoridades demandadas, por lo que los argumentos expuestos dentro de la resolución 144 de 14 de julio de 2021 han sido claros.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente:

II.1. Consta formulario de denuncia Tránsito 034810 de 25 de noviembre de 2014 -Caso 10240- consignando como detalle del hecho atropelló a peatón en la persona de la Cabo policial en servicio Roxana Hilari cometido por Franco Alejandro Albarracín Vallejos con cédula de identidad 4285147 La Paz a bordo de la vagoneta Hyundai color café con placa de control 3763-TUL sucedido en la referida fecha a horas 14:10 (fs. 109).

II.2. Cursa Resolución Resolución Administrativa de la Dirección Departamental de Transito, Transportes y Seguridad, vía de la ciudad de La Paz "007/2015 de 24 de febrero de 2016" emitida por Ramiro Oscar Lafuente Guardia y Wilson López Sugano, Director y Asesor Jurídico de la Dirección Departamental de Tránsito, Transportes y Seguridad Vial de la ciudad de La Paz que resuelve: "...PRIMERO.- SE PROCEDA A LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES CONFORME ESTABLECE EL ART. 441 DE LA LEY N° 1970 A EFECTOS DE EMITIR CERTIFICADO DE ANTECEDENTES A FAVOR DEL SEÑOR FRANCO ALEJANDRO ALBARRACÍN VALLEJOS CON C.I. No 4285147 LA PAZ, "SIN ANTECEDENTES", Y SEA POR LA DIVISIÓN DE ARCHIVOS Y REGISTRO DE ANTECEDENTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO, USUARIO DEL SISTEMA INFORMÁTICO SINARAP, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y TELEMÁTICA, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS, BAJO EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO Y LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN NUESTRA NORMA CONSTITUCIONAL. SEGUNDO.- HACIENDO CONOCER QUE LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES SIGNIFICA ÚNICAMENTE; LA NO CONSIGNACIÓN DEL ANTECEDENTE REGISTRADO EN EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES; SUBSISTIENDO EL REGISTRO DE LA FICHA KARDEX DEL CONDUCTOR DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO, TODA VEZ QUE CONSTITUYE UNA FUENTE AUXILIAR CON FINES ESTADISTICOS Y DE INFORMACIÓN, CONFORME EL ARTÍCULO 387 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE TRÁNSITO, NI LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN EL ARCHIVO CENTRAL, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE..." (sic), pronunciamiento que fue notificado personalmente al impetrante de tutela el 14 de julio de 2017 (fs. 8).

II.3. Por Notas presentadas el 16 y 22 de agosto de 2018, el ahora accionante solicitó a José Antonio Caviedes Llanos, Director Departamental del Tránsito, Transportes y Seguridad Vial de la ciudad de La Paz; Faustino Alfonso Mendoza Arce, Comandante General de la Policía Boliviana; y, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Ministro de Gobierno la eliminación total en el registro de sus antecedentes de tránsito de un supuesto hecho con atropello a peatón que fue inscrito de manera incorrecta, hecho que no fue demostrado ni conocido por ninguna autoridad jurisdiccional que pese a su subsanación por Resolución Administrativa de la Dirección Departamental de Transito, Transportes y Seguridad, vía de la ciudad de La Paz "007/2015 de 24 de febrero de 2016" se decidió mantener dicha diligencia dentro de su ficha Kárdex de conductor, supuestamente bajo fines estadísticos y de información; sin embargo, la máxima autoridad policial y el ejecutivo de Gobierno utilizaron públicamente y de manera maliciosa dicha información con el objeto de dañar su reputación, honra, imagen, y dignidad (fs. 14 a 28).

II.4. Por Informe 076/2018 ARAS-CANC de 31 de agosto, el Secretario División Archivo y Registro de Antecedentes Rolando Forra Layme indica que de la relación de hechos de tránsito registrados en el archivo informático y físico consta la denuncia 10240/2014 de 25 de noviembre, contra Franco Alejandro Albarracín Vallejos con cedula de identidad 4285147 expedido en La Paz por atropello a peatón con cancelación de dicho antecedente mediante "RESOLUCION ADMINSITRATIVA N° 007/2015 CANCELACION DE ANTECEDENTES" (sic) emitida por el Director Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial y otro (fs.33).

II.5. Mediante Cite: MG-DGAJ 1694/2018 de 3 de septiembre, Filemón Sandoval Romero, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, a momento de poner en conocimiento del ahora accionante el Informe 395/2018 de 17 de septiembre elaborado por Grover Elvis Gonzales Luque Asesor Jurídico de la Dirección Departamental de Tránsito y Seguridad Vial La Paz comunicó que conforme el Informe 076/2018 ARAS-CANC evacuado por el Secretario de Archivo y Antecedentes se evidencia que se encuentra físicamente el formulario de denuncias Caso 10240 de 25 de noviembre de 2014 y la Resolución Administrativa de la Dirección Departamental de Transito, Transportes y Seguridad, vía de la ciudad de La Paz "007/2015 de 24 de febrero de 2016" de cancelación de antecedente de la referida denuncia; por otro lado, le informó que en relación a la base de datos, la Dirección Departamental de Tránsito no tiene tuición para atender su solicitud como tampoco dicha cartera de Estado no puede dar cumplimiento tales requerimientos, por estar en contra del ordenamiento jurídico jerárquicamente organizado, en específico del Reglamento del Código de Tránsito, cuya norma de manera clara ordena con carácter erga omnes " ...art. 387 (Record nacional de conductores) A los efectos de los artículos anteriores todo accidente o infracción de cualquier grado se registrará en la ficha kárdex del conductor por el Departamento Nacional de Brevets, en la ciudad de La Paz, quedando obligadas las Jefaturas Departamentales del Tránsito a elevar el correspondiente parte" (sic), motivo por el cual, la resolución administrativa se subordina a esta norma (fs. 29 a 30).

II.6. Mediante Informe 0395/2018 de 17 de septiembre, Grover Elvis Gonzales Luque Asesor Jurídico de la Dirección Departamental de Tránsito y Seguridad Vial La Paz comunica a José Antonio Caviedes Llanos, Director Departamental de la referida repartición policial que en virtud a la documentación e informe evacuado por la División de Archivo y Registro de Antecedentes, en el cual se refiere que se registra el formulario de denuncias caso 10240/2014 cancelado por la Resolución Administrativa de la Dirección Departamental de Transito, Transportes y Seguridad, vía de la ciudad de La Paz "007/2015 de 24 de febrero de 2016" que fue de conocimiento del hoy impetrante de tutela cumpliéndose con todos los procedimientos legales y el Manual de Organización de Funciones precisando en relación a la base de datos y/o información que esta se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares y no así de la que representa (fs. 31 a 32).

II.7. Certificado 10/2021 de 23 de junio de 2021 emitido por Teófilo Condori Quispe Secretario de la División Archivo y Registro de Antecedentes de la Dirección Departamental de Tránsito de la ciudad de La Paz autorizado por Ricardo Rocha Vallejos Jefe de la citada repartición policial que informa que el demandante Franco Alejandro Albarracín Vallejos no registra antecedentes, empero en el Sistema Nacional de Registro de Antecedentes Policiales (SINARAP) de carácter informático se encuentra asentado el hecho de tránsito sucedido el 25 de noviembre de 2014 (fs. 92).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la privacidad, honra, honor, propia imagen y dignidad; dado que, las autoridades demandadas difundieron en medios de comunicación nacionales y redes sociales, información errónea sobre su persona, a partir de su ficha kárdex de conductor del archivo electrónico que se encuentra bajo su custodia, afirmando que su persona hubiera cometido el delito de atropello de un peatón, esto sin considerar que la finalidad de dicho registro es auxiliar con fines estadísticos y de información; por lo que, solicita se le conceda la tutela y se ordene la eliminación completa y definitiva de todo registro bajo tenencia de la Policía y/o del Ministerio de Gobierno de dicha errónea referencia, además el pago de indemnización por los gastos provocados y la restitución por los daños ocasionados debiendo retractarse públicamente la Policía Boliviana como el Ministerio de Gobierno, en medios de comunicación nacionales y redes sociales.

III.1. El derecho a la intimidad y privacidad, su protección legal y constitucional en el ámbito interno, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia constitucional comparada

El diccionario de la Lengua Española define la intimidad como la "Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia", por otro lado, la privacidad es definida como el "Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión".

La esfera más íntima de la persona humana, reservada para sí misma y en el que se encuentran sus valores morales, creencias religiosas, tendencias sexuales, amorosas, problemas relacionados a su salud, sus comunicaciones privadas, secretos personales y en general todo aquello relacionado a su fuero interno y que solo puede ser objeto de conocimiento de terceros, por propia voluntad del interesado; constituye la esencia y el núcleo de la intimidad personal a la cual tiene derecho toda persona, como una condición necesaria para el desarrollo de su personalidad y el ejercicio pleno de otros derechos.

Dicho esto, la intimidad podrá ser entendida también como, los ámbitos de la vida privada inaccesible para terceras personas, a partir de ello, todo individuo tiene la potestad de resguardar su intimidad de toda intromisión ilegítima, arbitraria y abusiva externa; ya sea en ámbitos donde desarrolla su vida privada o en los que intercambie o fluya información.

Ahora bien, el derecho a la intimidad constituye una facultad que tiene toda persona para que su vida privada y su esfera íntima sea respetada ante injerencias arbitrarias de terceros, así como la potestad de controlar la información que circule en el ámbito público respecto a uno mismo, toda vez que su titular puede pedir su eliminación o rectificación cuando estos datos resulten lesivos y divulguen información que lesione derechos, como los de privacidad, intimidad, honra, reputación y propia imagen. En ese orden, toda persona tiene derecho a que cierta información íntima relacionada a su propio ser, se mantenga en reserva y no pueda ser objeto de intromisiones externas, como es el caso de datos que reflejen sus preferencias íntimas personales, como sexuales, políticas o religiosas, las cuales son de único y exclusivo interés de su titular.

El Tribunal Constitucional de España, estableció una definición de la intimidad a través de la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 231/2018, además de señalar dos vías a través de las cuales el derecho a la intimidad puede ser amenazado; una mediante la intromisión del espacio de privacidad, y la segunda, por intromisiones informativas en los medios de comunicación, la jurisprudencia constitucional española dispuso que el derecho a la intimidad se puede manifestar en dos ámbitos; en el espacial y personal en los que se da el desarrollo personal de su titular; y en el ámbito de los medios de comunicación.

Por otro lado, el derecho a la privacidad es la facultad que tiene toda persona a proteger los distintos ámbitos de su vida privada de cualquier interferencia externa; como ser su domicilio, datos personales, de trabajo, y otros; que si bien son datos personalísimos, generalmente no están dentro de la esfera íntima de un individuo; por lo que, lo privado no siempre constituye un elemento que forma parte de la esfera íntima de una persona; y conforme lo establece el art. 21.2 de nuestra Norma Suprema, ambos constituyen derechos autónomos, que no son sinónimos y que tienen un ámbito de aplicación y alcance distinto el uno del otro.