Texto del fallo
Sintesis de la ratio decidendi
Concede la acción de amparo constitucional, en mérito a que de la revisión de la resolución impugnada se comprueba la falta de congruencia aducida por la pare accionante ya que la misma no guarda una directa relación entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto.
Extracto de la ratio decidendi
Con relación a la Resolución impugnada 261/2011 de 8 de septiembre, pronunciada por la Inspectora General del Ministerio Público, al circunscribirse a la Resolución 135/2011, no recogió las observaciones dispuestas por las anteriores Resoluciones jerárquicas de 19 de marzo de 2010, 139/2010 y 035/2011, que al ser parte del reiterado reclamo por el accionante, contravino nuevamente las determinaciones superiores, inclinándose nuevamente en ratificar el informe 11, que recomendó el archivo de las diligencias; por lo que, se vulnero el debido proceso y acceso a la justicia o tutela judicial efectiva. Por su parte el Fiscal General al emitir las Resoluciones jerárquicas de 19 de marzo de 2010, 139/2010 de 16 de noviembre, 035/2011 de 10 de marzo y 135/2011 de 8 de agosto, no puntualizó en la parte resolutoria, lo principal de la revocatoria, siendo que en toda resolución la parte considerativa deberá ser congruente con la parte dispositiva; por lo que, no existió una disposición precisa, por el contrario generó una confusión que fue reiterándose al discurrir el trámite; en ese sentido, al emitirse la Resolución jerárquica USL/FGE 207/2011 de 12 de octubre, correspondía a la nombrada autoridad superior del Ministerio Público, enmendar los defectos que se arrastraron dentro el procedimiento administrativo; por lo que, las referidas disposiciones incluida la 207/2011 ahora impugnada, no guardan correspondencia con los datos del proceso. De tal manera que la congruencia de las resoluciones como principio elemental del debido proceso, guarda una directa relación entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, pues tomando en cuenta esos parámetros es posible administrar justicia emitiendo fallos congruentes, motivados y pertinentes. Con relación a los derechos invocados como lesionados sobre la intimidad, privacidad, dignidad, honor, que nacieron a partir de la denuncia contra la referida Fiscal, corresponde a la instancia administrativa, asumir la determinación si hubo o no falta disciplinaria, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada.
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2013 Sucre, 17 de enero 2013
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Efren Choque Capuma Acción de amparo constitucional
Expediente: 00858-2012-02-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 318/2012 de 16 de noviembre, cursante de fs. 341a 344 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Juan Pablo Martínez Pastor en representación de AA contra María Luisa Torres Bernal, Fiscal de Materia, Soledad Molina Pereira, Inspectora General del Ministerio Público, Mario Uribe Melendres, ex Fiscal General y Ramiro José Guerrero Peñaranda, Fiscal General del Estado Plurinacional.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 27 de abril de 2012, cursante de fs. 208 a 230 y ampliación de 31 de octubre del mismo año de fs. 275, el accionante por su representado, expuso los siguientes fundamentos:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro de la tramitación de un proceso penal contra su mandante AA, en su etapa investigativa, la Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, Carola Claudia Mancilla Ballesteros, citó como testigo a Luis Orlando Panozo Corrales, trabajador dependiente de su mandante, en su declaración, preguntó al declarante “sobre si él estaba enterado que su empleador AA, era portador del VIH-SIDA” (sic), con esa actuación, el accionante consideró que la Fiscal de Materia, infringió el art. 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), que establece el “principio de confidencialidad”; así mismo, transgredió las normas previstas por los arts. 5 y 9 de la Ley 3729 de 8 de agosto de 2007, los arts. 44 y 45 de la Resolución Ministerial RM 0711 de 27 de noviembre de 2002 (Reglamento para la Prevención y Vigilancia del VIH-SIDA); ante esa situación, su representado el 7 de mayo de 2008 presentó denuncia contra la referida Fiscal de Materia ante la Inspectoría General del Ministerio Público, por la presunta comisión de falta disciplinaria, la misma fue admitida mediante Resolución 232/2008-RDA el 7 de julio del citado año; que dio lugar a la apertura de la fase preliminar de la investigación, a ese efecto, el Fiscal Inspector e Investigador, concluyó la investigación, recomendando el archivo de las diligencias por carecer de entidad disciplinaria y penal, siendo aprobado dicho informe por Resolución 113/08 de 22 de octubre del mencionado año, pronunciada por el Inspector General; a partir de esta determinación, los Inspectores Generales emitieron diferentes resoluciones conclusivas, que según el accionante, fueron emitidas de forma sintomática, indebida e ilegal, que dispusieron el archivo de las diligencias con variados argumentos; a ese efecto, recurrió al recurso jerárquico por el que impugnó las referidas determinaciones, por su parte el Fiscal General efectuando varias observaciones revocó las mismas con varios razonamientos; finalmente la Inspectora General del Ministerio Público, pronunció la Resolución 261/2011 de 8 de septiembre, resolviendo el archivo de obrados, asimismo, el Fiscal General resolviendo el recurso jerárquico, emitió la Resolución USL/FGE 207/2011 de 12 de octubre, ratificando la Resolución 261/2011, con lo cual, considera que ambas autoridades vulneraron los derechos fundamentales de su mandante.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante, considera que se vulneraron los principios a la seguridad jurídica, legalidad, probidad, equidad y respeto a los derechos, consagrados en los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); se transgredieron sus derechos a la privacidad e intimidad, a la dignidad humana, a la imagen y al honor, como también, se vulneró las garantías constitucionales al debido proceso, acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 22, 115, 178 y 180 de la CPE.
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