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TCP

0090/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
5 de abril de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0090/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2019-S2 Sucre, 5 de abril de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 25320-2018-51-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 11 de mayo de 2018, cursante de fs. 483 a 488 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mirtha Laguna Vargas contra María Patricia Arce Guzmán, Alcaldesa; Martín Toledo Ledezma, actual Secretario Municipal Administrativo Financiero, Boris García Pérez, Autoridad Administrativa y actualmente Asesor Financiero; Javier Escobar Salguero, Profesional Técnico de Urbanismo; Tania Benita Carpio Vicuña, Profesional Jurídico de Urbanismo; y, Jhonny Zeballos Angulo, ex-Inspector de Urbanismo, actualmente en Servicios Básicos; todos del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 28 de febrero y 28 de marzo, ambos de 2018, cursantes de fs. 215 a 228 vta; y, 234 y vta., la accionante, aseveró lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 8 de abril de 2017, a fin de evitar un colapso de su bien inmueble, construyó un muro de verja; sin embargo, al día siguiente, fue citada por personeros del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, quienes sin tomar en cuenta que tenía una solicitud de autorización de construcción de 7 de igual mes y año, le iniciaron un proceso supuestamente por haber transgredido el Reglamento de Urbanizaciones y de Construcción, proceso que concluyó con la Resolución Final Sancionadora G.A.M.V. 29 de 11 de agosto de 2017, declarando ilegal su construcción y en consecuencia dispuso la demolición de la misma. Deducido el respectivo recurso de revocatoria, el 23 de octubre del año citado, se emitió la Resolución Administrativa (RA) G.A.M.V. 40, confirmando la Resolución impugnada.

Con todo, puntualiza que se quebrantó su derecho al juez natural, debido a que la citada Resolución Sancionadora, debió ser dictada por la Alcaldesa Municipal -hoy demandada- y no por el codemandado, Secretario Administrativo; además conforme al art. 26.23 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM) -Ley 482 de 9 de enero de 2014- es atribución de la máxima autoridad del Ejecutivo Municipal ordenar la referida demolición y no del aludido Secretario, asimismo quien debió resolver su recurso de revocatoria era la Alcaldesa y no el tantas veces referido Secretario.

Agrega que otra de las irregularidades que se cometió en el indicado proceso sancionador es que se procedió a notificar a los herederos (hijos) de su difunto marido, dueño del bien inmueble que se pretende demoler, mediante edictos, con el argumento que desconocían sus domicilios y además evitaron comunicarles legalmente con las Resoluciones Administrativas que resolvieron los recursos de revocatoria y jerárquico, generándoles indefensión.

Finalizó señalando que de acuerdo al reglamento e Informe Técnico "09/2017" emitido por el codemandado, Javier Escobar Salguero, no correspondía que se le inicie un proceso y menos se dicte una Resolución Administrativa de demolición de construcción en su contra, sino únicamente una sanción de multa, puesto que el muro de construcción que efectuó fue realizado dentro del perímetro del lote de su propiedad, sin afectar la vida, ni el interés público o municipal.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de motivación, juez natural y defensa, a la propiedad privada y a una vivienda adecuada; y, los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto, los arts. 19, 56, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela demandada, pidiendo:

  1. a)Se restituya sus derechos lesionados disponiendo la nulidad de las Resoluciones Administrativas (RR.AA.) G.A.M.V. 019/17 de 3 de julio de 2017 (de inicio del proceso sancionador); G.A.M.V. 29/17 (Resolución Final); G.A.M.V. 40/17 (que resolvió su recurso de revocatoria); y, 01/18 de 12 de enero de 2018, (que resolvió su recurso jerárquico); y,
  2. b)Se determine responsabilidad civil contra los demandados, por perdidas y gastos ocasionados en la tramitación del proceso sancionador, estimando los daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

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