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TCP

0090/2025-O

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Auto 0090/2025-O

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2025-O Sucre, 20 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 50314-2022-101-AAC Departamento: Cochabamba

La queja por incumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mageya San Miguel Núñez contra Elios Omar Ríos Sánchez, Administrador a.i., Betzi Gisela Valdez Guzmán, Jefe a.i. Médico Regional, Filiberto Ricardo Villarroel Barber, Encargado Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) a.i., todos de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja por incumplimiento

Por memorial presentado el 3 de febrero de 2025, cursante de fs. 132 a 133, Mageya San Miguel Núñez -ahora activante de queja-; alegó que, habiendo sido notificada con el Auto de 9 de enero de 2025 emitido por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por el que dispuso el cumplimiento de la , y hasta la presentación de la presente queja por incumplimiento, los demandados hicieron caso omiso a lo dispuesto en la misma, incumpliendo el mandado constitucional dispuesto en el art. 129 de la Constitución Política del Estado (CPE) en el que se establece que, las decisiones que conceden una acción de amparo constitucional deben ejecutarse de manera inmediata, sin observación ni demora, además, la norma advierte que la autoridad judicial que no haga cumplir la resolución incurre en responsabilidad.

De la misma manera, el art. 127 de la CPE, señala que en casos de resistencia al cumplimiento de resoluciones en acciones de defensa, los servidores públicos o particulares responsables deben ser remitidos al Ministerio Público, para su procesamiento penal por atentado contra garantías constitucionales, resultando ésta una obligación directa de la autoridad que conoció la acción; asimismo el art. 179 bis del Código Penal (CP) tipifica el delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, sancionando con dos a seis años de reclusión y multa a quienes no cumplan lo ordenado en dichas resoluciones.

En ese marco normativo, sostuvo que la persistente inobservancia de los demandados a lo determinado por la jurisdicción constitucional, se constituyó en un indicio suficiente de la comisión del delito de desobediencia, puesto que, pese a la orden expresa de cumplimiento, los demandados continúan incumpliendo lo dispuesto por la .

I.1.2. Petitorio

Solicitó declarar ha lugar la queja por incumplimiento y, en consecuencia, se disponga:

  1. a)Se conmine a la Caja Nacional de Salud (CNS) a cumplir con la ; y,
  2. b)En caso de incumplimiento se remita antecedentes al Ministerio Público por indicios de la comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad.

I.2. Respuesta a la queja

Elios Omar Ríos Sánchez, Administrador Regional Cochabamba a.i de la CNS, a través de su representante legal, por memorial de 12 de febrero de 2025, cursante de fs. 200 a 203 vta., en respuesta a la queja por incumplimiento señaló que:

  1. 1)La , emitida en favor de la exfuncionaria Mageya San Miguel Núñez dispuso: Conceder parcialmente la tutela, ordenando a la CNS de Cochabamba la reincorporación laboral o, en su caso, el pago de sueldos devengados, hasta que el hijo menor cumpla un año de edad, incluyendo asignaciones familiares y demás derechos derivados de la inamovilidad laboral y Denegar respecto a la estabilidad laboral, conforme los fundamentos jurídicos expuestos;
  2. 2)En el marco de la queja por incumplimiento y el Auto de 5 de febrero de 2025, notificado el 10 de igual mes ya año, la Jefatura de Recursos Humanos de la CNS presentó el Informe Técnico JRRHH-I-165/2025, que concluyó que la ahora activante de queja fue contratada bajo contratos eventuales -Partida 12100-, inicialmente como reemplazo de vacaciones y luego por la contingencia COVID-19, sin contratos continuos mayores a noventa días, donde se evidenció también que no cuenta con el formulario AVC de afiliación durante el último contrato en 2022 y que el menor fue afiliado por su padre, el médico oncólogo Sidney Rojas Orellana (AVC 76-1101-ROS), quien percibió los subsidios correspondientes;
  3. 3)El menor nació el 2 de diciembre de 2022, ya tiene dos años; por lo que, no corresponde la reincorporación laboral, pues la disposición constitucional condicionaba dicha reincorporación solo hasta que el menor cumpla un año de edad, situación que ya fue superada;
  4. 4)Respecto al pago de salarios devengados, no existía conminatoria del Ministerio de Trabajo que ordene reincorporación ni pago de salarios devengados, pues la exfuncionaria no agotó la vía administrativa establecida en el art. 10 del Decreto Supremo (DS) 28688, vigente posteriormente en los arts. 12.a) y 14 de la Ley 1468, que regulan salarios devengados y restitución laboral, y ante la existencia de hechos controvertidos, correspondía la revisión por el juez laboral, quien deberá valorar las pruebas conforme el Código Procesal del Trabajo;
  5. 5)La CNS al ser una entidad descentralizada, cuyo presupuesto es aprobado mediante Resoluciones Ministeriales para cada gestión fiscal (2022, 2023, 2024, 2025), bajo código institucional 417, regida por la ASUSS, la Contraloría General del Estado, la Constitución Política del Estado (arts. 35, 36, 37, 38, 39 y 40) y el Código de Seguridad Social, cuyo fin es proteger a los asegurados; advirtiendo que el pago de salarios devengados, sin la prestación de servicios constituye daño económico al Estado, lo que genera responsabilidad civil según lo establecido en el art. 28.a) de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, especialmente considerando que hubo "conclusión de contrato" y no despido;
  6. 6)Con base en la , que estableció que temas controvertidos y complejos debían ser analizados por la jurisdicción laboral o penal, no así por autoridades administrativas, que no cuentan con etapa probatoria suficiente; Asimismo, el de la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, refirió que el Ministerio de Trabajo puede disponer reincorporaciones, pero no resolver reclamos controvertidos, ya que estos requieren de una etapa investigativa, pruebas y garantías del debido proceso, de igual manera, la , indicó que si bien la conminatoria laboral debe cumplirse inmediatamente; sin embargo, la justicia constitucional no puede fijar montos de salarios devengados, pues ello corresponde a la vía ordinaria laboral según valoración de pruebas, por lo que; la justicia constitucional solo podía disponer reincorporaciones, no cuantificar pagos, coincidiendo con las , y la ; también invoca la jurisprudencia de la y la , que exigen que toda decisión esté debidamente motivada,
  7. 7)Conforme a lo expuesto, señaló que lo dispuesto en la , no puede ser cumplida, debido a que:
  8. i)El pago de sueldos devengados debió ser solicitado y dispuesto por la autoridad judicial competente, ante la existencia de hechos controvertidos, conforme lo establece el art. 155 del Código Procesal de Trabajo (CPT) y no por la justicia constitucional que no tiene competencia para disponer el mismo;
  9. ii)Respecto a la reincorporación solicitada, la misma no puede ser dispuesta; toda vez que, conforme la fotocopia del carnet de identidad del menor, este ya cuenta con dos años de edad;
  10. iii)Con relación al pago de subsidios, se adjuntó copia legalizada del AVC 76.1101-ROS, mediante el cual el padre del menor, médico oncólogo de la misma institución lo afilió al seguro de salud y recibió la respectiva lactancia;
  11. iv)Por lo expuesto, solicitó se tome en cuenta la imposibilidad de dar cumplimiento lo dispuesto por la habiendo demostrado que son una entidad del Estado que no puede disponer libremente los recursos económicos que son aprobados para su uso, mediante partidas presupuestarias por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, aspectos que deben ser dilucidados en la instancia judicial.

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