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TCP

0090/2026-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
11 de marzo de 2026
Resumen del caso

Auto 0090/2026-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0090/2026-RCA Sucre, 11 de marzo de 2026

Expediente: 82092-2026-165-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 01/2026 de 21 febrero, cursante de fs. 1242 a 1243, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Héctor Hermógenes Esteves Choque contra Leonardo Sipe Larico, Vocal Presidente; Nelson Coca Veramendi, Vocal; y, Cristian Claros Calderón, Secretario, todos del Tribunal de Apelación de la Universidad Nacional Siglo XX (UNSXX) del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memoriales presentados el 26 y 29 de enero de 2026, cursantes de fs. 1101 a 1116 vta., y 1120 y vta., el impetrante manifestó que, dentro del proceso administrativo sancionador que inició con la denuncia presentada el "1" de diciembre de 2023, atribuyéndole falsamente que venía cobrando la suma de $us1 500 (un mil quinientos 00/100 dólares estadounidenses) a los estudiantes que ya no rendían exámenes y aparecían aprobados; razón por la cual, bajo esta premisa de gravedad, el Tribunal Sumariante de la UNSXX le impuso de forma inmediata una medida precautoria consistente en la suspensión de sus funciones sin goce de haberes, por un lapso de sesenta días que luego fue arbitrariamente ampliada; en ese contexto, activó una acción de amparo constitucional que a través de la Resolución 1/2024 de 5 de junio, le concedió en parte la tutela y dejó sin efecto la decisión; sin embargo, se emitió el Auto de 22 de julio de 2024, para persistir en la suspensión por otros treinta días; por lo que, tuvo que acudir a prestamos financieros para el sustento de su familia y tratamiento de su hijo con discapacidad.

En el proceso se emitieron dos sentencias de destitución que fueron sucesivamente anuladas por el Tribunal de Apelaciones; posteriormente, se emitió la Resolución Definitiva 02/2025 de 5 de febrero, acto en el cual se consumaron las lesiones más graves a sus derechos fundamentales.

Ante tal determinación el 20 de febrero de 2025, interpuso recurso de apelación en el que expuso con claridad tres agravios referidos a la mutación fáctica, la irretroactividad normativa y el desconocimiento de su inamovilidad laboral; sin embargo, se emitió la Resolución Definitiva de Segunda Instancia 003/2025 de 14 de agosto, en la que se confirmó totalmente su destitución del cargo de docente de la carrera de medicina. Esta determinación no solo convalidó un proceso donde se aplicó una pena económica de hecho, sino que se consolidó el desconocimiento de la inamovilidad laboral como padre de un menor con discapacidad intelectual del 65% omitiendo realizar el test de ponderación, vulnerando el principio de proporcionalidad.

I.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

Considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de la prueba y congruencia; a la defensa, presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, al trabajo, percepción salarial e inamovilidad laboral; y, a los principios del vivir bien, irretroactividad, legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad, citando al efecto los arts. 46.I, 48.IV, 115.II, 116.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

I.3. Petición

Solicita se le conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:

  1. a)Dejar sin efecto la Resolución Definitiva de Segunda Instancia 003/2025 de 14 de agosto;
  2. b)Se ordene al Tribunal de Apelación de la UNSXX emita nueva Resolución que realice un verdadero control de legalidad, reparando las lesiones de primera instancia y aplicando el test de ponderación respecto a la inamovilidad laboral;
  3. c)Se disponga la reincorporación inmediata a sus funciones; y,
  4. d)Se ordene el pago de los salarios devengados y demás beneficios sociales que fueron arbitrariamente retenidos desde el inicio de la suspensión ilegal y posterior destitución, considerando que dichos ingresos constituyen el mínimo vital para el tratamiento y subsistencia de su hijo con discapacidad, evitando la consumación de un daño irreparable que la vía ordinaria laboral tardaría años en subsanar.

I.4. Resolución del Tribunal de garantías

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