Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2026-S1 Sucre, 3 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 68991-2024-138-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 213/2024 de 14 de agosto, cursante de fs. 217 a 219 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nydia Cecilia Mariño Tejada contra César Adalid Siles Bazán, ex Procurador General del Estado.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La accionante por memorial presentado el 19 de julio de 2024, cursante de fs. 33 a 41, manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 4 de marzo de 2013, ingresó a trabajar en la Procuraduría General del Estado (PGE) como Encargada de Contrataciones Menores, luego fue asignada como Técnico IV, Encargada de Activos Fijos, siendo su cargo actual -se entiende hasta la interposición de esta acción de amparo constitucional-. No obstante, la Directora de Asuntos Administrativos mediante Nota Interna PGE-URH-NOT-0165/2023 de 14 de agosto, le solicitó la remisión del Carnet de Discapacidad actualizado de su hijo Joaquín Ignacio Gonzales Mariño, aduciendo vencimiento; por ello, a través de Nota Interna PGE-UADM-NOT-0506/2023 de 22 de agosto, indicó a la nombrada Directora, que si bien estaba vencido; empero, por disposición del Decreto Supremo (DS) 4961, se amplió de manera única y excepcional la vigencia del Carnet de Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2024, de todos los beneficiarios con carnets vencidos; por lo que, el Carnet de Discapacidad de su hijo estaba vigente.
A pesar de lo anterior, considerando que su hijo se encontraba a punto de cumplir la -mayoría de edad-, a través de memorial presentado el 23 de febrero de 2024, planteo demanda extraordinaria de declaración de interdicción del señalado, en el que se esperaba que el Juez Público de Familia Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, emita la declaración de interdicción del nombrado, -se entiende hasta la interposición de esta acción de amparo constitucional-, debido a que tiene una discapacidad permanente desde su nacimiento, careciendo de capacidad de obrar. En ese contexto, el 1 de mayo del citado año, cuando se encontraba de vacaciones recibió una llamada de su jefe inmediato superior, quien le ordenó debía apersonarse con suma urgencia a la Jefatura de Recursos Humanos (RR.HH.); razón por la cual el 2 de idéntico mes y año, se presentó a la referida Jefatura, donde le notificaron con el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-, de manera sorpresiva, intempestiva y de mala fe, cuando su vacación se extendía hasta 3 de mayo de similar año, en el señalado manifiesta que: en mérito a la Resolución Ministerial (RM) 124 de 30 de abril de 2024, se resolvió: "...Aprobar la escala salarial a favor de la Procuraduría General del Estado compuesta por 173 Ítems, distribuidos en 14 niveles salariales..." (sic); por lo que se decidió prescindir de su persona como "...TÉCNICO IV - ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS (...) aclarándole que su relación laboral con la institución y el pago de sus haberes se computará únicamente hasta el 29 de abril de 2024" (sic). Ante esa Determinación mediante Nota de 8 de mayo de 2024, reclamó al entonces Procurador hoy accionado, reconsidere su retiro arbitrario e ilegal, señalando que la institución que dirige cuenta con documentos que demuestran que tiene bajo su dependencia un hijo con discapacidad permanente, teniendo por ello estabilidad e inamovilidad laboral conforme la normativa constitucional y convencional, la cual no fue respondida hasta la fecha de interposición de esta acción de amparo constitucional, vulnerándose el derecho a la petición.
Posteriormente, el 27 de junio de 2024, le notificaron con la Carta con Cite PGE-UT/EX/043/2024 de 27 de junio; la cual señala que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se encuentra gestionando una denuncia de oficio respecto a "...Posibles irregularidades en los procesos de contratación bajo la partida presupuestaria 26990 durante las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023..." (sic), en la que estaría involucrada, pidiéndole que presente sus descargos, aclaraciones, justificaciones y documentación de respaldo en el plazo de diez días. Es por ello que; el 9 de julio del citado año, en el plazo previsto presentó la carta de respuesta, explicando de manera puntual que como Encargada de Activos Fijos, no tenía ninguna tuición para generar ítems, partidas presupuestarias y otras relacionadas con la contratación de personal; además, que su área de trabajo fue de control, registro y asignación de los activos fijos a los funcionarios de la institución; por lo que, la nota mencionada sería un intento de justificar un despido arbitrario, sabiendo que la asignación de ítems no es de su competencia.
En ese marco, refirió que es una madre trabajadora que tiene a su cargo la manutención de tres hijos, teniendo su hijo mayor con discapacidad y sus dos hijos menores serían mellizos de ocho años de edad, además de ser la única persona que trabaja en la familia. Asimismo, aclaró que la PGE ya tenía conocimiento de que tiene un hijo con discapacidad acreditado con Carnet de Discapacidad 215322, con un grado de 34% de discapacidad intelectual, vigente desde 5 de febrero de 2019 hasta el mismo día y mes de 2023, lo cual fue ampliado en virtud al DS 4961 hasta el 31 de diciembre de 2024 y al haber cumplido su hijo mayoría de edad, inició el trámite judicial de declaración de interdicción para que siga gozando del derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral; empero, con el despido intempestivo fue privada de esos derechos, a pesar de pertenecer a un grupo vulnerable que goza de protección reforzada. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por tener un hijo con discapacidad permanente, citando al efecto los arts. 13.I y IV, 14.II, 46.I.2, 48.II, 49.III, 70.1, 2 y 5, 71, 72, 109.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD); 14 y 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, 3.1 de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIEDPD).
Mostrando 14 de 67 parrafos.