Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0091/2026-S3 Sucre, 03 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 56458-2023-113-AL Departamento: Pando
En revisión la Resolución de 16 de junio de 2023, cursante de fs. 32 a 35, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilson Grober Mayta Quispe contra Jorge Luis Sotelo Beltrán, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 16 de junio de 2023, cursante de fs. 15 a 19 vta., el accionante, expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estupro, en audiencia de cesación de la detención preventiva de 31 de mayo del 2023, el Juez en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, determinó en su favor la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas, consistentes en la detención domiciliaria con control esporádico, así como el arraigo, la prohibición de acercarse a la víctima y su entorno familiar y una fianza económica en la suma de Bs10 000.- (diez mil bolivianos), realizando un análisis prolijo de toda la prueba documental presentada en la citada audiencia y haciendo una fundamentación jurídica acorde a los datos del proceso, cumpliendo con lo dispuesto por el art.124 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Impugnada dicha determinación, por Auto de Vista 126/2023 de 12 de junio, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, conformada por el Vocal demandado, determinó revocar el Auto Interlocutorio recurrido, sin realizar una debida fundamentación, motivación, ni valoración integral de la prueba que presentó, incumpliendo con lo dispuesto por el art. 124 del Código Adjetivo Penal, y la amplia jurisprudencia constitucional que exige la fundamentación de resoluciones judiciales emitidas tanto en primera instancia, como en apelación.
La autoridad judicial demandada, al pronunciar el fallo cuestionado, omitió realizar un análisis integral y un razonamiento lógico y jurídico de los elementos de convicción que fundaron su decisión de revocar las medidas cautelares que le fueron impuestas y mantener su detención preventiva; por cuanto, en relación al peligro efectivo para la víctima, estableció la concurrencia del mismo, pese haber demostrado que ya no concurrían los motivos que lo fundaron y que a la "fecha" demostró que no se encontraba latente; además no tomó en cuenta el fundamento fáctico considerado por la autoridad jurisdiccional al determinar su situación jurídica en audiencia de medidas cautelares -se entiende el Auto Interlocutorio de 8 de octubre de 2022-, basándose contrariamente en un Auto de Vista posterior, que era totalmente diferente al de medida cautelar; es decir, era su obligación tomar en cuenta la primera resolución, aspecto que no aconteció por la autoridad demandada.
De la misma forma, en relación al peligro de obstaculización, el Vocal demandado, omitió analizar aspectos que no fueron considerados en la Resolución de medida cautelar, determinando su concurrencia, sin considerar que en la causa penal existía acusación formal y que se realizaron todos los actos de investigación e incluso el anticipo de prueba, argumentando que existían testigos, familiares, educadores, ámbito educacional sin declarar y pese a que ya no sería docente, aún estaba latente en la deposición de testigos; aspectos -reitera- que no fueron considerados en la resolución de medida cautelar, sustentando la concurrencia del mismo con apreciaciones subjetivas, sin precisar objetivamente de qué manera podría influir -en la víctima o testigos-, cuando al contrario el motivo para fundar este riesgo procesal fue la falta de realización de actos investigativos, como la inspección ocular y reconstrucción del hecho, anticipo de prueba y entrevistas a otros testigos, mismos que ya fueron realizados y por ello existía un pliego acusatorio; es decir, ya había concluido la fase de la etapa preparatoria donde ya no podía realizarse tales actos investigativos.
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